El presente reporte elaborado por Voces del Sur se realiza gracias al apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y busca dar seguimiento al ODS 16.10.2, el cual se enfoca en el acceso a la información pública (AIP).
Voces del Sur es una red de organizaciones de la sociedad civil en 13 países de Latinoamérica y el Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela), que tiene como objetivo promover y defender la libertad de prensa, libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección a periodistas.
Desde 2018, Voces del Sur monitorea anual- mente los avances y retrocesos relacionados con el ODS 16.10.1. La red se enfoca en moni- torear asesinatos, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos contra profesionales de los medios de comunicación y activistas.
El objetivo del presente reporte es expandir el monitoreo de la red con un nuevo enfoque en acceso a la información y comprender el progreso de la región hacia el ODS 16.10.2. Voces del Sur desarrolló de manera conjunta, con sus miembros, una metodología para valorar aspectos sobre la normativa e implementación de las políticas públicas de acceso a la información en los países de la región.
El reporte complementa los esfuerzos de la UNESCO para monitorear el ODS 16.10.2, institución que en el 2021 realizó un monito- reo en sus Estados Miembros a través de un cuestionario de autoevaluación. En este sentido, el reporte procura no solo contrastar la información provista por los Estados, sino valorar aspectos clave de la implementación de las políticas de acceso a la información. En particular, este informe pone énfasis en el sector salud, dada su importancia para la vida diaria de las personas, así como la relevancia actual en el marco de la pandemia de la COVID-19. En momentos como este es fundamental que la ciudadanía tenga acceso oportuno a información sobre las políticas públicas de salud, ya que estas pueden incidir en la vida o la muerte de las personas.
