Alerta 047-2017
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El periodista y diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Bartolo Antonio Fuentes, fue querellado por el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) Hilario Espinoza.
La querella es por los supuestos delitos de “difamación”, por unas declaraciones que el diputado a Radio América, en el marco del día del trabajador, el pasado 01 de mayo.
Al parecer el Fuentes hizo referencia al silencio de los dirigentes obreros ante la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández.
Fuentes manifestó al Comité por la Libre Expresión que “como periodista tiene una fuente directa que le aseguró que el sindicalista fue asesor del gobierno y como periodista tengo derecho a no revelar la fuente”.
El comunicador aseguró que “no he acusado a Hilario de cometer ningún delito, el puede ser asesor del gobierno si quiere, y cobrar lo que quiera, el problema es que él es dirigente sindical y representa a trabajadores del Estado”, puntualizó.
La convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 13, que «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
Sobre las Leyes de Difamación Criminal, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha dicho que «el 13 de septiembre de 2002, en Dakar, Senegal se celebró la décima reunión general del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión.
La declaración suscripta por las organizaciones participantes expresa que las leyes diseñadas para dar protección especial de la crítica pública y escrutinio por parte de la prensa a líderes nacionales, altos funcionarios, símbolos del Estado y la nacionalidad, son anacronismos en las democracias y amenazan los derechos de los ciudadanos al acceso libre y pleno a la información sobre su Gobierno. La declaración insta a los Gobiernos a eliminar esas leyes anticuadas. Y, finalmente, se expresa que “Las leyes normales y razonables contra la calumnia y la difamación que estén a disposición por igual de todos los miembros de la sociedad son suficiente protección contra cualquier ataque injusto. Esas leyes deberían ser del derecho civil, no del derecho penal, y deberían prever sólo casos de daños y perjuicios demostrables.
Comité por la Libre Expresión
