Alerta No. 019-2020
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El propietario de Canal 36, Esdras Amado López y su apoderado legal, presentaron un recurso ante la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego que se anulara mediante fallo, la condena contra un militar que asaltó las instalaciones de la televisora en 2009.
Lo que originó la acción fue una resolución de la Sala Penal en la que se anula la condenatoria contra el coronel Arnulfo Jiménez, de cinco años en prisión, por daños provocados contra el equipo de transmisión de Canal 36, en la madrugada del 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el entonces gobernante, Manuel Zelaya Rosales.
Jiménez fue condenado en agosto de 2014 por daños al equipo de transmisión de Canal 36 y de Radio La Catracha, ambos propiedad del periodista Esdras Amado López.
En declaraciones a Radio América, López aseguró que esta decisión es para favorecer al coronel.
“Por órdenes del presidente (del Poder Judicial) Rolando Argueta, esta sala le da vuelta al juicio y manda a que se repita ahorita en marzo con jueces distintos”, denunció el periodista.
La repetición del juicio está programada para el próximo 10 de marzo, aunque se espera la resolución del recurso presentado por el propietario del canal y su equipo legal.
C-Libre, en su Informe sobre Libertad de Expresión del año 2009, registró cerca de 44 violaciones a la libertad de expresión, entre ellas: acciones intimidatorias, actos de censura, represalias económicas, acciones contra la integridad psico-física del periodista y la utilización del marco legal para impedir la libre expresión entre otras.
Un informe del entonces Relator de Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y Opinión, Frank La Rue, publicado luego de su visita a Honduras, evidenció ataques a periodistas, reporteros gráficos, represión a protestas contra el Golpe de Estado y el cierre de medios de comunicación por parte de la fuerza pública.
En dicho informe, La Rue expresó: “Puedo afirmar que en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado”.
De acuerdo con la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en su numeral nueve, expone que las acciones como “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Añade que los estados deben “prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
