Alerta 36-2023

Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-libre), – El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) Christopher Castillo, fue víctima de una campaña de odio y amenazas a muerte, luego de realizar denuncias contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

ARCAH es un espacio cívico de participación ciudadana calificada como una Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras. 

De reciente data, esta organización alertó, en su plataforma de Twitter:

ARCAH on Twitter: «Alertamos sobre acciones de intimidación contra nuestro compañero Christopher Castillo, luego de realizar denuncias contra las ZEDE y de recibir amenazas de muerte y campañas de odio e intimidación por parte de promotores ZEDE. https://t.co/qqvGjYZvCc» / Twitter

La narración de los hechos expuesta a la sala de prensa del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), revela que suceden desde inicio del presente año 2023. Van desde persecuciones, registro de perfil de los integrantes, campañas de odio e intimidación hasta el intento de hackeo de las plataformas virtuales de ARCAH.

En su narración, sostiene Castillo que las agresiones son producto las actividades de protección de la Tierra y Territorio que esta organización realiza en Honduras.  “En enero del 2023, una de las féminas de la organización sufrió un ataque físico y amenazas a muerte en su comunidad, pues se opone ella esta opuesta a las actividades de la Empresa Avícola El Cortijo en Francisco Morazán, por los daños causados al medio ambiente.

Esta misma empresa criminalizó a varios miembros de ARCAH durante los meses comprendidos entre el 2021 y 2022 “manteniendo una actitud violenta contra los y las integrantes de esta organización” y por otra parte en enero 2023, una de las compañeras de la organización fue criminalizada por un funcionario del Ministerio Público que tiene intereses esta empresa, El Cortijo”, asevera Christopher.

Para el mes de febrero 2023, otro de los compañeros de la organización sufrió un ataque saliendo de su casa, “fue víctima de un intento de secuestro”, cuenta Castillo. Eran tres sujetos en un carro sin placas el que ocupaban tres hombres en su interior “intentaron ingresarlo al vehículo, pero logro escapar de sus captores”.

Frente a este tipo de agresiones, el ARCAH decidió no abocarse a las instituciones policiales y de investigación, ni poner la denuncia del caso pues a la fecha no resuelven el caso de otras denuncias interpuestas, “pero si lo registran en el Mecanismo Nacional de Protección.

Últimamente “vemos actividades cerca de la casa, como a una cuadra, que calificamos sospechosas, por ejemplo, personas en moto, en carro que se estacionan por varias horas en las cercanías, me toman fotografías, circulan muy lentamente cerca de mi personas sacan celulares hacen videos”, narra Castillo.

 Si bien es cierto al momento todas las agresiones se registran bajo el anonimato, no descartamos, sostiene Christopher “que sean producto de toda nuestra acción, defensa del territorio, el activismo y denuncia contra proyectos de grandes capitales, hay que recordar que el tema de las ZEDE rebasa a un proyecto extractivista tradicional”, asevera este defensor de la Tierra y Territorio en el país.

Desde el Comité por la Libertad de Expresión, recordamos a las autoridades de gobierno lo contenido en nuestra Constitución de la República y a lo que están obligados cumplir como empleados de la ciudadanía:

ARTÍCULO 68.- Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

ARTÍCULO 72.- Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.

ARTÍCULO 74.- No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información.