ALERTA 77-2026
Tegucigalpa, Honduras, (C-LIBRE). — El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) expresa preocupación ante las denuncias realizadas por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) sobre expresiones ofensivas y estigmatizantes contra periodistas, así como por advertencias de posibles acciones judiciales contra comunicadores y medios que han informado sobre asuntos relacionados con la gestión de exfuncionarios públicos.
En un comunicado, el CPH manifestó su solidaridad con los periodistas Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y Rodrigo Wong Arévalo, quienes, según el gremio, han sido objeto de expresiones ofensivas y denigrantes atribuidas al exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), José Carlos Cardona, y a otros exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro.
El Colegio sostiene que estos hechos no deberían observarse de forma aislada y advierte sobre la existencia de expresiones de estigmatización y desacreditación dirigidas contra periodistas y medios que realizan una labor crítica y de escrutinio público. Según el pronunciamiento, estas actuaciones sustituyen la respuesta argumentada a los cuestionamientos periodísticos por insultos, señalamientos y descalificaciones contra quienes informan.
A esta situación se suman las declaraciones atribuidas al exdirector del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI), Gilberto Ríos, quien, de acuerdo con el CPH, anunció su intención de presentar querellas contra medios de comunicación y contra los periodistas Esdras Amado López, Nery Arteaga, Marlen Allen y Stephanie Aceituno, en reacción a publicaciones y señalamientos de interés público relacionados con su gestión.
El pronunciamiento señala además que la gestión de Ríos en FOSOVI ha sido objeto de denuncias y cuestionamientos públicos, incluyendo señalamientos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y advierte que las acciones judiciales no deberían utilizarse para intimidar, silenciar o castigar la investigación periodística.
Desacreditar a periodistas también puede restringir la libertad de expresión
Para C-Libre, las descalificaciones personales adquieren relevancia para la libertad de expresión cuando están vinculadas directamente con el trabajo periodístico y tienen la capacidad de desacreditar, intimidar o inhibir a quienes investigan y difunden información de interés público.
El Manual Básico de Alertas de C-Libre, identifica como estigmatización aquellas acciones de agravio o menoscabo que provocan descrédito profesional como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión. Estas pueden producirse mediante declaraciones públicas, redes sociales, insultos o descalificaciones.
Bajo este criterio, las expresiones denunciadas contra Sierra, Rodríguez y Wong Arévalo pueden ser analizadas preliminarmente como actos de estigmatización, en tanto el cuestionamiento no estaría dirigido únicamente a controvertir el contenido de sus publicaciones, sino que, según la denuncia gremial, incluye expresiones ofensivas dirigidas contra quienes ejercen el periodismo.
La libertad de expresión protege también el derecho a formular críticas que pueden resultar molestas, incómodas o severas. Por ello, no toda confrontación verbal con un periodista constituye automáticamente una agresión a la libertad de expresión. La afectación aparece cuando la descalificación se vincula con su labor informativa y tiene características o un contexto capaz de generar descrédito, intimidación o un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.
Advertir sobre querellas requiere seguimiento
C-Libre observa con particular atención las advertencias sobre posibles querellas. Definiendo como amenaza el aviso directo o indirecto de una represalia orientada a provocar censura o autocensura, mientras que considera intimidación aquellas acciones que buscan infundir temor frente a un posible daño y pueden provocar que la persona abandone o limite su actividad de informar u opinar.
Desde esta perspectiva, el anuncio de acciones judiciales requiere valorar el contexto en que se produce, el contenido de las declaraciones, su reiteración, las publicaciones que las originaron y la existencia de elementos que permitan establecer una finalidad de represalia o intimidación.
C-Libre subraya, sin embargo, que anunciar una querella no constituye por sí mismo hostigamiento judicial. Toda persona conserva el derecho de acudir a los mecanismos legales disponibles para proteger derechos legítimos, incluida su honra y reputación.
El hostigamiento judicial adquiere otra dimensión. El Manual de Alertas lo identifica cuando se inician acciones judiciales contra periodistas o medios —incluidas querellas o demandas— destinadas a inhibir la difusión de hechos, investigaciones o críticas y que pueden generar un clima de intimidación y autocensura.
Por esta razón, C-Libre dará seguimiento a las acciones anunciadas para determinar si efectivamente son presentadas, cuáles son sus fundamentos y si constituyen el ejercicio legítimo del derecho de acceso a la justicia o si, por sus características y contexto, pueden transformarse en un mecanismo de presión contra el periodismo.
La gestión pública está sometida al escrutinio ciudadano
Las publicaciones relacionadas con el desempeño de funcionarios y exfuncionarios, el manejo de recursos públicos, denuncias de irregularidades y decisiones adoptadas durante el ejercicio de cargos estatales forman parte de asuntos de alto interés público.
Quienes ejercen o han ejercido funciones públicas están sujetos a un mayor nivel de escrutinio respecto de actuaciones relacionadas con el desempeño de esas funciones. Las controversias sobre estas materias deben resolverse dentro de un marco que garantice simultáneamente los derechos individuales y la protección reforzada que merece el debate sobre asuntos públicos.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protegen el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. El propio Manual de Alertas utiliza estos instrumentos como base para determinar los derechos afectados en los casos documentados por C-Libre.
En Honduras, estas garantías se complementan con el artículo 72 de la Constitución de la República, que reconoce la libre emisión del pensamiento. El Manual establece estos instrumentos como parte de la base normativa para la emisión de las alertas de C-Libre.
Riesgo de un efecto inhibidor
Para C-Libre, la preocupación trasciende a cada periodista mencionado individualmente. La combinación de descalificaciones públicas, estigmatización profesional y advertencias de posibles represalias judiciales puede contribuir a generar un efecto inhibidor entre periodistas y medios que investigan asuntos relacionados con la gestión pública.
Ese efecto puede expresarse en autocensura, abandono de investigaciones, reducción de coberturas críticas o temor a publicar información sobre personas con poder político, económico o capacidad para iniciar procesos judiciales.
En su comunicado, el propio CPH señala que los periodistas no están llamados a agradar a quienes ejercen poder y sostiene que preguntar, investigar, cuestionar y exigir explicaciones forma parte de su función, advirtiendo que la estigmatización y las amenazas de judicialización no sustituyen las respuestas que demanda la ciudadanía.
C-Libre demanda
C-Libre exhorta a las personas que ejercen o han ejercido funciones públicas a responder al escrutinio periodístico mediante información, argumentos, rectificaciones o los mecanismos democráticos disponibles, evitando expresiones estigmatizantes y actuaciones que puedan convertirse en formas de represalia contra periodistas y medios de comunicación.
Asimismo, solicita que cualquier controversia derivada de publicaciones periodísticas sea abordada respetando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, el interés público de la información y los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.
C-Libre continuará documentando las declaraciones y dará seguimiento a las eventuales acciones legales anunciadas, con el propósito de establecer si existe un escalamiento desde la estigmatización y la intimidación hacia mecanismos de presión judicial.
Investigar la gestión pública, formular preguntas incómodas y someter a quienes administran o administraron recursos del Estado al escrutinio ciudadano son funciones esenciales del periodismo en una sociedad democrática.
