Alerta 24-2022
- En el mismo atentado resulta gravemente herida la secretaria del patronato de la comunidad de Río Tinto
El líder garífuna y ex presidente del patronato de la comunidad de Río Tinto, Tela, Atlántida, Alonso Salgado (51), fue asesinado el pasado uno de mayo, denunció la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, organismo que exige investigar el crimen y un “cese a las políticas de exterminio contra defensores y defensoras de la tierra”.
Alonso Salgado era un defensor de los territorios ancestrales garífunas, que formaba parte de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Fue acribillado en horas de la noche, frente a la vivienda de la secretaria del Patronato, Sury Mariela Quintanilla (30), quien también fue gravemente herida cuando los asesinos de Salgado ingresaron a su vivienda con la intensión de acabar con su vida.
Río Tinto es una comunidad que permanentemente se mantiene en resistencia en defensa de su territorio ante el asedio de empresas y empresarios nacionales y extranjeros que buscan apoderarse del territorio para la construcción de proyectos turísticos, según denuncias de los pobladores ante diferentes instancias.
La coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda, reaccionó al hecho, manifestando “que la comunidad de Rio Tinto está bajo asedio de los grupos criminales”.
Informó que el 20 de mayo del 2020 también fue asesinado, Edwin Fernández. Él era el encargado de la vigilancia en el portón instalado como medida de bioseguridad para el control de la COVID-19 en la comunidad.
“¡Basta YA!” escribió Miranda, en su cuenta de Twitter @baraudawaguchu.
Vale mencionar que, a dos años de su ejecución, el crimen de Edwin Fernández sigue en la impunidad por falta de investigación.
Lo anterior demuestra que las autoridades operadoras de justicia no tienen voluntad de cumplir los compromisos asumidos por el Estado en el Examen Periódico Universal (EPU), donde se comprometieron a implementar acciones encaminadas al respeto de los derechos humanos de las comunidades que defienden los territorios ancestrales.
Ante las amenazas y asesinatos de lideres y lideresas de los territorios indígenas y garífunas, sumando los crímenes y la falta de investigación y castigo de los responsables de estos atentados; más la persecución y criminalización de los dirigentes del pueblo garífuna, C-Libre hace un llamado al Estado de Honduras a cumplir las recomendaciones del EPU y a investigar y judicializar los hechos criminales.
Recordando a las autoridades del Gobierno de Honduras, que las naciones representadas en el EPU recomendaron que la protección sea integral y el fortalecimiento del análisis de riesgo, con un enfoque preventivo y con perspectiva de género.
De igual manera, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otros Trabajadores Rurales, también les otorga a las comunidades, el derecho a la tierra, a los recursos naturales y a la soberanía alimentaria; mecanismos de consulta y de quejas accesibles, transparentes y efectivos para grupos y comunidades afectadas por proyectos extractivos y empresas comerciales.