Alerta No. 012-2022
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).- Unos días antes del atentado en el que estuvo a punto de morir la periodista Riccy Moreno sufrió una serie de amenazas, seguimientos de desconocidos y captura de su información digital, que podría haber sido usada dolosamente.
Así lo reveló este nueve de febrero, a través de un video en su cuenta de Instagram riccymorenop en el que después de lo ocurrido en octubre, cuando fue atacada a balazos por el empresario de la zona norte, Enrique Peña.
“Decidí aclarar esto por mi familia, por mis amigos, por mi pareja y por todas las calumnias que se dijeron en ese momento, es momento que de mi versión de todo lo sucedido”, dijo la también excandidata a diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre).
Moreno relató que unas semanas antes del atentado contra su vida recibió unos mensajes en WhatsApp de un número desconocido, en el que le decían que tenían información de ella y del iCloud de su teléfono. De acuerdo con su relato, no cambió sus contraseñas, pero el hecho la puso en estado de alerta.
Una rápida búsqueda refleja que existen varios perfiles de la presentadora, con diversas fotografías como: , que no son sus cuentas oficiales.
La joven es reconocida en las redes sociales, en las que cuenta con más de 700 mil seguidores con quienes comparte su diario vivir a través de las diferentes plataformas digitales.
Seguimientos de vehículos desconocidos
“Después comencé a recibir imágenes mías saliendo del trabajo… Al salir de los portones de mi trabajo, me di cuenta de que había un vehículo ahí, y cuando salí se puso a una velocidad tras de mí, por lo que decidí cambiar de ruta. Pero cuando decidí acelerar el carro también lo hizo”, recuerda.
El violento atentado
La tarde del 21 de octubre de 2021, a eso de las 5:30 p.m. la presentadora se encontraba conduciendo su vehículo a inmediaciones del barrio Los Andes, entre la séptima calle y la avenida Circunvalación, esperando la luz del semáforo para cambiar de carril de norte a sur, cuando Enrique Peña Ramírez (70), la impactó en la parte trasera de su vehículo y le embistió en repetidas ocasiones.
Al chocar el carro y sacar del carril a la comunicadora, se bajó del auto para forcejear con ella, por lo que ella arrancó el vehículo y lo impactó en contra del tendido eléctrico, minutos después el empresario enfurecido se acercó a dispararle en repetidas ocasiones, pero ninguna bala impactó en su cuerpo.
“No sé cómo reaccioné y aceleré mi vehículo y choqué con un poste de luz. Hoy les puedo decir que es un milagro de Dios que esté hablando con ustedes”.
Peña Ramírez se dio a la fuga y en horas de la noche se suicidó en su casa de habitación en la Colonia Villa Angelina, con la misma arma que habría disparado contra Moreno.
“Yo no tuve, ni tenía una relación con el señor Peña, como se dijo en las redes sociales o medios de comunicación”, aclaró Moreno.
Los primeros días del trágico incidente la Policía Nacional mantenía solo una línea de investigación, el supuesto “crimen pasional”, mientras los medios de comunicación nacionales difundían imágenes sexualizadas de Moreno, apoyando el discurso socializado por las autoridades.
Honduras no cuenta con un protocolo de investigación que privilegie la investigación sobre casos de libertad de expresión y el quehacer periodístico, por lo que cuando ocurren este tipo de acciones violentas contra hombres y mujeres que trabajan en los medios de comunicación, suelen dilatarse las investigaciones, pese a que las recomendaciones internacionales.
El Comité por la Libre Expresión registró entre el 2001 y enero de 2022 la muerte, en circunstancias violentas, de 93 periodistas y comunicadores sociales, lo cual constituye una muestra evidente de la situación de violencia a la que están expuestos los miembros de este gremio.
La recomendación número 124.50 del Examen Periódico Universal llama al estado hondureño a garantizar la libertad de expresión y adoptar medidas para acabar con las amenazas y los ataques contra periodistas y otros grupos vulnerables, mientras que la recomendación 124.55 le insta a aumentar la eficacia de la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de todas las formas de agresión contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los abogados y los jueces, a fin de reducir su incidencia, y combatir la impunidad en esos casos.
