Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- La exprimera dama Ana García lanzó declaraciones públicas dirigidas a la prensa en relación con la cobertura periodística sobre las acusaciones de vinculación de su esposo con el narcotráfico y su condena en los Estados Unidos. En dichos pronunciamientos, García afirmó tener una “lista” de periodistas y medios de comunicación que, según ella, han “manipulado y tergiversado la información” y han sido supuestamente “pagados para desacreditar” a su esposo y su círculo.

Si bien García no identificó públicamente de manera individual a quienes conformarían esa “lista”, sus expresiones se entienden como una advertencia e intimidación velada hacia aquellos comunicadores y medios que han ejercido su labor informativa en torno a asuntos de alto interés público.

Organizaciones periodísticas y defensores de la libertad de prensa, han interpretado estas declaraciones como una forma de presión contra la labor crítica de la prensa independiente, según Emi Padilla, el equipo de prensa del diario digital Criterio.hn. También otros profesionales del periodismo han reportado sobre la situación, describiendo cómo estas afirmaciones han “generado inquietud entre comunicadores” respecto a posibles represalias por parte de la familia del expresidente.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), lamenta que la libertad de prensa en Honduras se desarrolla en un entorno históricamente complejo, con antecedentes de hostigamientos y estigmatización contra periodistas que investigan temas sensibles como corrupción, narcotráfico o abusos de poder, la condena en 2024 del expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico en los Estados Unidos, seguida de su indulto por parte de Donald Trump, ha reavivado tensiones políticas y comunicacionales en el país.

cabe señalar que en este contexto, la prensa ha jugado un papel clave en informar a la ciudadanía sobre casos de interés público, aun cuando ello genere malestar en sectores vinculados a altos funcionarios o sus allegados.

A consideración de C-Libre, aunque las declaraciones de Ana García no constituyen una amenaza explícita de acción directa contra periodistas, sí se consideran una forma de intimidación indirecta y un clima de presión hacia la prensa crítica. Acusar a medios de manipulación, de recibir pagos para desprestigiar, o insinuar que se cuenta con una “lista” de comunicadores con intenciones negativas puede desencadenar represalias simbólicas o prácticas de estigmatización, lo que genera un riesgo adicional para la labor periodística independiente.

Este tipo de discursos, especialmente cuando provienen de figuras públicas con acceso a poder político o recursos sociales, puede fomentar un clima de autocensura o hostigamiento contra quienes ejercen periodismo de investigación, por lo tanto se hace necesario recordar que la Constitución de la República de Honduras, garantiza la libre expresión y de prensa como derechos fundamentales.

Por otra parte, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), favorece el flujo de información hacia la ciudadanía y protege la labor informativa de periodistas, puesto que el hostigamiento indirecto a través de discursos que cuestionan la integridad profesional de periodistas sin fundamento peligroso puede vulnerar el derecho a informar y ser informado, amparado por las normativas nacionales.

Por otra parte, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ampara la libertad de expresión, incluyendo el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Los Principios de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalan que las autoridades públicas deben respetar y garantizar la labor de los medios y periodistas sin intimidaciones o represalias.

Estos instrumentos internacionales subrayan que toda persona tiene derecho a ejercer periodismo sin ser víctima de discursos que puedan constituir formas de presión o represión indirecta.

Finalmente, como institución que promueve y defiende la libertad de expresión, consideramos que la insinuación de que medios han actuado con motivaciones ocultas o han recibido pagos para desacreditar a figuras públicas —sin evidencia concreta presentada— representa una forma de estigmatización que puede derivar en un ambiente hostil para la libertad de prensa.

C-Libre denuncia estas declaraciones de la exprimera dama Ana García como un acto de intimidación implícita y alerta sobre el riesgo que dichas expresiones representan para el periodismo independiente en Honduras. Además, se hace un llamado al Estado hondureño y a los actores públicos para que respeten el ejercicio periodístico, se abstengan de discursos que puedan ser interpretados como amenazas o represalias, y fortalezcan las garantías para una prensa libre y segura.