El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Prensa Hondureña (APH), ante el aumento de las presiones sobre el ejercicio del trabajo periodístico en Honduras y de las agresiones contra los trabajadores de la comunicación e información, especialmente sobre la divulgación de información pública relacionada con el manejo de los fondos estatales destinados a enfrentar las emergencias humanitarias producto de COVID-19, ETA y IOTA nos pronunciamos en los siguientes términos:
- Desde el 15 de marzo al 30 de noviembre de 2020, fecha del inicio de la cuarentena por COVID-19 en Honduras, se han cometido un total de 89 AGRESIONES CONTRA TRABAJADORES DE LA INFORMACIÓN, todas ellas, en el marco de la labor noticiosa, de acuerdo con cifras de C-Libre.
- Bajo este contexto, es de nuestro conocimiento, que actores estatales y privados en Honduras, mantienen fuerte presión sobre medios de comunicación al punto de enviar cartas exigiendo a los dueños de medios de comunicación el despido de periodistas que han realizado investigaciones, denuncias o cuestionamientos sobre el manejo de fondos por las emergencias humanitarias por COVID-19, ETA y IOTA.
- Durante última semana de noviembre se registraron cuatro SECUESTROS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA, por parte de desconocidos, con la finalidad de imponer un régimen de censura al abordaje informativo sobre las actuales crisis humanitarias que atraviesan los hondureños y hondureñas. A partir del momento en que se perdió toda comunicación. Conforme a los estándares internacionales, sufrieron una DESAPARICIÓN FORZADA.
- En las últimas horas, al menos DOS PERIODISTAS DE SAN PEDRO SULA ANUNCIARON PÚBLICAMENTE QUE ESTÁN A PUNTO DE SALIR DEL PAÍS de forma temporal, con la finalidad de salvaguardar su vida e integridad física.
- Es importante destacar LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CERCO INFORMATIVO PARA EVITAR QUE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS REALICEN SUS LABORES HABITUALES en el marco de la pandemia, como la obstaculización del acceso a la cobertura del arribo de los hospitales móviles y de los sitios en los que se instalan, y la detención policial de al menos nueve periodistas en retenes policiales, pese a que se encuentran dentro de las excepciones contenidas en los PCM 21-2020 y los subsecuentes decretos del Presidente en Consejo de Ministros.
En consiguiente:
- Urgimos a las autoridades del Estado hondureño a actuar de acuerdo a su obligación de preservar la vida, integridad física y psicológica de los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación e información en Honduras, así como garantizar las condiciones para el ejercicio de su trabajo.
- Instamos a los y las trabajadores de la comunicación, continuar con su enorme aporte a la veeduría social en cuanto al manejo de los fondos públicos y cualquier hecho de interés público.
- Exigimos al Mecanismo Nacional de Protección renovar esfuerzos para garantizar la integridad de los periodistas, que durante los últimos meses han visto mermados las medidas de protección de parte de esta instancia.
- Exigimos que se permita el ejercicio de la protesta pacífica y se detenga el hostigamiento e interferencia de comunicaciones hacia quienes participen de la misma o realicen coberturas periodísticas sobre estos hechos.
- Abogamos para que la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, documente las agresiones contra la prensa y canalice a nivel internacional la información proporcionada. Así como que se incrementen sus esfuerzos para asesorar a la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, al Poder Ejecutivo, a las fuerzas policiales, las Fuerzas Armadas y otras instituciones responsables de las políticas en derechos humanos para que cumplan con su obligación de respetar los instrumentos y convenios internacionales en la materia.
- Hacemos un llamado a las embajadas acreditadas en Honduras, a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a comunicar de manera firme al Estado hondureño su rechazo y preocupación por estos hechos, y exhortarlo a asumir sus obligaciones de garantizar y proteger los derechos humanos.
- Exigimos a la fiscalía especial de protección de defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia del Ministerio Público, que abra una investigación de oficio sobre las agresiones cometidas contra periodistas y lamentamos que pese a transcurridos tres años de su creación han demostrado su poca eficacia en llevar a juicio a los culpables de violaciones a derechos humanos.
