Ministro de SEDESOL advierte sobre investigación a 50 periodistas

Alerta 35-2023

Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- El titular del Sistema de Administración de Rentas (SAR) y el secretario de Desarrollo Social (SEDESOL) publicaron recientemente información que estigmatiza a periodistas y medios de comunicación en Honduras.

Las acciones de los funcionarios se producen en el marco del abordaje público confrontativo en torno a la socialización de la Ley de Justicia Tributaria, que pretende la eliminación de al menos 10 regímenes de exoneración de impuestos, lo que es considerado por la empresa privada como un factor que posibilita la pérdida de empleos, mientras que el Gobierno sostiene que permitirá regular el sector y mejorar la transparencia.

En este escenario, el titular de SEDESOL, José Carlos Cardona, declaró que hay una investigación de unos 50 periodistas que están bajo investigación. Sin precisar el concepto.

De acuerdo con la información recabada por C-Libre, existe un proceso abierto de investigación del uso de fondos estatales que fueron para la contratación de periodistas y medios de comunicación en la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), esta unidad recaba información sobre la tercerización que se realizaba a través de organizaciones no gubernamentales cercanas a la familia presidencial de Juan Orlando Hernández, pero hasta el momento no existe ningún proceso abierto por tal razón contra periodistas.

Según el funcionario, los profesionales del periodismo cobraban altas cantidades de dinero a la extinta SEDIS. Estas declaraciones, se suman a las distintas acusaciones contra periodistas y medios de comunicación a quienes se les denomina “medios tarifados”, periodistas “pagados por el Partido Nacional” para provocar “desestabilización” del gobierno de Xiomara Castro.

Cardona ha mantenido fuertes controversias con periodistas y voces críticas en los últimos meses:

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Por otra parte, C-Libre trató de obtener confirmación sobre la divulgación de datos de medios de comunicación exonerados del pago de impuestos, pero el titular de la SAR, Marlon Ochoa, no respondió a la solicitud, entre los datos de las empresas que son beneficiadas con exoneraciones fiscales se incluye al medio de comunicación que publicó el gasto de 142 mil lempiras en luces, sirenas policiales y blindaje del vidrio frontal de una camioneta asignada a este funcionario.

En diversos medios de comunicación y redes sociales circulan documentos con logos estatales donde se observa un listado de medios de comunicación con las supuestas cifras exoneradas, C-Libre no logró confirmar la exactitud del documento.

Exoneraciones que favorecen a los medios hondureños

En Honduras, el Artículo 11 de la Ley de Emisión del pensamiento contenido en el Decreto No. 6 de fecha 26 de Julio de 1958, otorga una exoneración a los medios de comunicación, comprendidos los materiales necesarios para la producción de filmados, libros, revistas y folletos, incluyendo resmas de papel tamaño carta, oficio y de cualquier tamaño, así como casete, diskette, discos compactos y filmes, siempre que la materia prima antes citada no se destine para el tráfico comercial.

Del mismo modo, la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomentos del Sector de las Comunicaciones, conocida como «Ley de Canje Publicitario», contenida en el decreto legislativo 86-2013, es una normativa que exime del pago de deudas con el Estado en concepto de impuestos, tasas, permisos, licencias, servicios públicos, multas o recargos y se mantiene vigente dentro del marco normativo nacional, pese a que en mayo de 2022 la diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, introdujo al Congreso Nacional una moción para derogarla.

En declaraciones a la prensa en ese momento, Ayala, sostuvo que esta normativa permitió la creación de una “estructura estatal centralizada en la figura del presidente con propósitos político-electorales instrumentalizando el sector de las comunicaciones al someter sus deudas al uso discrecional y personalizado del exgobernante”, del cual tampoco se conoce el impacto frente a los ingresos tributarios del Estado.

Cabe recordar que, en 2018, el diputado del Partido Liberal, Mauricio Villeda, también presentó el proyecto para derogar la ley, no obstante, el control del Partido Nacional en el Poder Legislativo evitó que fuera sometido a discusión.

En medio de la pandemia de 2020, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la extensión de esta para que los comunicación radiales y televisivos pudieran ampararse en el derecho de canjear obligaciones monetarias con el Estado a través del canje por publicidad relacionada a la crisis sanitaria. Pese a la extensión del beneficio tributario, C-Libre constató el despido y reducción de espacios en los medios de comunicación que superaron las 200 personas en medios radiales y escritos.

De acuerdo con la valoraciones del abogado, Roger Ordóñez, Coordinador del área de Acceso a la Justicia del Comité por la Libre Expresión, respecto a estas declaraciones del titular de SEDESOL “ es un claro mensaje que tiene como finalidad crear una campaña de desprestigio, de desvalorización y generar comentarios de odio, al pretender enmarcar a los medios como afines a un grupo en particular, si fueron beneficiarios de un derecho que la ley permite no debería de hacer públicas estos listados, porque se busca  manipular la opinión pública”.

El profesional de derecho recomienda al gobierno afinar la estrategia de comunicación institucional pues a raíz de estas publicaciones han surgido grupos de respuestas con campañas de odio etiquetado y tildando de prensa vendida a periodistas, comunicadores, comunicadoras sociales de Honduras.

La violencia y la estigmatización contra periodistas y respecto a quienes difunden ideas e información, como las restricciones legales ilegítimas o por medios indirectos a la libertad de expresión constituyen patrones de violaciones a la libertad de expresión presentes en el hemisferio, durante 2017, el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresó su preocupación por la aprobación de una serie de reformas al Código Penal de Honduras, que incluyen disposiciones han sido contrarias a estándares internacionales y que pueden restringir ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión en el país.