ALERTA 88-2026
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- El periodista Rafael Merlos, de Canal 6, denunció presuntos actos de intimidación, hostigamiento y amenazas vinculados con la labor periodística que ha desarrollado sobre Próspera, una sede empresarial cuya actuación ha sido objeto de sus reportajes. Según su testimonio, las presiones no solo se habrían dirigido contra su persona, sino también contra el medio de comunicación para el que trabaja, mediante advertencias de posibles acciones judiciales relacionadas con las publicaciones realizadas.
Merlo relató que, desde febrero 2026, abogados vinculados con Próspera se han presentado en las instalaciones de Canal 6 y han establecido contacto directo con uno de los gerentes del canal, en ese sentido el periodista identificó a Jorge Colintres, a quien señaló como secretario técnico de Próspera, como una de las personas que habría realizado estos acercamientos. Seguidamente reiteró en su declaración que las presiones estarían relacionadas con dos reportajes periodísticos sobre las zonas de desarrollo.
A estas circunstancias se suma la denuncia de presuntos seguimientos cerca de su vivienda, una situación que, según manifestó, ha afectado seriamente su tranquilidad y sus condiciones para ejercer el periodismo y aunque señaló que recientemente han cesado algunas de las expresiones de presión, el comunicador advirtió que el hostigamiento experimentado ha tenido consecuencias personales y profesionales; en su testimonio también expresó preocupación por las limitaciones que, a su juicio, estas actuaciones han impuesto al desarrollo de su trabajo periodístico.
Ante estos hechos, el profesional del periodismo indicó que presentó denuncias ante las instancias correspondientes, mencionando al Ministerio Público (MP) y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). C-Libre advierte que las amenazas de emprender acciones judiciales contra periodistas o medios de comunicación, cuando están vinculadas con la publicación de reportajes de interés público, pueden convertirse en mecanismos de presión capaces de obstaculizar la labor informativa.
El recurso a procedimientos judiciales no constituye, por sí mismo, una vulneración de la libertad de expresión; sin embargo, su eventual utilización para castigar, intimidar o desalentar investigaciones periodísticas puede generar restricciones incompatibles con la protección de este derecho fundamental.
En el caso denunciado por Merlo, la combinación de advertencias de demanda, presuntos seguimientos personales y la percepción de limitaciones al ejercicio de su trabajo plantea una preocupación que requiere atención, más allá de las consecuencias que estas circunstancias puedan tener para el periodista, este tipo de presiones puede producir un efecto inhibidor, como, inducir al comunicador a moderar, interrumpir o evitar futuras publicaciones por temor a represalias personales o legales y además ese efecto también puede extenderse a otros integrantes de la redacción y afectar el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés público.
Ante esta situación, C-Libre considera necesario que las autoridades competentes examinen de manera diligente los hechos denunciados, determinen las circunstancias en que habrían ocurrido las presuntas amenazas y seguimientos, y valoren las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de Rafael Merlo, asi mismo resulta fundamental que cualquier procedimiento judicial relacionado con su labor informativa respete las garantías del debido proceso y los estándares de protección de la libertad de expresión.
C-Libre insta, además, a que se evite cualquier forma de presión o represalia que pueda interferir en el trabajo del periodista o del medio de comunicación, y exhorta a las instituciones competentes a mantener una respuesta oportuna frente a las denuncias presentadas, por otra parte; el ejercicio periodístico debe desarrollarse sin amenazas ni hostigamientos, especialmente cuando se trata de investigaciones sobre asuntos de interés público.
Ante los hechos denunciados sobre el caso de Rafael Merlo, de Canal 6, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) recomienda, al Estado de Honduras.
Garantizar el ejercicio de la libertad de prensa sin represalias. Adoptar las medidas necesarias para que Rafael Merlo pueda continuar desarrollando su labor periodística sin amenazas, hostigamientos ni presiones relacionadas con los reportajes publicados sobre Próspera, por lo tanto el Estado debe garantizar que las controversias vinculadas con publicaciones periodísticas se tramiten conforme a la ley y con pleno respeto a los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión.
Investigar con diligencia los hechos denunciados. A través de las autoridades competentes, realizar una investigación objetiva, exhaustiva e imparcial sobre las presuntas amenazas, los acercamientos dirigidos al medio de comunicación y los seguimientos denunciados por el periodista, con el propósito de esclarecer lo ocurrido, determinar las eventuales responsabilidades y evitar que estos hechos queden en la impunidad.
Prevenir el uso intimidatorio de mecanismos judiciales. Garantizar que los procedimientos legales relacionados con el trabajo periodístico no sean utilizados como instrumentos de represalia ni como mecanismos para desalentar la publicación de información de interés público, cabe señalar que esta recomendación no supone desconocer el derecho de cualquier persona a acudir a la justicia, sino exigir que su ejercicio sea compatible con las garantías de la libertad de expresión.
Proteger el derecho de la sociedad a recibir información. Adoptar medidas que contribuyan a prevenir las restricciones directas o indirectas que puedan afectar la continuidad de las investigaciones periodísticas, considerando que las presiones contra un comunicador también pueden repercutir en su medio de comunicación y generar autocensura en otros periodistas.
Al Mecanismo Nacional de Protección
Realizar una valoración integral y oportuna del riesgo. Recibir y analizar la situación del periodista considerando conjuntamente las presuntas amenazas de acciones judiciales, los seguimientos cerca de su vivienda, las presiones dirigidas a Canal 6 y las limitaciones que el comunicador afirma haber experimentado en el desarrollo de su trabajo, es de hacer notar que la evaluación no debe limitarse a determinar la existencia de un peligro físico inmediato, sino contemplar los riesgos derivados de la acumulación de presiones personales y profesionales vinculadas con su labor informativa.
Adoptar medidas de protección adecuadas, oportunas y concertadas con el periodista. En función de los resultados de la valoración de riesgo, implementar las medidas ordinarias o extraordinarias que correspondan, con la participación de Rafael Merlo y atendiendo a sus necesidades concretas; estas medidas deben contemplar mecanismos de comunicación y respuesta ante nuevas amenazas, así como acciones de seguimiento y revisión periódica de su situación.
Facilitar la coordinación institucional y el acompañamiento. Promover la articulación con las autoridades competentes y, cuando corresponda, con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a fin de facilitar el seguimiento de las denuncias, la atención de eventuales incidentes y el acceso del periodista a las instancias de protección y justicia. Asimismo, valorar las necesidades de acompañamiento para las diligencias relacionadas con los hechos denunciados, dentro de las competencias y posibilidades institucionales.
Establecer un seguimiento preventivo y verificable. Mantener comunicación periódica con el periodista, documentar nuevos incidentes, revisar la eficacia de las medidas adoptadas y activar las respuestas pertinentes ante cualquier agravamiento del riesgo, pues el seguimiento debe contribuir a evitar que la ausencia temporal de nuevas amenazas se interprete automáticamente como la desaparición del riesgo, especialmente mientras persistan procedimientos o circunstancias relacionadas con los hechos denunciados.
Finalmente, C-Libre recuerda que la protección de un periodista no debe limitarse a reaccionar cuando ocurre una agresión física, también exige prevenir las condiciones de intimidación que pueden debilitar su seguridad, restringir su independencia profesional e inducirlo a abandonar investigaciones de interés público, de ahí que insta al Estado de Honduras y al Mecanismo Nacional de Protección a brindar una respuesta integral, oportuna y proporcional al riesgo denunciado, con el objetivo de garantizar la seguridad de Rafael Merlo y preservar las condiciones necesarias para el ejercicio libre del periodismo.
