ALERTA 87-2026
Cortes, Honduras (C-Libre).- Aumentan las intervenciones violentas y actos de hostigamiento por parte de efectivos de la Policía Nacional de Honduras, contra ciudadanía en protesta. Estos hechos ocurrieron durante la cobertura y desarrollo de protestas sociales registradas en el corredor vial CA-4, específicamente en las comunidades de Brisas del Valle (Cofradía, Cortés) y La Flecha (Macuelizo, Santa Bárbara).
En el caso de Represión policial y censura a la veeduría en Brisas del Valle, Cofradía (Cortés) se sabe que desde tempranas horas, vecinos y pobladores de esta comunidad, al norte del país mantuvieron un bloqueo pacífico en la carretera CA-4. Trascendió en distintos medios de comunicación que dieron cobertura a la protesta ciudadana que la manifestación respondía a las constantes alzas en los precios de los combustibles y el severo impacto económico en la canasta básica.
Según la transmisión de algunos canales de televisión, de la zona, los manifestantes utilizaron llantas encendidas y ramas para interrumpir el paso de vehículos como medida de presión hacia las autoridades. Momento después, al caer la noche, contingentes de la Policía Nacional se apersonaron en la zona para ejecutar un operativo de desalojo.
Según los pobladores en protesta, los miembros de la policía llegaron y sin entablar canales de diálogos previos, ni respetar los protocolos de control de multitudes; los efectivos arremetieron contra los manifestantes mediante el lanzamiento indiscriminado de bombas lacrimógenas y el uso de proyectiles.
En la transmisión de televisión, se pudo observar que las detonaciones generaron pánico en la comunidad, afectando a familias enteras, niños y adultos mayores en sus viviendas adyacentes a la carretera. En medio de la confusión y el despliegue de fuerza, un ciudadano residente del sector procedió a registrar con el teléfono móvil de su propiedad la detención violenta de un joven por parte de los agentes.
Al percatarse de que el procedimiento estaba siendo grabado, dos funcionarios policiales abandonaron la custodia del detenido y se dirigieron hacia el ciudadano con actitud amenazante, exigiéndole la interrupción inmediata de la grabación y procedieron a interceptarlo e intentar arrebatarle el dispositivo mediante uso de la fuerza física.
Los agentes amenazaron verbalmente al ciudadano con remitirlo a dependencias policiales por el supuestos delitos de «obstrucción a la labor policial» y «alteración del orden» si no procedía al borrado del material audiovisual, según testimonio ciudadana. La agresión fue frenada únicamente por la intervención de otros manifestantes y vecinos, quienes gritaron e intercedieron para evitar la confiscación del equipo, posteriormente la acción policial provocó la dispersión forzada de los observadores comunitarios por temor a represalias directas.
En el caso de la reactivación del conflicto y hostigamiento en La Flecha, Santa Bárbara, grupos de pobladores retomaron la toma de la red vial CA-4 también en protesta por las alzas a los carburantes, bloqueando el flujo vehicular interdepartamental.
Durante la intervención de las fuerzas del orden en este sector, se reportaron persecuciones, agresiones físicas contra los manifestantes y detenciones arbitrarias sin el debido proceso.
Testimonios locales indicaron que la presencia de agentes vestidos de civil imposibilitó la labor de identificación de las autoridades al momento de ejecutar los arrestos, generando incertidumbre y frenando los intentos de la prensa local y defensores comunitarios por recabar información precisa sobre el paradero de las personas retenidas.
Desde el Comité por la Libre Expresión se condena la acción policial dirigida a arrebatar teléfonos móviles a la ciudadanía, pues constituye una forma de censura previa y hostigamiento directo. Es de hacer notar que grabar actuaciones policiales en la vía pública representa un derecho ciudadano derivado del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Artículo 72 de la Constitución de la República de Honduras y por otra parte, el Estado no puede tipificar como delito la documentación en video de procedimientos públicos ejecutados por agentes estatales.
En torno al uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza y la utilización de gases lacrimógenos en zonas residenciales pobladas vulnera los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta social, puesto que la protesta es un derecho humano interdependiente a la libertad de reunión y expresión.
C-Libre, demanda y recomienda:
A la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional:
Cesar de forma inmediata las acciones de represalia, persecución y censura contra manifestantes y ciudadanos que ejercen la veeduría social mediante registros audiovisuales.
Emitir una instrucción clara y pública a todas las unidades policiales recordando que la ciudadanía y la prensa tienen pleno derecho a grabar las actuaciones policiales en la vía pública sin sufrir represalias ni confiscación de sus equipos.
A la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) y al Ministerio Público:
Iniciar de oficio las investigaciones correspondientes contra los agentes asignados al operativo en Brisas del Valle (Cofradía, Cortés) que intentaron despojar de sus pertenencias e intimidar al ciudadano que registraba los arrestos.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH):
Mantener el seguimiento a las acciones de represión focalizadas en los ejes carreteros del norte y occidente de Honduras, instando al Estado hondureño a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protesta social.
