ALERTA 13-2026
San Nicolás, Santa Bárbara (C-Libre).- Ángel David Muñoz, corresponsal de Hable Como Habla (HCH) y su camarógrafo fueron víctimas de obstrucción al ejercicio periodístico cuando servidores públicos que laboran en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) les agredieron física y verbalmente producto de la cobertura informativa que realizaban.
Según la narración de los hechos descrita por David Muños al Comité por la Libre Expresión (C-Libre) la agresión se produjo cuando el camarógrafo comenzó a registrar los trabajos que realizaban, empleados de esa dependencia, en el tendido eléctrico de la zona. Sin mediar justificación legal alguna —tratándose de labores públicas ejecutadas por funcionarios del Estado y, por tanto, de interés general— los servidores públicos reaccionaron con hostilidad, profiriendo insultos, descalificaciones y amenazas contra el equipo periodístico.
Muñoz, quien también es miembro de la Red de Alertas para la Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), adscrita a C-libre relató que, ante la actitud intimidante, consultó a uno de los empleados si lo que expresaba era en serio o una broma, a lo que este respondió afirmativamente (“sí”), iniciando inmediatamente después una serie de agresiones físicas que quedaron registradas en un video que posteriormente circuló en redes sociales, acción que recibió el contundente rechazo de HCH.
Ver reporte: https://hch.tv/indignante-corresponsal-de-hch-y-su-hijo-agredidos-por-empleados-de-la-enee-en-santa-barbara/
Preciso Muñoz que durante el ataque, los agresores “destruyeron instrumentos esenciales de trabajo como un teléfono celular y un trípode”, herramientas de trabajo indispensable para el registro audiovisual de los acontecimientos que dan cobertura informativa, comentó,.
Es de hacer notar que el camarógrafo agredido tiene 16 años de edad, quien colabora ocasionalmente con su padre en el registro audiovisual como parte de actividades extracurriculares, tras finalizar su jornada educativa.
Para C-Libre, la agresión contra un menor de edad en el contexto del ejercicio periodístico constituye un hecho de extrema gravedad y vulnera no sólo la libertad de expresión, sino también derechos fundamentales de la niñez.
Cabe señalar que la agresión ocurrió a escasos metros de la jefatura departamental de policía, lo que plantea serias interrogantes sobre la capacidad de reacción de las autoridades para prevenir o atender actos violentos contra la prensa, de ahí que según información proporcionada a C-Libre, las víctimas interpondrán la denuncia correspondiente ante las instancias competentes.
Desde el Área Legal de este organismo de sociedad civil que protege y promueve la Libertad de Prensa en Honduras señala que la la obstrucción y agresión contra periodistas vulnera el Artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras, que garantiza la libertad de expresión y prohíbe la censura previa. Asi mismo, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones sin interferencias.
Además la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, por lo tanto; al tratarse de información relacionada con servicios públicos —como la administración del sistema eléctrico nacional— no existe fundamento legal para impedir el registro audiovisual ni la cobertura periodística.
En el marco de esta agresión a equipo de prensa en Santa Bárbara, C-Libre condena enérgicamente:
La agresión física y verbal contra el equipo de prensa.
La destrucción deliberada de herramientas de trabajo.
La amenaza directa contra periodistas en el ejercicio de su labor.
El uso de la investidura pública para intimidar y obstaculizar el acceso a información de interés general.
Estas acciones constituyen un acto de censura indirecta y abuso de poder, que restringe el derecho ciudadano a estar informado.
Por lo tanto, C-Libre exige:
La apertura inmediata de una investigación independiente e imparcial.
La identificación y sanción administrativa y penal de los responsables.
Garantías de no repetición por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Protección integral para el periodista Ángel David Muñoz y su camarógrafo quien también es hijo del profesional del periodismo en Santa Bárbara y la reposición del equipo afectado.
Finalmente señala C-libre que la agresión contra la prensa no es un hecho aislado sino una señal de deterioro democrático cuando quienes ejercen función pública olvidan que están sujetos al escrutinio ciudadano. En Honduras, informar no es delito, de ahí que impedir la cobertura de hechos de interés público constituye una forma de censura incompatible con un Estado democrático de derecho.
