Alerta No. 060-2021
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Dos periodistas fueron agredidos en horas de la noche del sábado 21 de agosto fuera de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), de Tegucigalpa, donde las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), convocaron a un sorteo para colocación en papeleta de las candidaturas para las elecciones del próximos mes de noviembre.
Uno de los periodistas agredidos fue Fernando Banegas, reportero de GO TV quien, al momento de entrevistar Miguel Briceño (quien resultó golpeado en su rostro por miembros del Partido Nacional) aspirante a diputado por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), le fue arrebatado su teléfono celular hasta caer al suelo.
“que les pasa, yo soy periodista, no hombre…”, reclamó Banegas, al momento que le dañaron su aparato celular, durante la confrontación entre simpatizantes de partidos políticos, fuera del INFOP.
De igual forma, el medio de comunicación televisivo condenó el hecho contra el periodista Fernando Banegas.
En el mismo sector, la periodista Alejandra Navarro de Noticiero HOY MISMO, denunció que los simpatizantes de partidos políticos, le arrebataron parte del equipo con el que transmitían la convocatoria hecha por el ente electoral.
Concretamente, Navarro responsabilizó a miembros del Partido Nacional de la agresión al equipo con el que realizaba su transmisión.
“Son seguidores del Partido Nacional que han agredido a la prensa, a Noticieros Hoy Mismo, le han quitado el equipo de trabajo y aquí están…”, es parte de la narración hecha por la periodista en un video que subió a la red social de Facebook de HOY MISMO.
Para el proceso electoral interno, del pasado mes de marzo, C-Libre, la Red de Alertas y Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales (RAPCOS) y el periódico digital Conexihon, reportaron diez agresiones contra periodistas cinco departamentos del país.
De acuerdo con la declaración conjunta de las relatorías de libertad de expresión, firmada en abril de 2020, los Estados tienen “una obligación especial de tomar medidas rápidas y eficaces para prevenir, proteger, investigar, juzgar y sancionar los ataques, las amenazas, la intimidación y el acoso, tanto en el ámbito virtual como fuera de este, contra periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, incluso contra sus bienes y familias, durante períodos electorales, particularmente en los casos en los cuales están o pueden estar involucrados actores del Estado”.
