Sra. Daniela Vogl, embajadora de Alemania
Sr. Cédric Prieto, embajador de Francia
Sr. Diego Nuño García, embajador de España
Sr. Gonzalo Fournier Conde, embajador de la Unión Europea en Honduras.
Excelencias, señoras y señores; representantes del cuerpo diplomático; colegas periodistas, colegas defensores de derechos humanos, familia, amigas y amigos:
Hoy recibo en nombre del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) este premio con una profunda mezcla de honra y responsabilidad. Y también con una emoción íntima: la certeza de que este reconocimiento es para todas las personas que han caminado conmigo en este país donde defender la palabra sigue siendo un acto de coraje.
Quiero detenerme un momento para honrar a quienes recibieron este premio antes que nosotros, sus palabras, expresadas en años anteriores, resuenan hoy con una fuerza especial. Porque juntas forman un hilo: un hilo de tenacidad, resiliencia, dignidad y memoria que atraviesa todas las luchas por los derechos humanos en Honduras.
En 2021, Cattrachas nos recordó que estos reconocimientos son también “una pausa para recordar a quienes perdieron la vida por la violencia y la discriminación” y para honrar el trabajo de quienes dedican su vida a documentar esas violencias. Su llamado a “decir lo que hay que decir, con valentía y sin miedo”, es también el corazón del oficio periodístico. Defender la libertad de expresión es, al final, defender a todas las personas cuyo derecho a existir y a contar su verdad es negado.
En 2022, María Felicita López, desde el territorio lenca, agradeció este premio como un reconocimiento al trabajo de las defensoras y defensores que luchan por la justicia y la dignidad. Sus palabras —“luchamos por la dignidad de nuestros pueblos a pesar de la criminalización y las amenazas”— describen una verdad que los periodistas conocemos bien. Porque cuando un comunicador denuncia el despojo, la violencia o la corrupción, está haciendo lo mismo: defendiendo territorios, cuerpos y derechos.
En 2023, el Centro de Derechos de Mujeres nos recordó algo fundamental: que este premio es también una valoración del trabajo sostenido por décadas para que las mujeres sean reconocidas con igual dignidad y derechos. Su homenaje a nuestras ancestras y a las mujeres que enfrentan múltiples opresiones ilumina una intersección profunda: no hay libertad de expresión posible en una sociedad donde la dignidad de las mujeres se vulnera sistemáticamente. La libertad de expresión también es un derecho de las mujeres a contar su historia, a denunciar violencias, a ocupar espacios públicos sin miedo.
Y en 2024, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa nos trajo la voz del Aguán: una voz desplazada, resistente y profundamente humana. “Somos la gente de este país”, dijeron. Su lucha por el territorio, el agua y la vida revela que la defensa de los bienes comunes es inseparable de la defensa de la verdad. Cuando el poder intenta ocultar la destrucción de un río o el asesinato de un líder comunitario, quienes informan y quienes defienden el territorio comparten la misma batalla: que la verdad no sea enterrada.
En todos estos discursos hubo un mensaje transversal:
este premio no es solo un reconocimiento; es un llamado a la acción. Un llamado a recordar, a resistir, a acompañar, a no guardar silencio.
La Unión Europea lo dijo con claridad: Honduras necesita mejorar en derechos humanos, y para lograrlo se requiere del compromiso de todas y todos —gobierno, sociedad civil, comunidades, medios de comunicación, Estado y sector privado— trabajando desde la verdad y la justicia.
C-Libre recibe este premio consciente de que nos anteceden defensoras y organizaciones enormes, a quienes admiro profundamente. Ellas nos han enseñado que defender derechos humanos es defender la vida, y que defender la libertad de expresión es defender la memoria, la dignidad y la posibilidad de un futuro distinto.
Sus palabras hoy me acompañan, me sostienen y me recuerdan que no estamos solos. Que somos parte de una corriente colectiva, que viene de lejos y que seguirá avanzando mientras tengamos el valor de nombrar lo que otros intentan ocultar.
Agradezco a la Unión Europea por este gesto que trasciende cualquier ceremonia. Este premio es un mensaje: que Honduras importa, que nuestras luchas no están solas, y que la defensa de los derechos humanos sigue siendo una prioridad global incluso en tiempos de desesperanza.
Nuestro trabajo ha estado marcado por la convicción de que ningún país se transforma, si sus voces son silenciadas. Esa convicción la heredé de muchas mujeres y hombres que, antes que yo, se atrevieron a decir lo que otros callaban. Pero también nació del dolor de acompañar a personas que han pagado un precio demasiado alto por ejercer un derecho tan básico como informar.
En estos años, desde C-Libre, he tenido que mirar de frente realidades que ninguna democracia debería tolerar. He estado en salas de redacción donde el miedo se respira como una sombra. He abrazado a periodistas que llegaron temblando a pedir protección porque alguien les había sentenciado la vida.
Hemos visitado casas vacías donde un comunicador tuvo que irse de un día para otro, dejando su ropa tendida, sus cuadernos, los juguetes de sus hijos.
Entre 2009 y 2025, C-Libre documentó y acompañó al menos 34 periodistas hondureños que se vieron obligados a huir al exilio por amenazas graves. Solo 9 han podido regresar. Los demás —25 voces, 25 vidas— nunca volvieron. Mientras otros 133 sufrieron desplazamiento forzado por su trabajo. Su ausencia atraviesa nuestras calles, nuestras redacciones, nuestros territorios.
Y a este dolor se suma otro que se repite con crudeza: más de 50 periodistas y comunicadores sociales que han enfrentado persecución penal por publicar investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y abusos de poder. Los han acusado de difamación, de injuria, de molestar al poder político, económico y criminal. Sabemos que la mayoría de esas acusaciones no buscan justicia: buscan silencio.
No puedo dejar de mencionar a quienes han pagado con su libertad y su exilio por ejercer el periodismo.
Es el caso de Carlos Ávila, un colega cuyo compromiso con la verdad por defender las voces de las niñas víctimas de acoso sexual en nuestro sistema educativo lo ha llevado a vivir 18 años con una querella que aún no ha sido resuelta, manejada por intereses poderosos ligados a actores políticos en la región sur del país. A pesar de una condena de 16 meses de prisión que lo obligó a abandonar su tierra, su voz sigue activa desde la clandestinidad, recordándonos que la justicia en Honduras sigue siendo selectiva y que la valentía de informar no debe doblegarse ante la amenaza, ni la intimidación. Carlos representa a todos aquellos que han tenido que dejar su hogar para poder seguir contando la verdad, su historia es un llamado urgente a proteger a quienes ejercen el periodismo con integridad y sin miedo.
Durante 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras han protagonizado una serie de agresiones sistemáticas contra periodistas y medios de comunicación, configurando un patrón de hostigamiento que amenaza gravemente la libertad de expresión en el país. Entre los hechos más recientes se incluyen la estigmatización de periodistas reconocidos, como Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Rodrigo Wong Arévalo y Dagoberto Rodríguez, a través de publicaciones oficiales que los califican con expresiones como “sicarios de la verdad”, en un intento evidente de desacreditarlos y amedrentarlos por ejercer su labor crítica e independiente.
Asimismo, C-Libre documentó que las Fuerzas Armadas promovieron querellas judiciales contra al menos diez medios de comunicación que se negaron a revelar sus fuentes informativas, entre ellos, Hondudiario, El Heraldo, HCH, Criterio.hn y Radio Cadena Voces (RCV). A esto se suman citaciones ante autoridades judiciales, campañas mediáticas para desacreditar coberturas y la vigilancia informal de periodistas, lo que constituye un uso indebido del poder público y una amenaza directa a la libertad de prensa. Estas acciones violan los estándares internacionales sobre libertad de expresión, vulneran el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz y refuerzan un clima de intimidación y censura institucionalizado.
Recientemente, se sumó a la preocupante serie de amenazas contra periodistas en Honduras, la exprimera dama, Ana de Hernández, quien públicamente anunció que posee una lista de comunicadores que, según ella, habrían incriminado a su esposo el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos y liberado recientemente tras la intervención de Donald Trump. Este tipo de declaraciones constituye una amenaza directa al gremio periodístico, fomentando un clima de intimidación y autocensura, y refuerza la percepción de que la crítica legítima al poder político puede ser objeto de represalias personales. La reiteración de mensajes de este tipo demuestra cómo la influencia de figuras del poder político continúa impactando la libertad de expresión y la seguridad de quienes informan sobre asuntos de interés público en el país.
En 2025, C-Libre divulgo más de 100 alertas por ataques directos a periodistas y medios nacionales, la mayoría de ellos con graves amenazas e intimidaciones desde el poder público.
Por otra parte, observamos con preocupación un patrón de verticalidad en la comunicación estatal, donde los medios oficiales concentran la información y limitan la diversidad de voces. Esta estrategia afecta especialmente a las radios comunitarias, que tradicionalmente cumplen un rol clave en la democratización lo que desincentiva la participación de las comunidades y vulnera su derecho a recibir información diversa y localmente relevante, profundizando la desigualdad informativa y socava el pluralismo mediático en Honduras.
Un elemento adicional de presión sobre los medios y profesionales de la comunicación en Honduras es la contratación selectiva de comunicadores y el uso de la publicidad estatal como herramienta de control. La asignación de pauta publicitaria financiada con fondos públicos frecuentemente se condiciona al alineamiento editorial de los medios, generando un mecanismo de autocensura y dependencia económica. Asimismo, la contratación directa de comunicadores por instituciones estatales promueve la cooptación de voces críticas, limitando la independencia profesional y la pluralidad informativa. Esta práctica no solo socava el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa y objetiva, sino que también configura una forma sutil pero efectiva de control político sobre los contenidos mediáticos, debilitando el rol de los medios como guardianes del interés público.
Pese a los esfuerzos realizados durante la última gestión para mejorar la normativa que regula la libertad de expresión en Honduras, que incluyó la eliminación de la llamada “Ley de Secretos”, el Estado se ha negado sistemáticamente a implementar otros cambios sustanciales. Entre los pendientes más críticos se encuentran la despenalización de los llamados “delitos contra el honor”, la democratización del espectro radioeléctrico, la regulación del estado de excepción, la revisión y control de la Ley de Escuchas Telefónicas, la Ley de Inteligencia y la aplicación plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La persistencia de estas limitaciones legales no solo vulnera el derecho de los ciudadanos a recibir información diversa y objetiva, sino que mantiene mecanismos de control que afectan la independencia del periodismo y la participación plena de la sociedad en los procesos democráticos.
Y está lo más devastador: al menos 110 periodistas asesinados desde 2001 a la fecha. Muchos de esos crímenes permanecen impunes. Cada vez que miro esas cifras, recuerdo que detrás de cada número había alguien que amaba, reía, trabajaba, soñaba. Recuerdo los rostros, las madres, las hijas, los colegas que miraban la silla de al lado vacía.
La situación se agrava aún más cuando se analiza la impunidad que persiste en los casos de asesinatos de periodistas en Honduras. Según nuestros registros, aproximadamente el 90 % de estos crímenes permanece sin justicia, dejando a los responsables libres y enviando un mensaje de tolerancia hacia la violencia contra quienes ejercen el periodismo. Aquí se conjuga el trabajo de la fiscalía, de la justicia y el mecanismo nacional de protección, quienes deben trabajar en conjunto para asegurar castigo a los responsables y protección a las víctimas.
Esta alarmante tasa de impunidad se ve reforzada por la falta de un protocolo único y especializado para la investigación de asesinatos de periodistas, ya que estos casos son manejados en distintas fiscalías sin considerar como factor central el trabajo periodístico que desarrollaba la víctima. Además, las investigaciones suelen verse limitadas por la carencia de recursos técnicos, económicos y la disposición política, lo que impide esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Esta combinación de factores no solo vulnera el derecho a la vida de los comunicadores, sino que también genera un clima de temor y autocensura, debilitando gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de vigilancia del poder público, elementos esenciales de cualquier democracia sólida. Pero estos datos solo cobran sentido cuando los miramos desde las historias recientes, las que aún duelen, las que todavía nos quiebran la voz.
Quiero recordar —con cuidado y respeto— a quienes en los últimos meses nos han marcado en C-Libre.
A los colegas asesinados recientemente por documentar conflictos territoriales y denunciar estructuras criminales, Luis Alonso Teruel, Douglas Enrique Arce, Javier Antonio Hércules, Carlos Gilberto Aguirre.
A las comunicadoras que han sufrido campañas de odio, acoso digital y amenazas que llegaron hasta las puertas de su casa.
A los reporteros que hoy están escondidos, esperando una ruta segura para salir del país.
A la familia que nos llamó —llorando, sin saber qué hacer— después del ataque que terminó con la vida de su hijo periodista.
A quienes han tenido que guardar silencio temporalmente para sobrevivir.
Cada uno de esos casos forma parte de nuestra memoria. Porque cuando defendemos la libertad de expresión, no estamos defendiendo abstractos: estamos defendiendo vidas.
Este premio llega en un momento en el que Honduras necesita más valentía colectiva. Necesitamos instituciones que protejan, no que persigan. Necesitamos que ninguna mujer periodista tenga que elegir entre su trabajo y su vida personal. Necesitamos que la justicia deje de ser una palabra vacía y se convierta en una realidad para las víctimas.
Quiero dedicar este reconocimiento a quienes siguen creyendo en la palabra como herramienta de dignidad.
A las y los periodistas que, incluso en su propio miedo, continúan informando.
A los trabajadores y defensores de la palabra que sostienen territorios enteros con su fuerza.
A las familias que luchan por justicia cuando el Estado les da la espalda.
A mi equipo —mi gente, mi familia profesional— que ha hecho de C-Libre una casa para quienes buscan protección y un espacio para quienes han sido vulnerados.
Este premio no es un cierre. Es un compromiso. Un recordatorio de que todavía nos queda mucho por hacer.
Por quienes están, por quienes ya no están y por quienes vendrán.
Prometemos seguir acompañando, seguir denunciando, seguir protegiendo, seguir alzando la voz cuando otros no pueden.
Prometo seguir creyendo en la posibilidad de un país donde la libertad de expresión no sea una excepción valiente, sino una regla democrática.
Gracias a la Unión Europea por este honor.
Gracias a quienes nos apoyan en cada batalla.
Y gracias, sobre todo, a quienes siguen luchando. Este premio es para ustedes.
Seguiremos defendiendo la palabra. Seguiremos exigiendo justicia. Y seguiremos soñando con un país donde ninguna voz tenga miedo de existir.
