ALERTA 86-2026
Tegucigalpa, Honduras. La defensora social Floridalia Aguilar Perdomo se recupera física y emocionalmente luego de la agresión que, según su testimonio, sufrió el pasado 15 de septiembre cuando intentaba expresar públicamente un reclamo al presidente Nasry Asfura, durante los actos conmemorativos de las fiestas patrias.
Aguilar Perdomo relató que acudió al lugar con una cartulina y un mensaje dirigido al mandatario, con la intención de solicitarle que atendiera la situación de sus compañeros del gremio médico y que se les pagaran sus salarios. Señaló que nunca imaginó que una petición pública derivaría en una intervención policial en su contra.
Según su relato, agentes intentaron colocarle esposas y, durante el forcejeo, cayó sobre el pavimento, provocándole golpes y una afectación emocional que, asegura, todavía se encuentra procesando.
“Yo iba simplemente con una cartulina nada más y con unas pocas letras a pedirle, a hacer una petición pública al mandatario de la República”, explicó Aguilar, quien insistió en que no esperaba recibir ese trato, debido a que su intención era expresar su inconformidad por la situación que atraviesan tanto el gremio médico y los pacientes en el sector sanitario del país.
La afectada cuestionó que, pese a la naturaleza de su reclamo, la respuesta haya sido el uso de la fuerza. Afirmó que no recibió posteriormente ninguna llamada de funcionarios del Gobierno ni de las principales autoridades y sostuvo que una disculpa pública por lo ocurrido era lo mínimo que podía esperarse después del incidente.
Más allá de las lesiones físicas y la afectación emocional, Aguilar identifica una consecuencia que trasciende su caso particular: el mensaje que una acción de esta naturaleza puede transmitir a quienes pretenden ejercer públicamente su derecho a reclamar.
Para la afectada, si una persona que se encontraba sola y en condiciones de indefensión fue sometida de esa manera mientras expresaba una demanda, existe el riesgo de que otras personas interpreten que protestar o cuestionar a las autoridades puede exponerlas a represalias.
“Si lo hicieron con una persona que iba de esa manera, vestida de esa manera, que iba de esa forma indefensa solo era yo, ustedes se imaginan lo que podrían hacer con una persona que pertenezca a un grupo más amplio”, manifestó.
Esta percepción resulta especialmente relevante desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión y la protesta, debido a que la respuesta frente a una persona que exterioriza una demanda puede producir un efecto inhibidor que vaya más allá de la víctima directa. El temor a sufrir consecuencias físicas, policiales o de otra naturaleza puede llevar a otras personas a abstenerse de expresar sus opiniones, formular reclamos o participar en manifestaciones públicas.
La propia Aguilar identifica ese riesgo al advertir a quienes pretendan alzar su voz que no renuncien a hacerlo, pero que adopten medidas de precaución ante lo que considera un mensaje dirigido a la población: que quienes protestan pueden enfrentarse a este tipo de situaciones.
Para el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), los hechos relatados por Aguilar Perdomo requieren atención desde la perspectiva de las garantías necesarias para que las personas puedan expresar sus demandas y cuestionamientos frente a las autoridades sin temor a sufrir represalias.
De hecho, la posibilidad de formular una petición pública, expresar inconformidad y participar en acciones de protesta constituye un componente esencial de una sociedad democrática, de ahí que el caso adquiere relevancia no solamente por las consecuencias que la agresión tuvo sobre Floridalia Aguilar, sino por el posible impacto que una respuesta de esta naturaleza puede generar sobre otras personas.
Cuando una persona es sometida mientras ejerce públicamente su derecho a expresar una demanda, el mensaje percibido puede extenderse a quienes observan el hecho y generar autocensura, temor o inhibición para participar en futuras expresiones públicas.
C-Libre llama a las autoridades hondureñas a garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, petición y protesta pacífica sin ser objeto de agresiones o represalias, y a investigar los hechos denunciados por Aguilar Perdomo, estableciendo las responsabilidades que correspondan.
