COMUNICADO
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ante la captura y reclusión del periodista David Romero Ellner, expresa a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
Condenamos la instrumentalización gubernamental de un caso juzgado utilizando un discurso de odio y manipulando el derecho de las víctimas, mezclando la moral y el derecho, para influir en un nuevo caso de interés privado, con la finalidad de justificar el uso de la fuerza desmedida para allanar Radio Globo y capturar al periodista.
Consideramos que las expresiones emitidas por el periodista David Romero Ellner, por las cuales fue condenado penalmente, son catalogadas como insultos que dañaron el honor de una persona deben ser sancionadas pero en el ámbito civil, para lo cual el Estado debió garantizarle un procedimiento expedito para tramitar su reclamo y reparar su derecho.
Rechazamos la violación del principio de independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo quien a través de un comunicado emitido por Casa Presidencial el 26 de marzo anticipó la decisión, que el Poder Judicial emitió a través del Juzgado de Ejecución de no acatar la Medida Cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmeritando el Sistema Interamericano ante el Estado de Honduras y poniendo en riesgo a todas aquellas personas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH.
La intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial pone en evidencia la denuncia del juez, José Dimas Agüero Echenique, contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, quien le dijo que “el hombre ordenaba que condenaran al periodista”. Además, las palabras estigmatizantes del Secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, pronunciadas el día jueves 28 de marzo en comparecencia de prensa evidencia el interés del gobierno sobre la captura del periodista.
Por tanto, debemos preguntarnos ¿La condena y captura del periodista David Romero Ellner tiene consecuencias para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión?
Nuestra respuesta es que sí.
En lo individual:
- Por la imprecisión con que están redactados lo delitos contra el honor dejan un amplio margen para calificar cualquier expresión como delito.
- Porque las injerencias políticas impidieron que se le garantizara un debido proceso.
- Por la calificación de los hechos como un concurso real, permitiendo la sanción desproporcionada que realizó el Tribunal de Sentencia al haber condenado por seis delitos y no por uno solo.
- Porque la pena de diez años y ocho meses a la que fue condenado el comunicador es excesiva, arbitraria e innecesaria para resarcir el daño ocasionado a la víctima.
- Por la desobediencia del Poder Judicial ante la obligatoriedad de las resoluciones de la CIDH.
En lo colectivo:
- Porque la inclusión de estos delitos en la ley penal y la aplicación de sentencia con penas desproporcionadas, poseen el efecto de intimidación y autocensura sobre el libre ejercicio de la libertad de expresión y afectando no solo a las personas sancionadas, sino a toda la sociedad. Aún cuando diferentes organismos internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Interamericano como de las Naciones Unidas, han recomendado al Estado de Honduras despenalizar las figuras de injuria, calumnia y difamación por ser contrarias a los estándares internacionales en la materia.
- Por el riesgo que genera para otras personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH que ante el desacato del Estado de Honduras en este caso, les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
De manera que exigimos:
- Que el Estado de Honduras cumpla con las obligaciones ante el Sistema Interamericano, tal como lo ha demandado este día la CIDH y reconsidere la detención del periodista David Romero.
- Que la Corte Suprema se pronuncie al más breve plazo sobre el proyecto de ley de despenalización de los delitos contra el honor.
- Que el Congreso Nacional someta al pleno para su aprobación el proyecto de despenalización de los delitos contra el honor.
- Que Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) cumpla su responsabilidad de asegurar a toda la población el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
Tegucigalpa, 29 de marzo 2019
