Alerta No. 054-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Momentos de angustia sufrió esta mañana el periodista y defensor de derechos humanos integrante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Cesario Alejandro Padilla, cuando un convoy de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Nacional de Honduras le amedrentaron en su vivienda.
De acuerdo con el relato de Padilla, quien es el coordinador del Sistema de Alertas de C-Libre y miembro fundador de la organización Pen Honduras, a eso de las 6:20 a.m. los agentes tocaron su puerta estruendosamente, “casi botan el portón”.
Al salir a verificar que ocurría uno de los policías le preguntó su nombre, – “Yo se los di”- expresó Cesario y luego me dijo que andaban buscando “un amigo” que se les “había perdido” y se fueron.
“Esto me ocasionó mucho temor porque la situación del país es delicada y la policía no está tan interesada en cumplir las medidas tal como se las ha mandado el Comité Técnico del Mecanismo”, razonó.
Igualmente, recordó que ha tenido varios incidentes con la Policía, pues llegan a tomarle fotografías a pesar de no estar autorizados pues como beneficiario del Mecanismo Nacional de Protección esta institución ha quedado vedada para darle protección.
En noviembre de 2020, los periodistas, Miriam Elvir y Cesario Padilla fueron detenidos arbitrariamente y torturados en un retén policial acusándoles de faltas a la autoridad y por grabar la detención su compañera de trabajo.
C-Libre le recuerda al Estado hondureño que está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos. El Estado también debe prestar especial atención a la situación de aquellos periodistas que por el tipo de actividades que desarrollan están expuestos a riesgos de una intensidad extraordinaria.
Cuando existe una situación estructural sistemática y grave de violencia contra periodistas y trabajadores de medios, la Relatoría Especial ha recomendado a los Estados establecer programas especiales de protección para atender a estos grupos.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó en 2015 la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, que creó un Comité Técnico del Mecanismo de Protección, encargado de realizar los dictámenes de análisis de riesgo, deliberación y decisión sobre las solicitudes de protección presentadas ante la Dirección General.
En 2020, durante el Examen Periódico Universal (EPU) Honduras aceptó la recomendación de “adoptar todas las medidas necesarias para preservar un entorno libre, seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación y garantizar que puedan realizar su trabajo sin sufrir intimidación ni hostigamiento”.
