Alerta 073-2017

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Policía Nacional (PN) junto a Antimotines y Militares, nuevamente desalojan de manera violenta a estudiantes universitarios que protestaban frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La acción duro dos horas con 15 minutos la tarde de este miércoles 02 de agosto en la ciudad universitaria en donde decenas de policías antimotines apoyados por tanques lanza agua, han desalojado a los educandos que exigen la instalación de un gobierno provisional en la Universidad y la renuncia de las actuales autoridades.

Los estudiantes llevan más de un mes de protestas y al respecto La Policía Nacional ha convertido en costumbre reprimir cualquier acto de protesta de los estudiantes, en la Universidad

Nacional. En esta ocasión la policía ha lanzado decenas de bombas lacrimógenas, dentro y fuera de las instalaciones de la máxima casa de estudios del país.

Las autoridades de la universidad han manifestado respecto a la represión y las exigencias de los estudiantes que “se trata de un problema de Estado”, en referencia al respaldo que recibe de los sectores políticos y económicos que la sostienen al frente de la UNAH.

Cabe resaltar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha calificado la exposición a gases lacrimógenos como tortura y por su parte la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

De igual manera la Organización de Naciones Unidas, ha establecido que el uso armas no letales, como es el caso de las bombas lacrimógenas, queda sujeto a cuatro condiciones: “(i) su ejercicio debe ser sólo excepcional y en proporción con la gravedad del peligro que desea prevenirse; (ii) su uso no podrá derivar en lesiones o amenazas a la vida; (iii) deberá asegurarse la presencia del personal médico necesario para atender a cualquier herido y (iv) deberán implementarse mecanismos que permitan informar, a familiares y amigos, del estado de salud de las personas que puedan verse afectadas”.

Comité por la Libre Expresión