Alerta No. 003-2019
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Carlos Martínez deberá comparecer nuevamente ante un Tribunal de San Pedro Sula, luego que el diputado al Congreso Nacional, Bernardo Enrique Yllescas, presentó una querella, bajo el supuesto delito de difamación e injurias.
El diputado por el departamento de Cortés, quien recientemente renunció al Partido Alianza Patriótica (PAT), interpuso la querella el 12 de octubre del año pasado, porque -a su criterio- su imagen ha sido dañada en un espacio televisivo, donde participa el comunicador.
El tribunal sampedrano, a través de la Sala Cuarta, programó para el próximo 31 de enero la correspondiente audiencia de conciliación.
Yllescas, quien ejerce una de las vicepresidencias de la junta directiva del Poder Legislativo, es conocido por haber propuesto en mayo de 2018, la reactivación del Servicio Militar Obligatorio; acción rechazada por organizaciones defensoras de derechos humanos que lograron su abolición junto a organizaciones sociales en 1994.
De acuerdo con el sitio web Noticias 24/7 Hn, la oficina de comunicaciones del Poder Judicial en San Pedro Sula, hizo pública la querella contra el periodista el pasado 11 de enero (siendo una acusación de carácter privado), pero fue notificado hasta este 17 de enero.
Martínez, productor y conductor de los programas “La Tertulia” y “En la mira”, transmitidos por Canal 6, enfrenta nuevamente un proceso penal luego que, en junio del 2018, la exdiputada por el oficialista Partido Nacional, Brenda Mercedes Flores presentara una querella contra el comunicador. Misma que fue retirada posteriormente.
C-Libre contabiliza 41 procesos penales, relacionados con delitos contra el honor desde el año 2003. De los cuales 13 son dirigidas a periodistas.
En las observaciones hechas luego de su visita a Honduras, en junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), remarcó el uso frecuente del derecho penal “como mecanismo para inhibir y hostigar a quienes ejercen el periodismo”.
En sus recomendaciones, la CIDH llamó al Estado hondureño a revisar la legislación nacional “eliminando figuras penales o legales que puedan restringir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas”.
