ALERTA 53-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Los hechos se desarrollaron después de que Reporteros de Investigación difundiera una nota periodística basada en declaraciones públicas y publicaciones institucionales en las que se atribuía al titular de Seguridad, general Gerzón Velásquez, la afirmación: “Ya no necesitamos probar un delito, con solo ser parte de una mara o pandilla los podemos capturar”.
La frase fue reproducida por diversos espacios informativos, entre ellos páginas de noticias en redes sociales, medios digitales y publicaciones vinculadas a la propia institucionalidad policial y trata sobre una supuesta nueva estrategia gubernamental para combatir las maras y pandillas en Honduras.
Capturas de pantalla obtenidas por este monitoreo muestran que la frase fue difundida públicamente por canales informativos y que incluso aparecía asociada a contenidos divulgados desde espacios oficiales vinculados a la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, sin embargo, posteriormente varias de estas publicaciones fueron eliminadas o dejaron de estar disponibles para consulta pública.
Posteriormente, autoridades policiales calificaron como “falsa” la información publicada por Reporteros de Investigación y acusaron al medio de desinformar a la población, pese a que el contenido cuestionado tenía como base declaraciones y publicaciones que habían circulado previamente en espacios públicos. De acuerdo con verificaciones periodísticas posteriores, la publicación original de la Policía Nacional efectivamente existió y luego fue retirada de las plataformas institucionales.
Asimismo, diversos registros digitales permiten constatar que la frase atribuida al funcionario circuló ampliamente antes de ser objeto de desmentidos oficiales. https://criterio.hn/policia-borra-publicacion-y-acusa-de-desinformacion-a-reporteros-de-investigacion/
La situación adquiere especial relevancia porque la controversia no surge de información anónima o filtrada, sino de expresiones atribuidas a la máxima autoridad de seguridad del país en el contexto de recientes reformas legales que endurecen la persecución penal contra maras y pandillas. Posteriormente, las autoridades intentaron matizar el alcance de dichas declaraciones señalando que toda investigación debe sustentarse en elementos probatorios y respetar el marco jurídico vigente.
Un mensaje preocupante para la libertad de prensa
Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) la actuación de las autoridades genera preocupación por varias razones. En primer lugar, porque la respuesta institucional se dirigió a desacreditar públicamente a un medio de comunicación en lugar de promover un ejercicio transparente de aclaración de información. Cuando una entidad estatal utiliza sus canales oficiales para señalar a un medio de comunicación como difusor de información falsa, sin reconocer el origen de los datos publicados ni la existencia previa de los contenidos institucionales, se crea un escenario de estigmatización que puede afectar la credibilidad y seguridad de quienes ejercen el periodismo.
En segundo lugar, preocupa la eliminación posterior de publicaciones oficiales relacionadas con un asunto de evidente interés público. Considerando que los contenidos difundidos por instituciones estatales forman parte del registro público de las actuaciones gubernamentales, suprimirlos sin ofrecer explicaciones claras debilita los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben caracterizar la gestión pública.
Para C-Libre, la eliminación de contenidos oficiales seguida de la descalificación de quienes los documentaron genera una situación particularmente delicada puesto que en términos prácticos, se transmite el mensaje de que una declaración pública puede existir un día, desaparecer al siguiente y posteriormente ser negada por las mismas autoridades que la difundieron.
Esta dinámica dificulta el trabajo periodístico y erosiona la confianza ciudadana en la información proveniente de las instituciones estatales, puntualiza C-Libre.
El derecho ciudadano a conocer y verificar la actuación pública
La controversia trasciende el ámbito estrictamente periodístico, ya que está en juego el derecho de la ciudadanía a conocer, contrastar y evaluar las actuaciones de sus gobernantes. Por otra parte, la memoria digital de las instituciones públicas constituye un elemento esencial para el control democrático y cuando los registros oficiales son modificados o eliminados sin justificación pública, se limita la capacidad de la sociedad para reconstruir los hechos y exigir responsabilidades.
En este contexto, el trabajo de medios como Reporteros de Investigación cumple una función de interés público al documentar y preservar información que posteriormente podría desaparecer de las plataformas institucionales. De ahí que resulta igualmente preocupante que la respuesta oficial haya sido centrar el debate en la supuesta falsedad de la publicación periodística en lugar de ofrecer explicaciones transparentes sobre la eliminación de los contenidos originales o sobre las contradicciones existentes entre distintas declaraciones emitidas por funcionarios del sector seguridad.
Considerando que la jurisprudencia interamericana sostiene reiteradamente que el acceso a la información pública y la preservación de archivos estatales son componentes esenciales del derecho ciudadano a la verdad y a la rendición de cuentas, es de hacer notar que la incertidumbre generada por este tipo de actuaciones afecta directamente la calidad del debate público.
Por otra parte, si la ciudadanía percibe que las versiones oficiales pueden ser modificadas o desconocidas posteriormente sin explicación, se debilita la confianza en las instituciones y se fortalece un ambiente de desinformación e inseguridad informativa.
De ahí que C-Libre exhorta a la Secretaría de Seguridad y a la Policía Nacional a:
- Abstenerse de realizar acciones que puedan interpretarse como estigmatización o descalificación de medios de comunicación por la difusión de información de interés público.
- Explicar de manera transparente las razones por las cuales fueron eliminadas publicaciones institucionales relacionadas con este caso.
- Garantizar la preservación y accesibilidad de los registros digitales oficiales como parte de los principios de transparencia y rendición de cuentas.
- Promover mecanismos de rectificación y aclaración compatibles con los estándares internacionales de libertad de expresión, evitando campañas de señalamiento contra periodistas y medios.
- Reconocer el papel fundamental del periodismo en la fiscalización de la gestión pública y en la protección del derecho ciudadano a estar informado.
C-Libre recuerda que una democracia sólida requiere instituciones transparentes, información verificable y una prensa libre capaz de documentar los hechos sin temor a represalias, estigmatización o campañas de descrédito, así mismo; cuando el Estado niega, elimina o desacredita información previamente difundida por sus propios canales, no solo se afecta el trabajo periodístico: también se vulnera el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad sobre los asuntos públicos.
