ALERTA 90-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Funcionarios del del equipo de seguridad del Fiscal General, Johel Zelaya, arremetieron con empujones y fuerza desproporcionada contra periodistas que intentaban realizar su labor informativa.
Según contenido audiovisual que trascendió en la redes sociales este jueves (20 nov 2025) en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los periodistas que están asignados a este poder del Estado con ocasión de la presencia del titular del Ministerio Público quisieron entrevistarlo pero inesperadamente fueron empujados de manera forzada y varios de los profesionales del periodismo hicieron maniobras para evitar rodar por las gradas.
Entre los afectados se identifica al periodista Vicente Turcios, quien perdió el equilibrio tras un empujón en las gradas de ingreso a la CSJ. En su intento por evitar la caída, se sujetó accidentalmente del cabello de una colega que también cubría la llegada del fiscal, generándose un momento de confusión entre reporteros que trataban de proteger su integridad y sus equipos de trabajo.
Para el equipo de prensa del diario digital NOTICIAS 24/ 7, lo que inició como una cobertura rutinaria se convirtió en una escena caótica, documentada ampliamente en video y difundida en redes sociales.
Detalla el equipo de prensa de este informativo en las plataformas digitales, “se observan gritos, empellones, cámaras sacudidas y comunicadores intentando mantenerse de pie mientras la seguridad del fiscal abría paso a la fuerza, sin atender a mínimos estándares de proporcionalidad ni a las obligaciones legales de garantizar acceso informativo en espacios públicos”.
Ver publicación: https://noticias247.hn/video-la-prensa-bajo-fuego-seguridad-del-fiscal-general-impone-empujones-como-protocolo-ante-preguntas-incomodas.html
En otros espacios informativos se escucharon detalles tales como que “la caída fue en cadena, comunicadores trastabillando, otros lanzados hacia atrás sin posibilidad de reaccionar y varios sosteniendo micrófonos y celulares —sus herramientas esenciales— para no perder la cobertura en tiempo real. La escena fue narrada en vivo por un reportero de HRN, quien expresó su indignación y condenó el trato violento cometido por la seguridad del fiscal general.
Ante la denuncia pública de los periodistas debido al uso desproporcionado de la fuerza de parte del equipo de seguridad del Fiscal General, las autoridades del Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) “ejercer el periodismo, en el actual marco electoral, es una labor de alto riesgo”.
Y además se debe agregar que está marcada por agresiones físicas, discursos hostiles de autoridades y un deterioro sostenido del respeto institucional hacia la prensa. “Lo ocurrido este jueves en las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirma nuevamente la gravedad del contexto de violencia en el que varios hombres y mujeres ejercen su labor informativa”.
Más allá de los golpes y el susto, este episodio revela un patrón persistente de irrespeto por parte de instituciones estatales como la CSJ, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y el propio Ministerio Público (MP), cuyos funcionarios, en múltiples ocasiones, han descalificado a la prensa como si se tratara de un adversario interno.
Desde las oficinas de C-Libre se considera que las acciones del equipo de seguridad del fiscal constituyen un acto de violencia directa contra periodistas y una forma de censura mediante intimidación, incompatible con los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.
La agresión no solo afectó a comunicadores particulares, sino al derecho de la ciudadanía a recibir información fiable sobre el actuar de instituciones clave del sistema de justicia.
El uso de la fuerza para silenciar preguntas consideradas “incómodas” constituye un mecanismo de inhibición que promueve la autocensura, genera temor en quienes cubren asuntos de interés público e inhibe el escrutinio democrático hacia altos funcionarios, especialmente aquellos investidos de autoridad en la investigación criminal.
Este incidente no es aislado: refleja un deterioro acumulado en la relación entre instituciones estatales y la prensa, donde el irrespeto, los discursos de estigmatización y la violencia física se han transformado en prácticas frecuentes que vulneran gravemente el ejercicio del periodismo.
Cabe señalar que los artículos 72, 73 y 74 garantizan el derecho a la libertad de expresión, la prohibición de restricciones previas y la libre difusión del pensamiento. La agresión perpetrada por personal de seguridad estatal es incompatible con estos principios y puede constituir abuso de autoridad y obstaculización del ejercicio periodístico.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el periodismo sólo puede ejercerse en condiciones de seguridad, libres de violencia e interferencias.
El Estado tiene una doble obligación: no censurar y proteger activamente a quienes informan. Los funcionarios públicos deben tolerar un nivel mayor de escrutinio y no pueden recurrir a expresiones estigmatizantes ni al uso de la fuerza para evitar preguntas o cobertura informativa.
Asuntos relevantes señalados en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la (CIDH)
- La violencia contra periodistas tiene un efecto silenciador incompatible con la democracia.
- El Estado debe prevenir, investigar y sancionar agresiones cometidas por sus agentes o terceros.
Las agresiones sufridas por periodistas en este incidente tienen efectos inmediatos y estructurales:
- Normalizan la violencia institucional contra la prensa.
- Incentivan la autocensura por temor a represalias físicas o laborales.
- Limitan el escrutinio de instituciones como la CSJ y el Ministerio Público.
- Vulneran el derecho ciudadano a la información y debilitan la transparencia pública.
Exigencias del Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
1- Una investigación seria, imparcial y expedita sobre la actuación del equipo de seguridad del Fiscal General Johel Zelaya.
2- Sanciones administrativas y penales para quienes ejecutaron los empujones y agresiones documentadas.
3- La adopción de protocolos de trato adecuado y respeto a la prensa para todo personal de seguridad de instituciones del Estado.
4- Garantizar que la CSJ y el Ministerio Público establezcan mecanismos de acceso a la información y cobertura segura en todas sus actividades públicas.
5- Cumplir plenamente con los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de libertad de expresión.
C-Libre reitera, lo ocurrido en la CSJ evidencia que en Honduras el ejercicio periodístico continúa siendo objeto de violencia institucional, estigmatización y agresiones físicas. El ataque del equipo de seguridad del fiscal general Johel Zelaya constituye un grave retroceso democrático y una afrenta directa al derecho de la ciudadanía a estar informada.
