Alerta 030-2022
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre). – El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) denunció que, en varias alcaldías municipales del país, las autoridades anteriores sustrajeron documentos públicos relacionados con la ejecución de los recursos económicos que manejaron en su administración.
La denuncia la realizó la Comisionada de esta institución de transparencia, Ivon Ardón, el pasado uno de marzo, dejando claro, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública determina que toda entidad obligada tiene que publicar la información del manejo de los fondos públicos.
Especificó, que es obligación para la gestión 2018 -2022 resguardar toda la información pública, porque de acuerdo con la Ley, forzosamente, todas las instituciones obligadas deben contar con el suficiente personal para sistematizarla y garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos.
Ante tal circunstancia, la comisionada del IAIP, instó al Congreso Nacional aprobar la Ley General de Archivo y establecer penas contra los funcionarios sustractores de documentos públicos.
En el 2015 el pleno de comisionados del IAIP entregó el proyecto de la Ley General de Archivo, al entonces secretario del Congreso Nacional, Mario Pérez, el documento fue engavetado y siete años después, la nueva Asamblea Legislativa, lo saca a la luz para iniciar con su socialización.
El pasado 28 de abril la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, presidida por la diputada, Fátima Mena, comenzó a socializar esa legislación, que tiene como objetivo convertirse en la herramienta para la lucha contra la corrupción y la impunidad y facilitarles a las y los hondureños el acceso a la información pública.
La Comisionada del IAIP recordó que recientemente el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dio la orden para comenzar a abrir los archivos de las ejecuciones presupuestarias, que desde el 2014 estaban reservadas por la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Defensa y la Seguridad Nacional (Ley de Secretos), derogada el uno de marzo pasado.
Con la derogación de la Ley de Secretos se desclasificaron los archivos que mantenían en reserva veintiún instituciones públicas.
Por tratarse de un derecho humano, vinculado a los derechos de libertad de pensamiento y de expresión, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) insta a las autoridades facilitar el acceso a la información pública de las y los hondureños.
El acceso a la información pública es un derecho humano porque se relaciona con el derecho individual que toda persona tiene a recibir y a difundir informaciones. En otras palabras, es un derecho ciudadano y colectivo, basado en el derecho a petición y la obligación de transparencia de las instituciones del Estado.
