Choluteca, Honduras (C-Libre),- El periodista Paulo Emilio Herrera Hernández, corresponsal de Televida en el departamento de Choluteca, al sur de Honduras, denunció haber recibido mensajes intimidantes luego de publicar una entrevista en la que una madre de familia que reclamaba públicamente por la situación judicial de dos de sus hijos, quienes —según su testimonio— continúan firmando medidas judiciales pese a haber superado el plazo inicialmente establecido.
La cobertura periodística fue difundida el 5 de marzo y recogía declaraciones de una ciudadana que cuestionó la actuación del abogado Wilson Adalid Herrera, a quien señaló como responsable de no agilizar un trámite judicial relacionado con sus hijos.
Ver nota periodística: https://vt.tiktok.com/ZSuPrukjG/
Posteriormente, el abogado contactó telefónicamente al periodista para solicitar que la entrevista fuera retirada de la plataforma digital donde permanecía publicada, pese a que la denuncia también había sido publica en el medio de comunicación días atrás. Según explicó a C-Libre, Paulo Emilio Hernández, durante esa conversación al abogado se le ofreció ejercer su derecho a réplica, con el propósito de incorporar su versión de los hechos en igualdad de condiciones informativas; sin embargo, dicha acción no llegó a concretarse.
Horas después, el abogado realizó declaraciones públicas ante medios de comunicación locales en las que afirmó que acudiría a las instancias legales correspondientes para denunciar que él mismo había sido víctima de una supuesta extorsión, asegurando que el periodista le habría solicitado 50 mil lempiras a cambio de eliminar la publicación, extremo que el comunicador rechaza categóricamente.
De forma previa a esas declaraciones, el periodista comenzó a recibir mensajes intimidatorios desde números desconocidos con expresiones como: “ya sabes lo que te va a pasar”, “te va a salir caro”, “si querías dinero lo hubieras pedido” y “te va a ir a traer la ATIC”, en aparente alusión a la Agencia Técnica de Investigación Criminal.
La secuencia de hechos genera preocupación porque la narrativa pública de una supuesta extorsión contrasta con el contenido de las amenazas recibidas por el periodista, las cuales sugieren una posible represalia vinculada al ejercicio informativo y a la permanencia de la denuncia publicada.
Además, el abogado Wilson Adalid Herrera mantiene un proceso penal abierto por los delitos de extorsión y asociación para delinquir, causa en la que se le dictó auto de formal procesamiento por hechos relacionados con la presunta exigencia de dinero a cambio de influir en una investigación penal. Actualmente enfrenta el proceso bajo medidas sustitutivas de prisión, mientras continúa el desarrollo judicial del caso.
Ver informe del Poder Judicial: https://www.poderjudicial.gob.hn/Noticias/SitePages/NPPJ07082025.aspx?web=1
Según el testimonio del periodista, esta circunstancia vuelve especialmente delicado el contexto en el que se producen las amenazas, dado que la información difundida tuvo como base una denuncia ciudadana de interés público vinculada al funcionamiento del sistema judicial.
El comunicador manifestó sentirse bajo presión y afectado emocionalmente, al punto de suspender temporalmente su cobertura habitual de fuente judicial por razones de seguridad.
Ante estos hechos, C-Libre insta a las autoridades competentes a actuar de oficio, investigar con diligencia el origen de las intimidaciones y adoptar medidas efectivas de protección, considerando que toda amenaza contra periodistas genera un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información.
Este caso refleja nuevamente cómo periodistas que cubren asuntos judiciales en Honduras enfrentan presiones, acusaciones públicas y amenazas posteriores a la difusión de denuncias ciudadanas, especialmente en contextos donde se documentan hechos de interés público.
La cobertura de hechos de interés público, como denuncias por la libertad de menores o posibles irregularidades en la actuación de funcionarios y profesionales del derecho, está protegida por estándares internacionales de libertad de expresión y derecho a la información. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UNESCO han señalado que los periodistas tienen derecho a investigar y difundir información de interés social sin sufrir represalias, y que cualquier intimidación constituye una violación directa de estos derechos.
