ALERTA 109-2025
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Los jóvenes comunicadores —plenamente identificados con carnés, camisetas y credenciales de prensa— fueron víctimas de hostigamiento, intimidación, obstrucción informativa y agresiones físicas leves, según reportaron directamente al equipo técnico del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Partiendo del análisis del recuento de datos, las agresiones fueron perpetradas tanto por agentes del Estado como por actores civiles vinculados a los Partidos Políticos, en el proceso electoral celebrado en Honduras el 30 de noviembre de 2025. Es de hacer notar que los jóvenes estudiantes de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se desplegaron en distintos puntos del país para realizar prácticas radiales y coberturas informativas, como parte de su proceso de formación profesional y en colaboración con medios de comunicación nacionales.
Caso 1.- La mañana del 30 de noviembre de 2025, Sindy Leticia Sierra Zúñiga se encontraba realizando su labor informativa en el centro de votación José Antonio Velásquez, en la colonia La Unión de San Pedro Sula, como corresponsal de Radio HRN y estudiante de periodismo, portaba de manera visible su carné, camiseta y mochila con el logotipo del medio.
Alrededor del mediodía, tras notar un aumento considerable en el ingreso de votantes, Sindy inició la grabación del flujo de personas que entraban al centro, en el lugar había presencia de efectivos de la Policía Militar del Orden Público, a quienes no estaba grabando directamente, pero sin mediar palabra, uno de los militares reaccionó de forma hostil, se colocó frente a ella y le impidió continuar grabando.
El agente le exigió explicaciones, cuestionando “con qué derecho estaba grabando”, seguidamente la periodista, sin confrontarlo, le mostró su carné de identificación; sin embargo, el militar se lo arrebató de las manos, lo examinó detenidamente y mantuvo una actitud intimidante. Posteriormente, se colocó a su lado junto a otro efectivo, observándola de forma persistente y amenazante, lo que generó un ambiente de hostigamiento que obligó a la comunicadora a detener su cobertura para resguardar su integridad.
Caso 2.- En la escuela de la aldea Agua Blanca, en el Valle de Amarateca, Yillian Salgado cubría el desarrollo de las elecciones como corresponsal de Radio Cadena Voces. Su labor se realizaba de manera abierta y con identificación visible, en un contexto marcado por la presencia militar en el centro de votación.
Durante la jornada, al menos dos miembros de las Fuerzas Armadas se acercaron a la periodista y, sin ofrecer explicación ni justificación legal, procedieron a tomar fotografías de su credencial de prensa y de su Documento Nacional de Identificación (DNI). Es de entender que el acto fue percibido por Salgado como una forma de vigilancia e intimidación, que generó temor por el posible uso indebido de su información personal.
La situación afectó directamente su trabajo periodístico, pues la comunicadora se vio obligada a extremar precauciones ante el riesgo que supone este tipo de prácticas en contextos electorales, donde la labor de la prensa debería estar plenamente garantizada.
Caso 3.- Kevyn Aguilar se encontraba realizando cobertura informativa en el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (INICE), en la colonia Río Grande de Tegucigalpa, cuando fue abordado abruptamente por un militar; este sin previo aviso ni diálogo, se acercó al joven periodista y le tomó fotografías a su credencial de prensa, una acción que Kevyn interpretó como un acto de intimidación directa.
El militar no explicó el motivo de su conducta ni contaba con orden alguna que justificara la recopilación de datos personales del comunicador. El incidente interrumpió su labor periodística y generó un clima de inseguridad, evidenciando la falta de protocolos claros por parte de los cuerpos de seguridad para garantizar el libre ejercicio del periodismo, especialmente cuando se trata de estudiantes en proceso de formación profesional.
Caso 4.- Mientras realizaba cobertura electoral en la escuela Simón Azcona, en la colonia Las Palmas de Tegucigalpa, Eunice Sánchez fue víctima de un acto de obstrucción informativa que no provino de una autoridad estatal, sino de una persona civil no identificada.
En el momento en que la joven documentaba lo que ocurría en el centro de votación, una mujer se le acercó y, en tono agresivo, le gritó “no puede grabar”, intentando impedir su labor periodística sin tener facultad legal para hacerlo, el incidente generó un ambiente hostil y de intimidación, obligando a la estudiante a evaluar su permanencia en el lugar.
Este hecho refleja cómo, en contextos electorales polarizados, actores no estatales también reproducen prácticas que restringen la libertad de prensa y afectan el derecho a la información.
Caso 5.- En el municipio de Liure, departamento de El Paraíso, Dulce Cabrera cubría el proceso electoral en la escuela urbana Dionisio de Herrera, cuando una riña estalló entre activistas del Partido Liberal y votantes.
En medio de la tensión, la joven periodista recibió un manotazo, convirtiéndose en víctima directa de la violencia que se desarrollaba en el lugar; aunque no le causó lesiones graves, la obligó a retirarse inmediatamente del centro de votación para proteger su integridad.
La situación se tornó aún más delicada cuando se hizo pública la afinidad política de su familia, lo que incrementó el riesgo de nuevas agresiones. Ante este escenario, Dulce se desplazó a un lugar seguro, interrumpiendo de forma forzada su labor informativa.
Estas situaciones provocaron que algunos de los jóvenes periodistas detuvieran sus coberturas, se retiraran de los centros de votación o se desplazaran a lugares seguros, limitando el flujo informativo en un momento clave para la vida democrática del país, la experiencia dejó en evidencia la vulnerabilidad estructural que enfrentan los estudiantes de periodismo en contextos electorales, donde la falta de protocolos claros y el desconocimiento del rol de la prensa generan escenarios de riesgo.
Más allá de las afectaciones individuales, las agresiones documentadas impactaron directamente en el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y oportuna, debilitando la transparencia del proceso electoral, por lo tanto, estos hechos confirman la necesidad urgente de reforzar las garantías de protección a la prensa, especialmente para jóvenes comunicadores que, desde las aulas universitarias, ejercen un periodismo comprometido con el interés público.
Como instancia que promueve y defiende la Libertad de Prensa, desde las oficinas de C-Libre, recordamos a todos los sectores de la sociedad hondureña que La Constitución de la República de Honduras garantiza en sus artículos 72 y 74 la libertad de expresión, el derecho a informar y ser informado, así como la prohibición de censura previa. Asimismo, la Ley de Emisión del Pensamiento protege el ejercicio periodístico y el acceso a las fuentes de información.
Las actuaciones de agentes estatales que hostigan, intimidan u obstaculizan el trabajo periodístico constituyen violaciones a garantías constitucionales, especialmente en contextos electorales donde la transparencia informativa es esencial. Así mismo existe un marco internacional que protege el ejercicio periodístico y del que Honduras es Estado parte como de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 protege la libertad de expresión y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda agresión contra periodistas.
Por otro lado, los estándares de la ONU y la UNESCO subrayan la obligación de proteger a periodistas, incluidos estudiantes y comunicadores en formación, especialmente durante procesos electorales.
C-Libre considera que los hechos documentados constituyen graves agresiones a la libertad de prensa, evidenciando la falta de garantías para el ejercicio periodístico de jóvenes estudiantes durante el proceso electoral de 2025 y exhorta al Estado de Honduras, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas Armadas y Policía Militar, a:
- Cesar toda forma de hostigamiento contra periodistas y estudiantes.
- Garantizar condiciones seguras para la cobertura electoral.
- Investigar los hechos y sancionar a los responsables.
- Implementar protocolos de protección específicos para jóvenes comunicadores en formación.
