Alerta No. 067-2021

Comité por la Libre Expresión (C-Libre). – La reportera gráfica Karen Sierra y el periodista Pablo Chavarría, corresponsales de HCH, fueron agredidos este 25 de septiembre del 2021, mientras realizaban una cobertura noticiosa, por un ciudadano no identificado, entre 50 y 60 años, acusado por atropellar a una persona de la tercera edad en la carretera principal de Santa Cruz de Yojoa.

Según lo relatado en el noticiero, Sierra y Chavarría estaban reportando el hecho, cuando el agresor golpeó en repetidas ocasiones la cara y otras partes del cuerpo de la camarógrafa, además le rompió la cámara y el celular.

Chavarría también fue agredido por el mismo sujeto. Una vez que la reportera logró apartarse del agresor, los policías de esa zona lo custodiaban y se lo llevaron a la posta policial, pero según informaron los reporteros al noticiero sabatino, no hay ningún registro de denuncia y el hombre actualmente no está detenido ni hay registros que comprueben su detención, ni por la muerte que provocó, ni por la agresión a los comunicadores.

Chavarría relató al medio que el hombre se enfureció por la cobertura del hecho noticioso y exponerlo frente a las cámaras. En su testimonio, asegura que el infractor venía en su vehículo con unas cinco mujeres y fue identificado por el corresponsal como “uno de los jefes de una supuesta compañía de modelaje”.

Según lo relatado, debido a la alta velocidad que conducía el sujeto, atropelló a una persona mayor en ese sector, ocasionándole la muerte. El sospechoso intentó huir del lugar de los hechos, por lo que la presencia de los corresponsales le hizo reaccionar violentamente contra ellos.

Las agresiones físicas contra periodistas y comunicadores sociales en Honduras por realizar su trabajo impactan en quienes ejercen su derecho a expresarse libremente. C-Libre recuerda que entre las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) adoptada por el Estado se encuentran “Adoptar todas las medidas necesarias para preservar un entorno libre, seguro y propicio para los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación y garantizar que puedan realizar su trabajo sin sufrir intimidación ni hostigamiento”.

Igualmente, la falta de evidencia de acciones de seguimiento de esta agresión hacía el 9 de septiembre, así como la omisión de líneas lógicas de investigación o la falta de diligencia en la recolección de pruebas pueden tener graves repercusiones en el desarrollo de los procesos y demuestran que pocos avances para “garantizar el pleno respeto y la protección de la libertad de expresión que sigue siendo limitada en Honduras y poner fin a todas las formas de violencia contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recuerda que, existe “la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los periodistas a un mayor riesgo de violencia. A este respecto, la Relatoría ha recordado, entre otras cosas, que una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno. De igual forma, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables.