Las defensoras y defensores de Derechos Humanos de diferentes pueblos y territorios de Honduras frente a la situación de riesgo, en que actualmente nos encontramos nos pronunciamos de la siguiente manera:
- Reconocemos y valoramos el aporte a los Derechos Humanos que realizan las defensoras y defensores de derechos humanos que libramos una valiente lucha para gozar del derecho a la vida, el agua, el derecho a un ambiente saludable, bienes comunes y naturales, el acceso a la tierra, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la igualdad, al acceso a la justicia, a la verdad sobre violaciones a derechos humanos, una vida libre de violencia, al matrimonio igualitario, a la salud sexual y reproductiva, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a la cultura, autodeterminación y a un Estado laico.
- Declaramos que realizamos nuestra labor de defensoría en un Estado con un gobierno dictatorial, usurpador del poder público, altamente corrupto, militar, y con funcionarios que forman parte del narcotráfico y crimen organizado, que han cooptado la institucionalidad, destruido la democracia y el Estado de derecho.
- Declaramos que nuestras herramientas para la defensa y promoción de los Derechos Humanos son pacíficas, basadas en las acciones de denuncia y el derecho de petición ante las instituciones del Estado, y si no se atienden usamos el derecho a la protesta social, el derecho a la reunión y a la libertad de expresión.
- Denunciamos que producto de nuestra labor de defender Derechos Humanos somos víctimas de campañas de desprestigio, estigmatización, vigilancias, procesos penales ilegales, amenazas, hostigamientos y asesinatos por parte de funcionarios públicos en colusión con personas privadas como empresarios nacionales e internacionales, corporaciones de comunicación, escuadrones de la muerte, grupos paramilitares y sicarios, cobijados bajo la impunidad.
- Denunciamos La creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que impone la militarización agudiza el riesgo, el control ciudadano, las amenazas y agresiones a las y los defensores de derechos humanos.
- Denunciamos que cada día la agenda conservadora, fundamentalista y transnacional infiltra las instituciones del Estado, queriendo imponer su visión retrógrada y anti derechos que ataca el Estado Laico, la diversidad de ideas y la vida.
- Denunciamos los impactos negativos que está generando el modelo de desarrollo agresivo basado en el extractivismo, que ha privatizado y concesionado el territorio nacional (tierra, agua, el viento, el sol), con proyectos inconsultos amparados en la secretividad y agravados por las acciones criminales por parte de las empresas propietarias y el Estado que no respetan las consultas, declaratorias, debidos procesos y convenios internacionales que amparan la autodeterminación de los pueblos.
- Denunciamos que las instituciones del Estado encargadas directamente de defender y proteger los derechos fundamentales, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el Poder Judicial y la Secretaría de Derechos Humanos, precarizan aún más la situación de las y los defensores de derechos humanos, pues no cumplen con los deberes y obligaciones que les imponen la Constitución y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Estas instituciones profundizan la impunidad, carecen de independencia y se han vuelto una corporación que persigue y hostiga a las y los defensores de derechos humanos.
- Denunciamos la criminalización impulsada por la institucionalidad del Estado para proteger los intereses de los consecionarios y quienes manejan empresas extractivas en el país. Acciones por parte del gobierno en contra de la defensa de los territorios, en la comunidad de Guapinol (Tocoa) y campesinos en el Bajo Aguán, Playa Blanca (Zacate Grande), Los Prados (Namasigüe), Reitoca (FM), La Unión (Copán), Chinda (Santa Bárbara), San José (La Paz), los diferentes asentamientos, comunidades y pueblos originarios.
- Condenamos enérgicamente la persecución, criminalización, estigmatización y asesinatos a la población estudiantil que alzan su voz en la defensa de sus derechos a través del derecho a la manifestación pública. Exigimos el cese a la criminalización y la inmediata liberación de los 3 estudiantes universitarios encarcelados injustamente, y que mañana 11 de Diciembre deben ser sobreseídos de forma definitiva.
- La única acción del Estado como respuesta a la exigencia de las organizaciones para que cumpla con sus obligaciones de protección a las y los defensores ha sido aprobar en 2015 la Ley de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia. A tres años de vigencia, el Estado hondureño continúa en deuda para un cumplimiento efectivo de la referida ley, no ha contribuido a disminuir el riesgo al que nos enfrentamos cada día. Aún más agravado es que el Estado se muestra inoperante hacia un cumplimiento efectivo de las Medidas Cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo podemos ver con los asesinatos de Berta Cáceres (marzo 2016), José Ángel Flores y Silmer Dionisio George (octubre 2016) y Julio Alemán (enero, 2017) todos titulares de medidas de protección del Estado.
- Anunciamos que para continuar con las exigencias de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones en materia de prevención, garantía y protección de los derechos humanos y especialmente de las obligaciones de garantizar el derecho a defender derechos, las organizaciones firmantes hemos constituido un espacio para fiscalizar la institucionalidad encargada de los planes de protección, de investigar y sancionar a los responsables de las agresiones a las y los defensores de derechos humanos.
Continuaremos exigiendo a quienes conforman el Sistema Nacional de Protección de defensores y defensoras, lo siguiente:
- Monitorear en terreno, el real cumplimiento de las medidas de protección, otorgadas a defensores y defensoras en el país.
- A las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía Militar de orden público (PMOP) que no continúen agrediendo a las y los defensores de derechos humanos, que por el contrario cumplan con su rol de proteger la vida de todos y todas; y que respeten el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país.
- Al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, a que cese la criminalización a las distintas acciones de resistencia, de encarcelar a lideres y lideresas sociales y que se comprometa, desde su recién creada Fiscalía Especial para Protección de periodistas y defensores, a llevar tras las rejas a quienes nos violentan, sin importar militancia política, clase social o su nivel de influencia en la vida nacional.
¡Muchas voces, muchas resistencias, muchas organizaciones en una sola voz
Para defender el derecho a defender derechos en Honduras!
Tegucigalpa, 10 de diciembre de 2018
Día Internacional de los Derechos Humanos.
Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS)
Movimiento Ambientalista de la Paz
Plataforma Agraria.
Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguan (OPDHA)
U.T.C. La Paz
Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
Consejo Indígena Lencas de Santa Ana, Francisco Morazan.
Asociación Para El Desarrollo de la Península De Zacate Grande (ADEPZA)
ARCOIRIS.
Centro para el Desarrollo y la Cooperación (Somos CDC)
Radio “La Voz de Zacate Grande”
Comunidades Organizadas en Namasigue, Choluteca.
Red de Abogados de Defensores de Derechos Humanos del Sur.
Grupo Campesino Jardines del Valle de Santa Barbara.
Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE)
