Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, articulación que aglutina a más de 30 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos con el fin de monitorear la situación actual del país, denunciamos que las actuales medidas del Estado hondureño para responder a la pandemia han sometido a un inminente riesgo a las personas defensoras de derechos humanos, quienes han visto obstaculizado su trabajo como consecuencia de las limitaciones de movilidad. Quienes defienden y promueven los derechos humanos, se enfrentan al peligro de ser detenidas, y no cuentan con mecanismos que garanticen el ejercicio de su labor de manera segura.
Actualmente, se viven en el continente las consecuencias de una crisis social y sanitaria que se agrava por la actual pandemia y la acelerada propagación de la COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 11 de junio del 2020, Honduras registraba 8.132 casos confirmados a nivel nacional, así como 306 lamentables defunciones. Los riesgos que enfrenta la población hondureña frente al coronavirus se agravan en el contexto de corrupción que impacta al país, uno de cuyos efectos es el sistema de salud debilitado, y ante medidas estatales implementadas para la mitigación del virus que vulneran los derechos humanos de la población.
En particular, la situación se complica con la declaratoria de estado de emergencia y la ratificación por el Congreso Nacional PCM 21-2020, PCM 22-2020 y PCM 26-2020 contentivos de la restricción a nivel nacional de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 103 de la Constitución de la República, con medidas tales como el confinamiento obligatorio, la prohibición de tránsito de las personas salvo algunas excepciones y el fortalecimiento de la fuerza policial y militar para la vigilancia del cumplimiento de dichas medidas.
Ante este panorama, las condiciones de trabajo y riesgo en la labor de monitoreo y defensa de los derechos fundamentales se han agravado. Organizaciones locales han denunciado que el toque de queda y la restricción de garantías han favorecido la persecución, vigilancia y criminalización de las y los defensores de derechos humanos. Entre otros, se ha registrado el caso de la defensora y lidereza del movimiento Bastión Al Sur, Aleyda Huete, detenida arbitrariamente el 17 de marzo de 2020 por elementos de la Policía Nacional. Horas más tarde, el juez decretó su libertad bajo fianza de 30 mil lempiras y medidas sustitutivas bajo la acusación de “tenencia ilegal de arma de fabricación casera” y “almacenamiento de artefactos explosivos en perjuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras”.
Igualmente, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), reportan el constante asedio y ataques por parte de las fuerzas militares y policiales; prácticas que se han profundizado por las medidas gubernamentales para la contención de la pandemia.
El Estado tuvo oportunidad de rectificar sus acciones, cuando en los primeros días de mayo fueron interpuestos por defensores y defensoras de derechos humanos hasta 11 recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional; sin embargo, y a pesar de la premura que exige este contexto, fue hasta el 8 de junio de 2020 que la Sala de lo Constitucional notificó la inadmisibilidad de los recursos presentados, profundizando así, el estado de indefensión de defensoras y defensores de los derechos humanos en Honduras.
Las personas defensoras ven obstaculizado su quehacer, dado que la labor de defensa de derechos humanos no se encuentra dentro de las excepcionalidades que permitirían transitar en Honduras. Asimismo, la solicitud de salvoconductos no representa una opción viable y segura para las y los defensores pues, de acuerdo con organizaciones nacionales, el Estado solicita los datos personales y de actividades a quienes tramitan los salvoconductos, cuestión que, en un contexto de criminalización sistemática de defensa de derechos humanos, puede resultar en un mecanismo de control y vigilancia constante que vulnera la seguridad de personas defensoras, organizaciones, colectivos y movimientos.
En diversas ocasiones, organismos internacionales protectores de los derechos humanos han recalcado que la declaratoria de Estado de Emergencia o Estado de Excepción no deberían someter a un riesgo mayor a la población y se exhorta a implementar medidas en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos y al Estado de Derecho. Recordamos lo que ya ha recalcado la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH) sobre la indispensabilidad de garantizar el trabajo, labor y actividad de las y los defensores de derechos humanos, a fin de monitorear todas aquellas medidas que se adopten y que conlleven afectación o restricción de derechos humanos.
Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas enfatizó que las facultades de emergencia solo deben usarse en aras de objetivos legítimos de salud pública y no como base para aplastar a la disidencia, silenciar la labor de periodistas y defensores de derechos humanos o adoptar cualquier otra medida que no sea estrictamente necesaria para abordar la situación sanitaria.
Recalcamos la preocupación expresada por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras instándole a proteger y garantizar la labor de defensa de derechos humanos que ejercen defensoras y defensores en el país. Al adoptar medidas para hacer frente a la pandemia por COVID-19, los Estados deben prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en la labor de defensa y fiscalización de derechos humanos.
Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras manifestamos públicamente nuestra preocupación por esta situación e instamos al Estado hondureño a:
1. Reconocer la importante y necesaria labor de defensa y fiscalización que llevan a cabo las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19; lo cual implica, brindar todo el apoyo necesario para el cumplimiento de su importante labor en condiciones de seguridad y privacidad.
2. Abstenerse de criminalizar y estigmatizar a las personas defensoras de derechos humanos, así como adoptar todas las medidas necesarias para protegerles cuando su vida e integridad personal se encuentren en peligro, implementando una estrategia de prevención efectiva y exhaustiva y ajustando los esquemas de protección cuando sea necesario, considerando el riesgo agravado enfrentado por defensoras y defensoresdebido al contexto de propagación de la pandemia y las medidas de excepción adoptadas por el Estado.
3. Garantizar la vida e integridad de personas defensoras de derechos humanos en contextos de cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio, sin margen a hostigamientos, amenazas y arbitrariedades. El Estado debe investigar con celeridad y diligencia los asesinatos y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en todo momento.
Las Américas, 23 de junio de 2020.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
Nacionales:
Asociación de Jueces para la Democracia (AJD)
Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA)
Comité por la Libre Expresión
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Internacionales:
Amnistía Internacional
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo ANSUR
Diakonia Honduras
Entrepueblos
Fondo de Acción Urgente para América Latina
Foro Honduras Suiza
Front Line Defenders
Fundación Acceso
Fundación para el Debido Proceso
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
JASS Mesoamérica
Latin America Woking Group
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection Internacional Mesoamérica
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
OXFAM Honduras
Trócaire
