ALERTA 94-2025
Santa Catarina, Intibuca (C-Libre).- Se reporta que una persona desconocida disparó contra las instalaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), según trascendió en una comunicación oficial de este espacio cívico campesino en el país difundido en el sitio web institucional.
Las autoridades del COPINH señalan que al interior se encontraban algunas personas que atendian asuntos de ciertas actividades de la organización, precisa la comunicación que «una persona desconocida realizó un ataque con arma de fuego en el Centro de Encuentros y Amistad, “Utopía”, el cual forma parte de las
instalaciones del COPINH, en Intibucá, Honduras. Este ataque se dio mientras integrantes
de la organización se encontraban en la localidad realizando sus actividades».
El COPINH es una organización que trabaja por el reconocimiento político, social, cultural y económico de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, así como por la protección de su territorio. Su labor se ha enfocado en la lucha por el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los
pueblos indígenas en el marco de megaproyectos que amenazan sus territorios y buscan
desplazarlos de sus tierras ancestrales.
Debido a su trabajo, integrantes de la organización han sufrido ataques y amenazas constantes, algunos de los casos, los agresores terminaron con la vida Berta Cáceres, Tomás García y Nelson García.
Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.
Ver informe: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/6-anos-del-asesinato-berta-caceres/
En comunicación con el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) la joven Bertha Zuniga Cáceres comentó que se activaron patrullajes, por parte de la Policia Nacional, para resguardo de centro de formación ciudadna, esto como parte de los compromisos asumidos por parte del Estado de Honduras, luego que la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) otorgara medidas de protección en marco del 2026, luego del asesinato de la ambientalista Bertha Cácares.
Para esta joven, parte del equipo coordinador del COPINH, en el pressnte evento «muy probablemente se uso un arma de grueso calibre», aunque están a la espera de los resultados de la investisgación de balistica, «el disparo impacto uno de los tanques de abastecimiento de agua del centro de formación, Utopía, en el que varias personas entre mujeres, jovenes y niños estaban en algunas actividades». comentó Zuniga.
Aunque desconocen la razón del ataque, trasciende que previo al proceso electoral, el COPINH realizó una serie de acciones de fortalecimiento democratico y denunciaron varias acciones que los grupos del poder de la zona «orquestan contra la tranquilidad», tanto regional como en el país, de hecho detalló la joven que parte del proceso de fortalecimiento ciudadano se llevo a cabo el Encuentro Mesoamericano de Resistencia.
Por otra parte, se sabe que junto a las radios comunitaria como ser; Guarajambala y la Voz Lenca, que se ubican en la zona Santa Catarina; se ha mantenido una campaña de conscientización sobre las amenazas que se deben enfrentar en el país y que ponen en riesgo «la tranquilidad y la paz en la zona», puntializó Bertha Cáceres.
Desde el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el reciente ataque armado perpetrado por una persona desconocida contra la sede del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) constituye una grave vulneración a los estándares nacionales e internacionales que protegen la labor de las organizaciones de sociedad civil y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Este tipo de agresiones no solo afectan la integridad física y moral de las personas defensoras, sino que además buscan intimidar, silenciar y obstaculizar la labor legítima de organizaciones históricamente comprometidas con la protección del territorio, la cultura y la autonomía de los pueblos originarios del país.
En el marco jurídico nacional, la Constitución de la República establece en sus artículos 59, 60 y 79 la obligación del Estado de garantizar la dignidad humana, el derecho a la libertad de asociación y la participación en la vida política y social del país. Asimismo, el artículo 346 de la Constitución impone al Estado el deber expreso de proteger la existencia, cultura y tierras de las comunidades indígenas, lo que implica garantizar condiciones adecuadas para que las organizaciones que las representan puedan ejercer sus funciones sin amenazas ni represalias.
A nivel internacional, Honduras es parte de múltiples instrumentos que refuerzan estos compromisos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 16, reconoce la libertad de expresión y de asociación como pilares fundamentales de una sociedad democrática. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos establece que toda persona u organización tiene derecho a promover y proteger los derechos humanos, y que el Estado debe adoptar medidas efectivas para garantizar su seguridad. El Convenio 169 de la OIT, de obligatorio cumplimiento en Honduras, obliga a los Estados a respetar las instituciones representativas de los pueblos indígenas y facilitar su participación en todas las decisiones que los afecten; la protección de sus organizaciones es una condición indispensable para cumplir este mandato.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en múltiples precedentes que los ataques contra organizaciones indígenas constituyen violaciones complejas, pues afectan simultáneamente los derechos a la vida, integridad, asociación, identidad cultural y la participación comunitaria. La Corte ha sido clara en que la falta de prevención y de investigación efectiva de estos hechos genera responsabilidad internacional del Estado.
En este contexto, un ataque armado contra la sede de una organización emblemática como el COPINH no puede entenderse como un hecho aislado, sino como un grave riesgo a la seguridad de quienes defienden el territorio, el ambiente y los derechos colectivos. El Estado —desde la institucionalidad policial, fiscal y judicial— tiene la obligación inmediata de adoptar medidas de prevención, investigación, sanción y reparación, conforme al principio de debida diligencia reforzada aplicable a personas y colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y quienes defienden sus derechos.
Garantizar el respeto y la protección de las organizaciones de sociedad civil no es un acto de buena voluntad: es una obligación jurídica. La democracia hondureña no puede sostenerse si quienes defienden derechos fundamentales son blanco de ataques armados sin que existan respuestas firmes, oportunas y efectivas por parte del Estado. La protección de organizaciones como el COPINH es, en última instancia, una condición ineludible para la vigencia del Estado de derecho, la diversidad cultural y la justicia social en el país.
