Alerta 126-17
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Periodistas, camarógrafos y medios de comunicación fueron reprimidos durante cobertura informativa sobre la crisis política-social que atraviesa Honduras en consecuencia del pasado proceso electoral general realizado el domingo 26 de diciembre de 2017.
El descontento popular producto de la tardanza de la oficialización de resultados electorales, sumado a una nebulosa en materia de transparencia ha conllevado a la ciudadanía hondureña a realizar diversas acciones de protesta que en su mayoría han culminado en represión por parte de la Policía Militar (PM).
El día primero de diciembre el camarógrafo David Matute de “Marte Tv” del municipio de Comayagua en la zona centro del país, fue agredido por la PM quienes le solicitaron su carnet de identificación en medio de una cobertura periodística sobre jornadas de protesta ciudadana.
“Nuestro camarógrafo y yo no andábamos identificación visible”, un elemento de la Policía le agredió porque quiso grabar la golpiza que le propinaban a un joven, pero le gritamos que era camarógrafo de Marte Tv y le pidieron disculpas, explicó el productor del canal.
En iguales condiciones, el lunes dos de diciembre el periodista Bladimir Rivera del canal “Prensa Libre” en la zona sur del país fue atacado cuando ejercía su labor informativa por parte de uniformados de la PM.
Cabe resaltar que el monitoreo al respeto a la Libertad de Expresión en el marco del proceso de electoral, realizado por C-Libre, evidencio un ambiente hostil contra la labor informativa que incluye ataques, agravios y descalificaciones en contra de la libertad de expresión y el derecho a informar, agresiones generadas a partir un discurso gubernamental estigmatizante con el objetivo de desacreditar la labor que desempeñan periodistas de medios nacionales e internacionales.
Al respecto la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su inciso número nueve menciona que hechos de violencia contra Periodistas tales como amenazas, secuestro y asesinato, además de la destrucción de su equipo “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
En el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de las periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.
Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.
