Alerta No. 111-2020

Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- El periodista Santiago López denunció un nuevo incidente en su contra en apenas nueve días. Esta vez se trata de haber encontrado ponchadas las llantas delanteras de su vehículo.

Según declaraciones del periodista al medio digital Pasos de Animal Grande, el daño a su automóvil, ocurrió por la madrugada del día tres de septiembre, luego que unas horas antes, regresara de cubrir un suceso en la carretera que conduce hacia Gracias, departamento de Lempira.

López, corresponsal del canal televisivo HCH en el departamento de Copán, detalló que, al regresar a su casa esa noche, donde también realiza labor periodística (especialmente edición), revisó su vehiculó, ya que lo estaciona en la calle. Al amanecer del día siguiente, encontró las llantas sin aire y el dibujo de una mano en el guardafango del carro.

De acuerdo con el testimonio del comunicador, llamó a la sede de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona para que investigara los hechos.

“Cuando me preguntaron de quien sospechaba, yo les dije que, de los compañeros de ellos, que son de quienes he tenido acciones de amenaza y ataques”, dijo Santiago López al periódico digital en mención.

Los miembros del ente investigativo reaccionaron molestos y decidieron irse del lugar, argumentando que “eso es normal, que los vehículos así amanecen”, según el periodista.

El pasado 24 de agosto, el periodista declaró en la emisión de noticias de HCH, haber sido víctima de amenazas de muerte por un miembro de la Policía Nacional, de apellido Portillo.

C-Libre registra la quema de una motocicleta el 21 de octubre de 2019, frente a su casa de habitación. Días antes, el periodista cuestionó la falta de acción por parte del Ministerio Público a una denuncia que interpuso en el mes de septiembre de ese año, por amenazas en su contra.

En 2020, ha sido objeto de censura por parte de la directora de la Región Metropolitana de Salud, Gloria Fajardo, quien aseguró que no daría declaraciones al periodista por “tirar cosas en contra mía”, esto en el marco de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.

Al respecto, el informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios, de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, establece que los Estados tienen la obligación de proteger a periodistas en situación de riesgos, mediante la aplicación de medidas necesarias para asegurar su vida, integridad personal.

Mientras que, la Declaración conjunta sobre delitos contra la libertad de expresión, firmada por expertos en el tema en el año 2012, puntualiza que los Estados deben crear programas de protección especializados, los cuales deben tomar en cuenta tengan en cuenta las necesidades y obstáculos “en entornos donde exista un riesgo continuo y grave de que se produzcan delitos contra la libertad de expresión”.