Alerta 021-2022
Las amenazas que recibe el Grupo Campesino, Nueve de Noviembre, en Santa Ana de Yusguare, Choluteca, ponen en riesgo la vida de treinta y cinco familias que desde el año 2012 luchan para recuperar 195 manzanas de tierra, con propósitos de reforma agraria.
Heber Baca, vocero de ese grupo campesino, informó que las tierras en recuperación tienen categoría fiscal con un proceso legal para ser traspasadas a favor del Estado. Sin embargo, expresa que Argentina Diaz, gerente propietaria de la empresa agrícola Antar, los intimida y los amenaza para desalojarlos.
Desde el año 2012 los campesinos hacen los trámites correspondientes para la recuperación y legalización de la tierra en el Instituto Nacional Agrario, pero en el 2014 fueron desalojados a petición de Argentina Diaz, quien alega ser la dueña de esa propiedad. Heber Baca asegura que no es cierto y que la propietaria de Antar, utilizó documentos falsos.
El 25 de marzo pasado, después de haber comprobado que Diaz no es dueña de la tierra, los campesinos regresaron y están convencidos de que el INA les otorgará el título de propiedad, porque esa institución, solo espera la sentencia a favor del Estado.
El campesino dice que la situación no es fácil y que Argentina Díaz utiliza los órganos represores del Estado y a unos 80 empleados de la empresa, quienes armados con machetes llegan a la tierra a exigirles que se vayan. Indicó que entre ellos hay cinco guardias de seguridad que en todo momento portan armas de fuego.
Asimismo, Baca dice que entre el 25 de marzo y el 27 de abril, los empleados de Argentina Diaz llegaron en cinco ocasiones a presionarlos para que abandonen la tierra y gritando, “volémosles la cabeza”.
Y sumado a eso agregó, que, en la mañana del miércoles, veintisiete de abril, circulaba con varios compañeros por el centro de Choluteca a realizar gestiones en el INA y que el policía, José Ortiz, los detuvo por varios minutos amenazándolos con decomisarles el vehículo.
Baca dice que a este policía lo denunciaron porque cuando estaba en Santa Ana, llegaba a la tierra y los amenazaba con enchacharlos y toletearlos. Según él, por esa denuncia fue trasladado a la cabecera departamental.
Para conocer la situación del agente Ortiz, C-Libre se comunicó con la jefatura departamental de la Policía Nacional en Choluteca, y el vocero, identificado como Clase Escalante, informó no tener la información individualizada de los agentes asignados en cada posta y que por esa razón recomendaba solicitarla por escrito. Informó, que hay datos que solo Recursos Humanos los maneja.
Continuando con el relato de la tierra, Baca indicó, que para que este bien sea traspasado a favor del Estado y el terreno titulado a nombre del Grupo Campesino 19 de Noviembre, solo falta que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros lo liquide.
No obstante, Argentina Diaz, mediante un comunicado dirigido a la presidenta de la República, Xiomara Castro, los tilda de malhechores y asegura que el grupo campesino, afiliado a la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) pretende despojarla de su propiedad.
A juicio de Argentina Diaz el grupo campesino está conformado de personas inescrupulosas, que le invadieron su finca y la mantienen amenazada con destruir las instalaciones si se opone a sus acciones.
El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, adoptó la Declaración sobre los derechos de los campesinos y demás personas que trabajan y residen en las zonas rurales, los trabajadores agrícolas y los pueblos indígenas.
Los derechos específicos reconocidos por la Declaración incluyen una alimentación adecuada, la tierra y el agua. La Declaración protege también la necesidad de respetar la identidad cultural y el conocimiento tradicional de la población rural.
