Alerta 011-2023

Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- Luego que el periodista Juan Carlos Sierra expresara en la red social Twitter, “solidario con los compañeros de Canal 8 que entraron en esta administración, hoy fueron despedidos 20 personas” el mensaje fue tachado de falso por el Subsecretario de Prensa de Casa de Gobierno, Carlos Estrada.

Estrada acompaña su reacción con la siguiente introducción “Sólo para aclararle a este intento de periodista” y luego detalla que los despedidos fueron 22 personas, de las cuales 20 son de la administración anterior y a quienes se les trato siempre con respeto y concluye “Toca seguir combatiendo las noticias falsas de los #Hermes”.

Para el periodista que ha sido parte del Consejo del Sistema Nacional de Protección, Juan Carlos Sierra “es muy, pero muy preocupante que funcionarios del actual gobierno respondan a comentarios, critica, de esta forma tan airada; irrespetuosa, amenazante, porque así lo tomé de esta forma amenazante”, sostuvo Sierra.

En declaraciones a C-Libre, Juan Carlos Sierra hizo constar que “en este caso, ni critica fue sino una simple forma de solidarizarme con unos colegas… no solo como periodista, sino como miembro presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas de Honduras”, es una forma de solidarizarme y expresar mi sentir y mi pesar por lo que están pasando estos colegas, acotó.

A criterio de, Sierra de ahora en adelante “no se pueda hacer ni tan siquiera un comentario solidario sin que se moleste el gobierno”. “Ya me imagino cuando me toque criticar, cuando me toque cuestionar no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, yo esperaría que sólo sea parte de una reacción virulenta de un joven”, sostuvo.

Respecto a las personas despedidas y que entraron en la actual administración a laborar en Canal 8, medio de comunicación de televisión estatal, Carlos Estrada subsecretario de Prensa en Casa Presidencial dijo que “una fue despedida porque no cumplió con lo requerido para sus funciones, y la otra se retira por mutuo acuerdo porque tiene otras ofertas de desarrollo laboral”.

Cabe señalar que en esta misma plataforma digital del funcionario, la joven Ivana Sofia posteó lo siguiente “Hola, yo también me fui por mutuo acuerdo hace meses de Canal 8 y no me han dado mis derechos, lo llamo a usted y no contesta, tal vez por este medio me contesta, que no es lo correcto”, escribió la joven.

El estigmatizar a los periodistas y los medios de comunicación «es una forma de violencia», el discurso estigmatizante ha incrementado en los últimos meses en Honduras, especialmente en las redes sociales, favoreciendo la confrontación y la polarización en los espacios digitales.

De acuerdo con el Marco Jurídico Interamericano, en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten. Esta presunción general de cobertura de todo discurso expresivo se explica por la obligación primaria de neutralidad del Estado ante los contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público.

En consecuencia, las expresiones, informaciones y opiniones atinentes a asuntos de interés público, al Estado y sus instituciones, gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión, y que las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como quienes aspiran a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica . En una sociedad democrática, dada la importancia del control de la gestión pública a través de la opinión, hay un margen reducido a cualquier restricción del debate político o de cuestiones de interés público .

Desde el Comité por la Libertad de Expresión instamos a las autoridades Estatales, a valorar el control democrático de la gestión pública, a través de la opinión pública, lo que fomenta la transparencia de las actividades del Estado y la responsabilidad de los funcionarios públicos sobre sus actuaciones, y es un medio para lograr el máximo nivel de participación ciudadana. De allí que el adecuado desenvolvimiento de la democracia requiera la mayor circulación de informes, opiniones e ideas sobre asuntos de interés público.