Alerta 051-2023
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).– Seis defensores de derechos humanos y una periodista fueron víctimas de una campaña de descredito en la que se les señala de tener “vínculos” con una organización criminal, luego de brindar declaraciones y hacer investigaciones sobre la militarización de los penales en el país.
La campaña inició con una serie de imágenes transmitidas en diversos chats de periodistas, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.
La coordinadora del periódico digital, Reporteros de Investigación, Wendy Funez comentó en sus redes sociales, respecto a una información recibida sobre la continuación de una campaña de descrédito de su persona luego que publicará en Reporteros de Investigación un trabajo periodístico que revela irregularidades en la militarización de los centros penales del país.
El reportaje titulado “Torturas, desinformación, amenazas y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras”, hace del conocimiento público quienes fueron las primeras víctimas de torturas y otras violaciones de sus derechos humanos, cometidas por militares, contra los privados de libertad; en la cárcel masculina de Támara.
Así mismo en el marco de la masacre que aconteció en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), esta profesional del periodismo, en declaraciones a un medio internacional reveló el boicot de las fuerzas de seguridad que permitieron la matanza y el retorno de los uniformados al control de la Seguridad Pública.
En las imágenes, se señaló a la directora de la organización ACI-Participa, Hedme Castro, la coordinadora de la Asociación de Privados de Libertad, Delma Ordóñez; la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre; la directora de Cozumel Trans; Rihanna Ferrera y el coordinador del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado.
Al respecto, se giró una publicación que fue calificada como falsa, en la que InSightCrime, una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe, que revelaba como la mara MS 13 tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras las cuales presionan al gobierno para que se les otorguen privilegios a los privados de libertad, señalando a las anteriores personas como aliadas a esta pandilla.
“Es una campaña que viene de algún sector de los militares”, expresó el titular del CODEH al equipo técnico de Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Calificándola como “la más grande infamia”, sostiene el señor Maldonado que podría estarse creando como parte de una campaña para que puedan ser víctimas de este grupo antisocial.
La referencia de Hugo Maldonado en esta campaña de descrédito contra organizaciones defensoras de los Derechos Humanos se debe a las imágenes que de heridas y laceraciones en la piel que sufrieron los privados de libertad con la intervención de los militares en el penal de Siria, donde varias personas sufrieron quemaduras de segundo grado después de que las expusieron a condiciones extremas de clima.
Por su parte, la Mesa de Derechos Humanos, emitió un comunicado público en solidaridad con los periodistas y defensores de derechos humanos y expresó su preocupación del silencio de la presidenta, Xiomara Castro, en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio.
Así mismo, este espacio de sociedad civil hace mención que en su visita in loco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus recomendaciones preliminares externó su preocupación por los asesinatos y amenazas contra las personas que defienden los derechos humanos en Honduras y referente a la calamidad en que se encuentra el Mecanismo Nacional de Protección el cual no responde a las necesidades de quienes son beneficiarios y beneficiarias de la Ley de Protección y están en riesgo.
Por su parte, el comandante Ramiro Muñoz quien está al frente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en declaraciones a un medio de comunicación radial, respecto al tema de los defensores expresó que “desconoce quién les paga, pero deben dar resultados” y que está más preocupado por los derechos del pueblo hondureño.
Así también, diversas organizaciones de sociedad civil han manifestado su apoyo a las personas señaladas en la campaña de desprestigio y demandan la pronta investigación y castigo a los autores intelectuales y materiales de está maliciosa campaña contra los defensores de los Derechos Humanos en Honduras.
e la estigmatización del ejercicio periodístico, de las voces críticas y de la distribución discrecional y discriminatoria de la pauta publicitaria oficial. Preocupa además el control a las voces de las personas que ejercen funciones públicas con amenazas de sanciones penales y administrativas. (ILE-2015; 223)
La estigmatización es un paso previo para la generación de violencia contra periodistas, por lo que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en su informe temático sobre Violencia contra Periodistas ha señalado “la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los periodistas a un mayor riesgo de violencia”. “[H]a recordado, entre otras cosas, que una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”. También le dice a los Estados que “es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en presumirse inicialmente como producto de su profesión o actividades hasta que la investigación pueda demostrar lo contrario” (CIDH, 2013).
La CIDH recomendó al Estado de Honduras en 2015, “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo el reconocimiento de la labor periodística y la condena pública respecto de los asesinatos y toda violencia física contra periodistas, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los periodistas; y a adoptar programas de entrenamiento y capacitación, así como formular e implementar guías de conducta o directrices, para los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, incluidos aquellos relacionados específicamente con cuestiones de género”. (CIDH, Informe sobre Honduras, 2014).
