ALERTA 09-2026
Tocoa, Colón (C-Libre).- Según circular 003-2026, la Jefa de Recursos Humanos de la Municipalidad de Tocoa, “en uso de las facultades que la Ley le confiere y por instrucciones del señor Alcalde Municipal Roger Iván Banegas Lazo”, comunicó a todos los jefes de departamentos que no cuentan con autorización para brindar declaraciones ni ofrecer información oficial a los medios de comunicación sin aprobación previa.
El documento señala textualmente que la disposición tiene como finalidad “garantizar la correcta gestión de la información institucional y evitar interpretaciones que puedan afectar la imagen y el funcionamiento de la municipalidad”.
Aunque la medida se presenta como un mecanismo administrativo, la representación de la Red de Alertas para la Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS) con presencia en la zona norte del país advierten que la relación entre las autoridades municipales de Tocoa y la prensa local enfrenta un “nuevo episodio de tensión tras la circulación de un memorando interno que restringe el contacto entre funcionarios públicos y los medios de comunicación”.
Por otra parte, organizaciones defensoras y promotoras de la libre expresión y libertad de prensa en el país, consideran que este tipo de disposiciones funcionan en la práctica como “controles indirectos a la información pública, afectando el derecho ciudadano a conocer cómo se administran los recursos y cómo se toman las decisiones en el gobierno local”.
Es el caso de la Directora Ejecutiva de C-libre, Amada Ponce, quien además considera que esta acción municipal lejos de contribuir a un ambiente democrático, refuerzan un discurso que estigmatiza la labor periodística, presentando a la prensa como un actor incómodo o riesgoso en lugar de un fiscalizador legítimo de la gestión pública.
Tras conocerse el memorando, representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa respaldaron públicamente la decisión municipal, argumentando que la medida era “acertada”, argumentando que algunos funcionarios recién se estrenan en cargos de dirección y no tienen suficiente experiencia ni información para ofrecer declaraciones.
Además, sostuvo que “en Tocoa la prensa es acuciosa pero también insidiosa” y que esa actitud podría afectar políticamente al Partido Liberal, que retoma la municipalidad después de 16 años fuera del poder local.
Es de hacer notar que en el pasado reciente, periodistas de la zona norte de Colón han denunciado dificultades para acceder a información municipal, retrasos en respuestas, trato diferenciado y exclusión de coberturas oficiales, lo que configura un contexto donde el acceso a la información ya era frágil antes de esta disposición administrativa con nuevas autoridades en esa municipalidad.
La orden emitida por la Municipalidad de Tocoa representa un mecanismo de censura indirecta, ya que: Limita el contacto libre entre funcionarios públicos y periodistas, centraliza la información en una sola autoridad política, reduce la posibilidad de contrastar versiones, fomenta la autocensura dentro de la institución, debilita el derecho ciudadano a estar informado.
“Este tipo de controles no solo afecta a la prensa, sino que impacta directamente en la transparencia, la rendición de cuentas y la vigilancia social de los gobiernos locales y contraviene el marco legal nacional”, dice el abogado Saúl Bueso, experto en la temática de Libre Expresión y Libertad de Prensa.
C-Libre advierte que cuando una autoridad impone filtros administrativos para hablar con la prensa, se abre la puerta a prácticas discrecionales que pueden derivar en ocultamiento de información, represalias internas y exclusión de periodistas críticos y la medida entra en tensión con normas vigentes en Honduras; para el caso contradice el Artículo 72 de la Constitución de la República que “Garantiza la libertad de expresión del pensamiento por cualquier medio” y el Artículo 73: Prohíbe restricciones indirectas que impidan la difusión de información.
Asi mismo, se recuerda a las autoridades municipales de Tocoa que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), establece que toda información en poder del Estado es pública, salvo excepciones legales y obliga a las instituciones a facilitar el acceso a la información sin discriminación.
Por otra parte, la Ley de Emisión del Pensamiento, protege el derecho de buscar, recibir y difundir información sin censura previa. Estas normas reconocen que los funcionarios públicos están al servicio de la ciudadanía y no pueden imponer barreras administrativas que limiten el derecho a informar.
Respecto al marco legal internacional, Honduras está obligada por instrumentos internacionales a respetar el derecho a la libertad de Prensa, es así que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 13: Garantiza la libertad de pensamiento y expresión y prohíbe restricciones indirectas como el control del papel, frecuencias o información. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH en su principio 4, establece que el acceso a la información es un derecho fundamental. En el principio 5, sostiene que la censura previa y las restricciones indirectas están prohibidas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19: Protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones por cualquier medio. De ahí que, estos instrumentos, nacionales e internacionales, establecen que los Estados deben facilitar, no obstaculizar, el trabajo periodístico.
Finalmente, C-Libre considera que este tipo de medidas generan un precedente negativo en la gestión municipal, fomentan la opacidad institucional y colocan a la prensa local en una situación de vulnerabilidad frente al poder político, por eso desde esta organización se recomienda:
Instar a la Municipalidad de Tocoa a dejar sin efecto la orden restrictiva.
Garantizar canales abiertos y directos con la prensa.
Capacitar a funcionarios sobre transparencia y libertad de expresión.
Evitar discursos estigmatizantes contra periodistas.
Fortalecer mecanismos de acceso a la información pública municipal.
