Tegucigalpa, Honduras, 20 de abril de 2021. La Coalición Contra la Impunidad (CCI) integrada por 53 organizaciones de sociedad civil junto a Cristosal, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Bufete Justicia para los Pueblos y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, presentamos este día una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 154-2020 en vigencia a partir del 11 de enero de 2021, el cual es discriminatorio ya que dispone la suspensión de los cabildos abiertos presenciales que establece la Ley de Municipalidades y habilita la realización de estos en formato virtual, en menor cantidad lo que solamente la población que posea las condiciones económicas de acceso a equipo e internet podrá ejercer su derecho a la participación política.
Este decreto contraviene la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violenta las normas que contienen los derechos de igualdad y no discriminación y participación política. La realización de cabildos virtuales en el marco de emergencia decretada por la pandemia de COVID-19 es discriminatorio ya que en Honduras solo de 31.7% de la población tiene algún tipo de acceso a internet, de estos el 81.3% se concentra en zonas urbanas y apenas el 18.7% en zonas rurales, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras (INE).
También este decreto suspende los procesos de elección de los cargos a comisionados municipales de transparencia y juntas directivas de patronatos de las 298 municipalidades del país prorrogando el período para el que fueron electas por dos años y un año, respectivamente, suplantando la facultad de elegir que corresponde exclusivamente a la población del término municipal. Esto es de suma gravedad considerando la función primordial que cumplen los cabildos abiertos para las comunidades y territorios en cuanto a la participación ciudadana, pues en los municipios rurales que representan el 94% de la población de Honduras, estos espacios resultan ser el único mecanismo de participación para hacer efectivos sus derechos de acceso a la información y participación política directa frente a las operaciones de megaproyectos y proyectos extractivos instalados en sus territorios.
Por lo anterior, consideramos que el Decreto Legislativo 154-2020 resulta inconstitucional por transgredir los derechos constitucionales de participación política (art. 37 constitucional) e igualdad y no discriminación (art. 60 constitucional). Asimismo, contradice disposiciones contenidas en los artículos 1.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, siendo procedente la declaratoria de inconstitucionalidad y derogación del decreto en mención.
Por todo lo anterior, las organizaciones que forman parte de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) y el resto de organizaciones firmantes que suscriben esta acción, hacemos un llamado a los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de Honduras, a que admitan la presente acción, que le den trámite correspondiente y que una vez realizadas las diligencias según la ley, se proceda a declarar CON LUGAR el presente recurso y establecer la INCONSTITUCIONALIDAD TOTAL del Decreto Legislativo N° 154-2020.
A fin de que los derechos violentados sean restituidos y garanticen que toda la población sea parte de la vida pública de sus comunidades, accediendo a información oportuna y priorizando por parte de las autoridades el bienestar común y no los intereses de las empresas extractivas.
¡Que los cabildos abiertos sean para todos y todas y no una herramienta más para el saqueo!
