ALERTA 96-2025
San Marcos, Ocotepeque (C-Libre).- De acuerdo con la información recabada, el ataque fue directo, premeditado y ejecutado con extrema violencia, al punto de dejar al comunicador inconsciente en el suelo, tras ser atacado por la espalda en la residencia donde se encontraba. Los señalados como presuntos agresores son el alcalde actual de San Marcos, Ocotepeque, Gerardo Antonio Mejía, y su primo Jester Cardona Mejía, empleado municipal, quienes llegaron al lugar y materializaron amenazas previas realizadas vía redes sociales contra el periodista.
Una persona cercana al periodista, comentó al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) que según información que ha trasciende en la zona, el móvil de la agresión estaría directamente vinculado a su labor periodística, luego que el comunicador comentara públicamente que, de acuerdo con los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) derivados del conteo de votos, el virtual ganador de la alcaldía de San Marcos era el candidato del Partido Nacional, y no el actual alcalde liberal que buscaba la reelección.
En días anteriores, el periodista Torres también informó sobre la contratación municipal de varios familiares del alcalde, tanto en cargos en la oficina principal como en otras dependencias que están bajo la administración del alcalde Mejía quien además buscaba la reelección en este pasado proceso electoral del 30 de noviembre 2025
Este comentario, sustentado en información oficial, habría provocado la reacción violenta del edil, quien, según testigos, amenazó públicamente al periodista en redes sociales, advirtiéndole que lo iría a buscar para darle “unos buenos verga…”, amenaza que posteriormente fue ejecutada con el apoyo de su primo.
Cabe señalar que el periodista utiliza de manera activa sus redes sociales como plataforma principal de difusión de contenidos informativos, especialmente en un contexto local donde el acceso a medios tradicionales es limitado.
En la narración de los hechos, se denota que al momento de darse la agresión e indicar al operador del 911 sobre la agresión y de quienes era los atacantes la Policía Nacional llegó aproximadamente una hora después, pese a tratarse de un hecho de extrema gravedad que involucraba tentativa de homicidio, lesiones graves y una agresión directa contra un periodista en el ejercicio de su función informativa.
En otro de los hechos vinculados al caso, este viernes (6 diciembre 2025), de acuerdo con la información de su esposa y también comunicadora social, Nancy Lemus, a eso de las 5:30 p.m. miembros de la Policía Nacional ingresaron a su vivienda y removieron todos los enseres domésticos, sin orden judicial, en búsqueda de algo. Dicho evento fue reportado, por una persona que cuidaba el niño de la pareja, al momento que Lemus se encontraba en el hospital dando seguimiento al estado de salud de su esposo.
«Cuando llegue a la casa, los policías ya se había retirado», precisó Lemus
También se debe señalar que al momento la fiscal, Melissa Martínez, no sé ha presentado a tomar su declaración; pese a la solicitud del Juez de Paz del municipio y las comunicaciones del Comité por la Libre Expresión, lo que incrementa los riesgos de más agresiones hacia el periodista agredido y su núcleo familiar.
Testimonios recabados indican que, antes de retirarse del lugar, los agresores expresaron que regresarían, generando un estado de terror en la familia más cercana del periodista, quienes hoy temen seriamente por su vida, debido a que el alcalde es conocido en la zona por su carácter violento, intimidante y desmedido en su conducta.
Actualmente, Henry Torres permanece hospitalizado, con la necesidad de un posible traslado a otro centro asistencial para continuar con evaluaciones médicas especializadas, mientras su familia se mantiene en estado de vulnerabilidad extrema.
A consideración de C-Libre instancia nacional que promueve y defiende la Libre Expresión en el país, este retardo injustificado, de la policía, representa una grave omisión del deber de protección del Estado, y coloca en entredicho la eficacia de los mecanismos de respuesta inmediata ante hechos de violencia contra la prensa.
De ahí que este nuevo caso de violencia contra un profesional del periodismo, ya fue presentado ante el Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a fin de que el Estado de Honduras otorgue medidas de protección urgentes tanto al periodista como a su núcleo familiar
Este ataque no es un hecho aislado. Se enmarca dentro de un patrón sistemático de violencia, intimidación y criminalización contra periodistas en Honduras, especialmente en zonas rurales donde los comunicadores trabajan en condiciones de doble vulnerabilidad: debilidad institucional y concentración del poder político local.
Que un alcalde en funciones, acompañado de un empleado municipal, haya participado directamente en una agresión física contra un periodista por el ejercicio de su libertad de expresión, representa una de las formas más graves de abuso de poder, y configura no solo delitos comunes, sino también violaciones graves a los derechos humanos.
La agresión contra Henry Torres no solo es un ataque individual, sino un mensaje de terror dirigido a toda la prensa local: “callar o morir”, este tipo de actos buscan silenciar el escrutinio público, destruir la crítica y eliminar el periodismo independiente, pilares esenciales de cualquier democracia.
Recordamos al Estado de Honduras que la constitución contiene varios artículos que mandan a las autoridades de seguridad la salvaguarda de la vida de toda persona, para el caso:
- Artículo 72: Garantiza la libertad de emitir el pensamiento por cualquier medio sin previa censura.
- Artículo 73: Prohíbe la restricción a la libre circulación de ideas.
- Artículo 59: Reconoce la vida como derecho inviolable.
- Artículo 182: Garantiza la protección de los derechos fundamentales mediante recursos constitucionales.
Asi mismo el Código Penal de Honduras, tipifica como delitos las amenazas, lesiones graves, tentativa de homicidio, abuso de autoridad y asociación para delinquir, todos aplicables en este caso. Por otra parte, instrumentos Internacionales amparan la vida y labor de toda persona profesional de periodismo:
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 4 y 13): Protección del derecho a la vida y a la libertad de expresión.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6 y 19).
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión – CIDH: El asesinato, secuestro o intimidación de periodistas violenta gravemente las libertades fundamentales.
- Resoluciones de la ONU sobre la protección de periodistas: Establecen la obligación reforzada de los Estados de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia contra la prensa.
Consideramos que el Estado de Honduras no solo sigue fallando en prevenir la agresión contra los periodistas y comunicadores sociales, sino que también ha mostrado una respuesta institucional débil, exponiendo al periodista a nuevos riesgos, por lo tanto, el Comité por la Libre Expresión; exige.
- Investigación inmediata, imparcial y exhaustiva contra Gerardo Antonio Mejía y Jester Cardona Mejía.
- Requerimiento fiscal por tentativa de homicidio, amenazas, abuso de autoridad y delitos conexos.
- Aplicación urgente de medidas de protección integrales para Henry Torres y su familia.
- Separación inmediata del cargo del alcalde mientras se desarrolla la investigación.
- Pronunciamiento público del Ministerio Público, Secretaría de Seguridad y Mecanismo de Protección.
- Acompañamiento médico, psicológico y legal para la víctima.
- Garantías reales para el ejercicio del periodismo en Ocotepeque.
Finalmente, desde C-Libre señalamos que Henry Torres no fue atacado por error, ni por un conflicto personal fortuito; fue atacado por informar, por opinar con base en datos oficiales, por ejercer el periodismo en un contexto de poder local intolerante. Si este crimen queda en la impunidad, el mensaje será devastador: en Honduras todavía se puede golpear, callar y casi matar a un periodista sin consecuencias. C-Libre reitera que defender la vida de los periodistas es defender el derecho de toda la sociedad a estar informada, el silencio institucional mata tanto como los golpes.
