Ser periodista en Honduras es una profesión de alto riesgo, así llega este 25 de mayo, día dedicado a las mujeres y hombres de la prensa, una fecha que nos llama a levantar la voz para exigir justicia para los 96 periodistas asesinados desde el 2001, de estos 90% se encuentran en la impunidad, sus asesinos siguen libres.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), y la Red de Alertas y Comunicadores Sociales (RAPCOS), que aglutina a más de 600 comunicadores en los 18 departamentos, en esta fecha que conmemoramos el Día de las y los Periodistas, recordamos al Gobierno dar respuesta a las demandas presentadas en la propuesta a la Presidenta Xiomara Castro, es urgente que pare tanta violencia, persecución legal y criminalización contra los hombres y mujeres que ejercemos el periodismo.
El Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Seguridad y el Ministerio Público, deben dar respuestas con acciones concretas, para investigar los 96 asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales, son dos décadas que llevamos exigiendo el esclarecimiento de estos crímenes, sin obtener respuestas concluyentes, en las que se lleven a los tribunales y se dicte sentencia a los responsables.
Vemos con preocupación que el Mecanismo Nacional de Protección desde sus inicios, las medidas que ha implementado son pocas para garantizar la seguridad y vida de periodistas y comunicadores que se han acogido al Mecanismo, debido a la burocracia y poca sensibilidad ante las poblaciones diversas que acompañan.
Sumando a estos los procesos legales y enjuiciamiento que enfrentan más de 40 periodistas y comunicadores sociales en el país. Es el caso del colega, Carlos Ávila, en Choluteca, que se ha visto obligado a esconderse para no ser llevado a prisión, siendo este un caso a típico pues se le aplican los dos Códigos Penales, el fin es la persecución política y el silenciamiento.
La persecución legal se mantiene al igual que en décadas anteriores, manifestándose más cruenta con la aplicación del nuevo Código Penal, este restringe de forma desproporcionada las libertades de expresión y de prensa, se encuentran incluidos los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234 relativos a los delitos contra el honor de injuria y calumnia, del Capítulo III del Código Penal, utilizado como herramienta para la criminalización de periodistas y comunicadores sociales.
Tipificando además como “espionaje” o “terrorismo” la labor periodística a través de los artículos 563, 587, entre otros 18 artículos que afectan la libertad de expresión en su ámbito más amplio que incluye las manifestaciones sociales y la protesta.
En mayo del 2015 y 2020 en el Examen Periódico Universal (EPU) Honduras se comprometió a tomar las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión asegurando que los periodistas y medios de comunicación realicen su trabajo sin temor a ser querellados o intimidados. Hasta ahora sigue siendo un compromiso no cumplido.
Reconocemos como acción afirmativa, la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos conocida como “Ley de Secretos”, sin embargo se mantienen vigentes acciones de impunidad como la documentada recientemente por el sistema de Alertas de C-Libre, registra en la Alerta 032-2022 la comisionada de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivon Ardón denuncia las sustracción de documentos públicos en varias alcaldías del país, desapareciendo archivos relacionados con la ejecución de recursos económicos en administración anterior.
C-Libre ha presentado dos recursos de inconstitucionalidad de la Ley de Inteligencia en 2019 de los artículos 18 y 19, y contra el Código Penalpor lo que solicitamos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) enviar comunicado al Congreso Nacional para declarar inconstitucional ambas normativas.
Igual camino lleva el recurso de inconstitucionalidad de la “Ley de Escuchas”, hasta ahora no hay respuesta de la Corte Suprema en ambas se atentan directamente con el libre ejercicio de prensa, violando el derecho fundamental de acceso a la información pública establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
C-Libre y RAPCOS exigimos:
- Un Plan Nacional contra la impunidad de casos de periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos en Honduras, incluyendo una Política Pública, programas o acciones dirigidas al efectivo cumplimiento en la recepción, investigación y judicialización de casos.
- Se inicie un verdadero proceso de investigación por muertes violentas de periodistas y comunicadores sociales, se investiguen todos los delitos de violencia como el ciberacoso y amenazas para coartar el libre ejercicio de prensa y de expresión.
- Al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo exigimos la eliminación de todos los tipos penales que criminalizan el ejercicio de la libertad de prensa. Enviando a Comisión de Dictamen la propuesta presentada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Darío Morán, a inicios de mayo, para la derogación de los artículos 229, 230, 231, 232, 233 y 234, del Capítulo III, Decreto 130-2017 contentivo del Código Penal vigente, que tipifica los delitos contra el honor penalizándolos con multa y cárcel, para que sea discutida con diversos sectores de la sociedad, especialmente a periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de medios de comunicación, ampliando además la dimensión del ámbito civil y que las sanciones a este tipo de delitos sean estrictamente proporcionales a los daños reales causados.
- A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver como inconstitucional los artículos 18 y 19 de la Ley de Inteligencia.
- A la secretaria de Derechos Humanos que fortalezca las capacidades técnicas, presupuestarias y de decisión al Mecanismo Nacional de Protección para que cumplan con las medidas de seguridad apropiadas y en todo momento a los y las periodistas y comunicadores que se han acogido al Mecanismo.
Tegucigalpa, 25 de mayo de 2022.
