ALERTA 101-2025
San Lorenzo, Valle (C-Libre).- El comunicador social Leandro Cuéllar, de Radio Cadena Voces (RCV) y Canal 50, denunció haber sido obstaculizado, intimidado y fotografiado mientras realizaba cobertura periodística del proceso electoral de noviembre de 2025. El suceso fue reportado por el representante de la Red de Alertas para la Protección de Periodistas y Comunicadores sociales de Honduras (RAPCOS) en esa zona de Honduras, abogado Lenin Burgos.
Comentó Burgos, según el testimonio del comunicador social, al intentar ingresar a un aula del centro educativo habilitado como centro de votación, «fue interceptado y expulsado sin justificación legal» por varias personas entre ellos un simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre), un observador electoral, un miembro de la mesa electoral y un militar adscrito al onceavo batallón, encargado del resguardo del centro de votación.
Durante el incidente, al periodista se le indicó que no podía grabar, alegando la existencia de una supuesta “orden” que nunca fue identificada ni fundamentada legalmente, dijo Cuellar.
De forma simultánea, los involucrados procedieron a tomarle fotografías, acción que el propio comunicador identificó como un intento de perfilamiento e intimidación. “Estábamos dándole cobertura y al ingresar al aula, de la nada empezaron a quererme sacar, tomándome fotos y diciéndome que no podía grabar. ‘Tenemos una orden’, respondieron, y como estaba en vivo me tomaron fotografías”, puntualizó.
Posteriormente, el comunicador afirmó que simpatizantes del partido Libre le exigieron retirarse del lugar, profundizando la obstrucción de su labor informativa.
Para el equipo legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), este caso reviste especial gravedad debido a la participación directa de un militar del onceavo batallón, es decir, de un agente del Estado armado, en acciones que derivaron en la restricción ilegítima de la libertad de prensa. Además, la presencia de las Fuerzas Armadas en centros de votación responde exclusivamente a funciones de resguardo del orden y protección de derechos, no a la vigilancia, intimidación o control de periodistas.
La toma de fotografías a un comunicador en ejercicio, sin causa legal y en un entorno electoral, constituye una práctica intimidatoria y de vigilancia indebida, incompatible con un Estado democrático de derecho. Asimismo, la actuación de miembros de mesa electoral sin intervenir para garantizar el derecho a informar, y la permisividad frente a la presión de actores partidarios, compromete la responsabilidad de las autoridades electorales, que tenían el deber de facilitar la labor de la prensa.
Es de hacer notar, subraya C-Libre que los hechos ocurrieron en un momento de alta sensibilidad democrática, cuando la labor de los medios de comunicación es clave para asegurar transparencia, fiscalización ciudadana y confianza pública en el proceso electoral. La expulsión arbitraria, la intimidación mediante fotografías y la interferencia en una transmisión en vivo generan un efecto amedrentador, no solo contra el periodista afectado, sino contra el conjunto de la prensa, al transmitir el mensaje de que informar desde los centros de votación puede conllevar represalias.
Este tipo de prácticas erosiona gravemente el debate público y debilita las garantías mínimas para elecciones libres y transparentes. C-Libre considera que este hecho constituye una forma grave de censura indirecta, agravada por la participación de un agente estatal, lo que activa la responsabilidad internacional del Estado hondureño.
Obstaculizar del trabajo periodístico, la intimidación, el perfilamiento visual y la falta de justificación legal representan violaciones directas a la libertad de expresión y de prensa, prohibidas tanto por la legislación nacional como por los estándares interamericanos. C-Libre advierte que la normalización de estas prácticas en contextos electorales abre la puerta a mayores niveles de represión informativa, especialmente en zonas fuera de los principales centros urbanos.
Es desconcertante que se desconozca el marco legal que protege la libertad de prensa, para el caso La Constitución de la República de Honduras, en sus artículos 72 y 73, garantiza la libertad de expresión y prohíbe toda forma de restricción indirecta al derecho de informar. Así mismo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad de expresión no puede ser limitada por medios indirectos, incluidos el abuso de la fuerza pública, la intimidación y la vigilancia.
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que:
Los periodistas tienen derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público.
El uso de fuerzas de seguridad para intimidar o vigilar a la prensa constituye una violación grave.
El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar estos hechos
Ante estos hechos, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) exige:
1- Investigación inmediata, independiente y exhaustiva sobre la actuación del militar del onceavo batallón y de los miembros de la mesa electoral involucrados.
2- Pronunciamiento público del Consejo Nacional Electoral (CNE) garantizando el libre ejercicio de la prensa en centros de votación.
3- Sanciones administrativas y disciplinarias a los funcionarios estatales que participaron o permitieron la obstaculización.
4- Protocolos claros y públicos para las Fuerzas Armadas y autoridades electorales sobre el trato a periodistas durante procesos electorales.
5- Garantías de no repetición, incluyendo capacitación obligatoria en libertad de expresión para personal militar y electoral.
El caso denunciado por el comunicador Leandro Cuéllar evidencia un deterioro preocupante de las garantías para el ejercicio periodístico en Honduras, particularmente en contextos electorales, la participación de agentes estatales en actos de intimidación constituye una línea roja que el Estado no puede cruzar sin consecuencias democráticas.
C-Libre reitera que sin prensa libre no hay elecciones libres, y que cualquier intento de silenciar, vigilar o intimidar a periodistas debe ser investigado y sancionado con firmeza.
