Alerta No.117-2018

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- La última protesta del año fue reprimida fuertemente este viernes en la sureña ciudad de Choluteca, los manifestantes que se aprestaban a culminar la manifestación que habitualmente se desarrolla todas las semanas en rechazo al actual gobierno se enfrentaron a los gases lacrimógenos lanzadas a mansalva varios elementos policiales y militares.

“Hay una fuerte represión por parte de las fuerzas represivas para el Estado y hoy estamos denunciando la falta de presupuesto y medicinas en el hospital del Sur, hoy que se cumple la 104 protesta en la ciudad.

Entre otros aspectos los manifestantes expresaron su descontento por el alto costo de los alimentos, los combustibles, el proceso de privatización de la salud pública, “la estafa de la energía Hernández” que realiza una gran condonación a las empresas y al pueblo lo está ahorcando esa tal empresa Energía Honduras, expresaron.

Los participantes de la protesta reclamaron también al jefe de la Policía local por amedrentar a quienes protestan.

Por otra parte, el periodista Jairo López, denunció públicamente que “el Clase 1, Cuevas y el Policía Morán quisieron además arremeter contra la escolta policial” otorgada a su persona por el Mecanismo Nacional de Protección, en el momento que acompañaba la cobertura periodística.

Según las denuncias de las organizaciones de derechos humanos de Choluteca además de los manifestantes fueron agredidos varios pobladores y dueños de negocios afectados por el abuso de las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas inclusive en el interior de las viviendas aledañas.

“A los policías no les importó que les dijimos que éramos defensoras de derechos humanos o que tengamos medidas cautelares de protección”, lamentó Nivia Vargas, una de las defensoras en la zona que hizo público un video y posteriormente viralizado en diversas páginas de redes sociales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que “la protesta social pacífica, como una manifestación del derecho de reunión, es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades, así como para la fijación de posiciones y planes de acción respecto de los derechos humanos” (CIDH, 2016:167).

Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión “la penalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición”. (CIDH, 2005).