ALERTA 98-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Los hechos ocurrieron en la Escuela República de Honduras, ubicada en la colonia Alameda de Tegucigalpa, cuando profesionales del periodismo se encontraban en el lugar con el objetivo de documentar y obtener declaraciones del candidato, presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien se presentó a votar en dicho centro educativo.
La agresión fue registrada por el personal del Observatorio Electoral 2025 que habilitó el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) con el objetivo de documentar todo tipo de ataque físico, verbal y casos de obstrucción directa del ejercicio periodístico a nivel nacional en el marco del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la información recabada, en la transmisión en vivo, miembros de la seguridad personal del candidato Salvador Nasralla arremetieron contra periodistas que realizaban cobertura informativa en el centro de votación. Entre los comunicadores afectados se pudo identificar a Daniel López, periodista de CHTV y otro periodista del Canal de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes expresaron en directo a sus centros de prensa que fueron agredidos “mientras cumplían funciones estrictamente periodísticas”.
Asimismo, el periodista Kevin Contreras, reportero del medio Reportar Sin Miedo, relató que aproximadamente a las 8:30 de la mañana se presentó en el centro de votación con la finalidad de entrevistar al candidato presidencial, en el marco de una actividad de alto interés público, cuando se produjeron los actos de hostigamiento y agresión por parte del personal de seguridad. La actuación de los agentes de seguridad fue “desproporcionada, arbitraria y carente de justificación”, ya que los periodistas no representaban riesgo alguno y se encontraban ejerciendo su labor de forma pacífica y profesional, puntualizó Contreras en su reporte, sobre el hecho.
En otros de los escenarios electorales, en los que se comentaron del asunto se dijo que, si bien los hechos fueron ejecutados por personal de seguridad del candidato, “las figuras políticas que aspiran a cargos de elección popular tienen la responsabilidad directa de garantizar el respeto a la libertad de prensa, especialmente durante procesos electorales”, dijo el abogado Saúl Bueso, analista político y parte del equipo de C-Libre.
La seguridad privada o partidaria no está facultada para agredir, expulsar ni intimidar a periodistas, y su actuación debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. La tolerancia o permisividad frente a estas agresiones compromete la responsabilidad política del candidato y contribuye a un clima de hostilidad contra la prensa, incompatible con los estándares democráticos.
C-Libre, como organización democrática con presencia desde hace 25 años en Honduras considera que los hechos ocurrieron durante la jornada electoral, en un espacio de acceso público y en un momento en que la ciudadanía demanda información directa, plural y oportuna sobre la actuación de quienes aspiran a gobernar el país.
Por lo tanto, la agresión contra periodistas en centros de votación, independientemente de que sea cometida por agentes estatales o seguridad privada, genera un efecto inhibidor que limita el acceso a la información y debilita la transparencia del proceso electoral. Impedir entrevistas, bloquear registros audiovisuales o recurrir a la violencia constituye una forma de censura indirecta, prohibida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Para C-Libre, este hecho representa una grave vulneración a la libertad de expresión y de prensa, y evidencia una intolerancia preocupante frente al escrutinio periodístico por parte de actores políticos en competencia electoral. Las agresiones contra Daniel López, Kevin Contreras y otros periodistas no identificados reflejan una normalización del uso de la fuerza y la intimidación como mecanismo para controlar la narrativa pública.
Desde C-Libre se advierte que la violencia contra la prensa no distingue entre seguridad estatal o privada, y que en ambos casos el impacto sobre la democracia es igualmente grave. De ahí que la Constitución de la República de Honduras, en sus artículos 72 y 73, garantiza la libertad de expresión y prohíbe cualquier forma de restricción directa o indirecta al derecho de informar.
Por otra parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la libertad de expresión no puede ser restringida por medios indirectos, incluyendo la violencia, la intimidación o el uso de la fuerza por actores públicos o privados.
Así mismo, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH dispone que:
1- Los funcionarios y candidatos a cargos públicos están sujetos a mayor escrutinio social y periodístico.
2- La violencia o intimidación contra periodistas, aun cuando sea ejecutada por actores privados, compromete la responsabilidad del Estado si no se previene, investiga y sanciona.
3- El Estado debe garantizar condiciones seguras para la cobertura electoral.
Ante estos hechos, el Comité por la Libre Expresión plantea las siguientes exigencias:
- Investigación inmediata e independiente sobre la agresión cometida por el equipo de seguridad del candidato Salvador Nasralla.
- Identificación y sanción de los responsables materiales de las agresiones contra periodistas.
- Pronunciamiento público del candidato presidencial y del Partido Liberal, condenando los hechos y garantizando respeto irrestricto a la prensa.
- Protocolos claros para equipos de seguridad de candidatos, que aseguren el respeto a la libertad de expresión durante actividades públicas.
- Garantías de no repetición, incluyendo capacitación obligatoria en derechos humanos y libertad de prensa para personal de seguridad privada y partidaria.
Finalmente, cabe decir que la agresión contra periodistas en la Escuela República de Honduras, en Tegucigalpa, durante la jornada electoral del 30 de noviembre de 2025, constituye una violación grave al derecho a informar y a ser informados, y evidencia un ambiente de riesgo para la prensa en el marco del proceso electoral hondureño. C-Libre reitera que la democracia no admite zonas vedadas al escrutinio periodístico, y que ningún candidato ni su equipo de seguridad puede colocarse por encima de la libertad de prensa.
