Alerta 194-2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El Presidente de la Republica Juan Orlando Hernández Alvarado, volvió a criminalizar las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en una entrevista con el periodista Renato Álvarez de la Corporación Televicentro.
El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), denunció que el Presidente «hizo una declaración afirmando que organizaciones de derechos humanos recibían dinero de grupos pandilleros y que solo estaba pendiente de ultimar investigaciones para denunciar esta situación. Además volvió a insistir en su creencia de que su quehacer es proteger los derechos de las víctimas».
Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, «que la labor de defensoras y defensores es fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho. Las y los defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y la consolidación de las democracias, ya que el fin que motiva la labor que desempeñan tiene repercusiones en la sociedad en general, y busca el beneficio de la misma».
A la denuncia de la organización se han sumado diferentes organizaciones pertenecientes a la Coalición Contra la Impunidad, un espacio que agrupa más de 35 organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El CPTRT lamentó, lo que calificó como una declaración «imprudente» por parte del mandatario, pues no era necesario enviar un mensaje a la sociedad que sirve, básicamente para estimular campañas de descredito en contra de las organizaciones.
«Instigar el rechazo y descredito hacia las organizaciones de Derechos Humanos de forma generalizada e indiscriminada por parte de la más alta autoridad del país solo puede interpretarse como el fomento de la apología del odio con el fin de hacer aún más difícil la dura tarea de promover, proteger y defender los Derechos Humanos en nuestro país en circunstancias en que se observa una clara tendencia al ejercicio del poder despótico», dice en un comunicado la organización.
La institución demanda al Presidente que «se abstenga de atropellar nuestra dignidad y se comporte con la prudencia que corresponde a su alta investidura».
Los defensores recuerdan la actual administración mantiene una elevada tasa de impunidad y colocó como ejemplo lo ocurrido con las 253 denuncias por tortura presentadas a la Fiscalía de Derechos Humanos durante el año 2009 que solo se presentaron 37 acusaciones lo que resultó en 85% de impunidad.
¿Quién entonces deja sin protección a las víctimas, el Estado o las organizaciones de Derechos Humanos? Se preguntó la organización.
«La Comisión Interamericana recuerda que es deber de los Estados reconocer públicamente que el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no contravienen las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas. Todas las autoridades y funcionarios estatales deben tener conciencia de los principios relativos a las actividades de los defensores y su protección, así como de las directrices aplicables a su observancia».
El pasado 14 de julio el titular del Poder Ejecutivo estigmatizó y amenazó a las organizaciones de derechos humanos, en conferencia de prensa desde Casa Presidencial.
“Con mucha sorpresa pude constatar de que llega información a nivel de ONG, a nivel de administración, llega información a la oficina de los congresistas y senadores que muchas veces proviene de hondureños y de hondureñas que tergiversan la verdad…Aun sabiendo que con eso hacen un enorme daño a Honduras”, dijo Hernández en aquella oportunidad una situación que se ha vuelto a repetir en contra de los defensores y defensoras.
Comité por la Libre Expresión.
