ALERTA 48-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Carolina Lanza, presentadora de noticias de la televisora Hable como Habla (HCH) denunció que es víctima de violencia digital, acoso sexual y un reiterado hostigamiento por parte de una persona desconocida quien le envía imágenes de contenido sexual y realiza llamadas insistentes a su teléfono celular.
El caso fue público, por la comunicadora a través de sus redes sociales en los últimos días, donde expuso que el agresor mantiene una conducta persistente de acoso mediante el envío diario de fotografías íntimas y contactos reiterados que han provocado afectaciones emocionales y preocupación por su seguridad.
De acuerdo con la información difundida en medios nacionales y plataformas digitales, el agresor aprovecharía el acceso público al número telefónico de la comunicadora – utilizado por razones laborales y de interacción con audiencias – para ejecutar actos reiterados de violencia digital de carácter sexual.
Ver nota informativa del caso: https://www.elpais.hn/carolina-lanza-hostigada-por-enfermo-sexual-me-manda-imagenes-intimas-todos-los-dias/
C-Libre considera importante señalar que la naturaleza pública de un dato de contacto no constituye consentimiento para recibir contenido sexual, amenazas, intimidación o cualquier otra forma de violencia digital. Además, este hecho adquiere especial relevancia debido a que la víctima es una figura mediática y comunicadora con exposición pública permanente.
Vale advertir que la violencia sexual digital dirigida contra mujeres periodistas y presentadoras constituye una forma de censura indirecta que busca intimidar, degradar y generar autocensura en mujeres visibles en el espacio público y mediático.
Por otra parte, la persistencia del comportamiento denunciado constituye un elemento alarmante; pues la reiteración del envío de imágenes sexuales, las llamadas constantes y el hostigamiento sistemático permiten advertir que no se trata de un incidente aislado, sino de una conducta sostenida de intimidación con posibles efectos sobre la estabilidad emocional, la seguridad personal y el ejercicio profesional de la víctima, de ahí que este tipo de agresiones puede generar temor, retraimiento y modificación de rutinas laborales, incluyendo la posibilidad de limitar su exposición pública para evitar nuevos ataques.
C-Libre advierte además que este tipo de violencia puede escalar hacia otras formas de agresión como amenazas directas, vigilancia, persecución, campañas de desprestigio o agresiones físicas. El hecho de que la comunicadora decidiera denunciar públicamente la situación y advertir acciones legales refleja una percepción real de riesgo y una necesidad urgente de protección frente al hostigamiento.
La violencia digital sexualizada contra mujeres periodistas ha sido reconocida internacionalmente como una modalidad específica de violencia basada en género que impacta directamente el ejercicio de la libertad de expresión. La UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH han señalado que este tipo de ataques producen efectos inhibidores sobre la participación de las mujeres en el debate público y afectan el derecho colectivo de la sociedad a recibir información plural y diversa.
En un contexto como el hondureño, marcado por altos niveles de impunidad y antecedentes de agresiones contra periodistas y comunicadores sociales, los ataques dirigidos contra mujeres comunicadoras requieren atención diferenciada y respuestas institucionales urgentes. La normalización de la violencia digital y sexual contra mujeres con exposición pública contribuye a consolidar ambientes hostiles para el ejercicio periodístico y profundiza las barreras de participación de las mujeres en medios de comunicación.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que la violencia y el acoso sexual constituyen formas de discriminación que limitan o anulan el goce de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres en condiciones de igualdad. A través de su Recomendación General No. 19 y posteriormente la Recomendación General No. 35, el Comité CEDAW reconoció que la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y digital, representa un mecanismo de control e intimidación que afecta la participación de las mujeres en la vida pública, política, social y profesional, en el caso de mujeres periodistas y comunicadoras, este tipo de agresiones adquiere una dimensión agravada debido a que busca restringir su presencia en espacios públicos de información y opinión, generando miedo, autocensura y retraimiento profesional.
Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que los Estados tienen la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra las mujeres, independientemente de si los agresores son agentes estatales o particulares. Por otra parte, el Comité CEDAW ha advertido que la tolerancia o falta de respuesta efectiva frente al acoso sexual y la violencia digital contribuye a perpetuar patrones de discriminación y entornos hostiles para las mujeres.
En contextos de exposición mediática, como el ejercicio periodístico, la ausencia de protección adecuada puede provocar que las comunicadoras modifiquen sus rutinas, abandonen espacios de participación pública o limiten el ejercicio de su libertad de expresión para evitar nuevas agresiones.
Por lo anterior, el Comité por la Libre Expresión recuerda que la libertad de expresión se encuentra protegida por el artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha establecido que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar agresiones contra periodistas, especialmente aquellas basadas en género.
Ante este caso, C-Libre recomienda:
- A las autoridades hondureñas, investigar de manera diligente e inmediata los hechos denunciados, identificar a la persona responsable y garantizar medidas efectivas de protección para la víctima.
- Al sistema de justicia y cuerpos de investigación, incorporar un enfoque de género y libertad de expresión en el abordaje del caso, considerando los impactos diferenciados que este tipo de violencia produce sobre mujeres periodistas y comunicadoras.
- A los medios de comunicación, fortalecer protocolos internos de seguridad digital, protección de datos personales y acompañamiento institucional para periodistas y presentadoras expuestas a violencia digital.
- A las plataformas digitales y empresas de telecomunicaciones, colaborar con las investigaciones y facilitar mecanismos rápidos de denuncia y bloqueo frente a situaciones de hostigamiento reiterado y violencia sexual digital.
- Al Estado de Honduras, desarrollar políticas públicas y mecanismos especializados para prevenir y atender la violencia digital contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos.
Finalmente, C-Libre expresa su solidaridad con Carolina Lanza y reitera que ninguna mujer periodista o comunicadora debe verse obligada a abandonar espacios públicos, modificar su ejercicio profesional o autocensurarse como consecuencia de actos de violencia sexual digital, intimidación o acoso.
