Tegucigalpa, Honduras (C-libre). El periodista Fausto Elio Hernández de 58 años de edad, corresponsal y presentador del programa de noticias “La Voz de la Noticia”,
que se trasmite por Radio Alegre en el municipio de Saba departamento de Colón, al norte de Honduras, se convirtió el día sábado 10 de marzo, en el segundo periodista hondureño asesinado en lo que va del año 2012.
Según el reporte preliminar de la Policía Nacional de la localidad, alrededor de las 10:30 de la mañana, Hernández fue asesinado por desconocidos que le infirieron varios machetazos (arma blanca) en su cuerpo.
El hecho ocurrió la mañana del día sábado en la colonia “Standar”, mientras el comunicador se dirigía, en su bicicleta, a su vivienda ubicada en la aldea Golondrinas del municipio de Saba.
Los vecinos del sector denunciaron a los miembros de la policía que tras escuchar gritos, observaron como varias personas huían de la zona del crimen.
Desde hace nueve años, Hernández ejercía el periodismo; primero en su ciudad natal Olanchito en el departamento de Yoro y desde hace 8 años se desempeñaba como corresponsal y presentador en radio Alegre, pero también colaboraba para una televisora local propiedad del mismo dueño de la estación radial.
El periodista difundía temas informativos referentes a la administración municipal, el Registro Nacional de las Personas, los conflictos agrarios en la zona del Bajo Aguan y recientemente había abordado el incendio en la granja penal de Comayagua en donde murieron 361 reos.
Durante la administración de Porfirio Lobo Sosa han ocurrido 19 crímenes de periodistas y comunicadores sociales. En la actualidad estos homicidios permanecen en completo estado de impunidad. Al respecto el Presidente de la República declaró, el 19 de noviembre de 2011, que su gobierno está aplazado en cuanto a la investigación de estos hechos, por lo que es entendible que no hay voluntad política para resolver los asesinatos.
La anterior situación de injusticia, caracterizada, a su vez, por una investigación simplista y reducida de los hechos, sumada a la ineficiencia judicial, han contribuido a crear un ambiente hostil para el ejercicio de la profesión cuya principal amenaza es la violencia extrema.