Alerta 053-2023

Tegucigalpa, Honduras (C-LIBRE).-  La exprimera dama, Ana García de Hernández, estigmatizó a los medios de comunicación que cubren el proceso judicial contra el exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado por delitos de narcotráfico y extraditado a los Estados Unidos.

Durante una entrevista ofrecida a Radio América y su programa Conecta2, declaró que “tiene identificados” a los medios de comunicación a nivel nacional e internacional que “manejan una campaña de desprestigio contra su familia y su esposo”.

De acuerdo con las declaraciones uno de los medios pertenece a un diputado, mientras que otro transmite desde Estados Unidos. Para García estos medios de comunicación “son los encargados de desinformar sobre el proceso penal que enfrenta (Juan Orlando Hernández) en Estados Unidos”.

Aunque la ex primera dama no mencionó los nombres de los medios dio a entender algunas características entre las cuales sobresale ProHonduras Network, página digital que ha dado seguimiento a los procesos judiciales de hondureños extraditados a New York, sin embargo, desde la extradición de Hernández ha sido señalado tanto por la familia Hernández como allegados de promover campañas de odio.

Ante estas declaraciones, ProHonduras Network, publicó un tweet, en el que se sienten aludidos por dichos comentarios.

La estigmatización es un paso previo para la generación de violencia contra periodistas, por lo que la RELE, en su informe temático sobre Violencia contra Periodistas ha señalado “la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales de mantener un discurso público que no exponga a los periodistas a un mayor riesgo de violencia”.

“[H]a recordado, entre otras cosas, que una medida de protección simple pero sumamente eficaz consiste en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme la legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, inconveniente e inoportuna para los intereses del gobierno”.

También le dice a los Estados que “es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones contra periodistas y alienten a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y celeridad en presumirse inicialmente como producto de su profesión o actividades hasta que la investigación pueda demostrar lo contrario” (CIDH, 2013).

La CIDH recomendó al Estado de Honduras en 2015, “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, incluyendo el reconocimiento de la labor periodística y la condena pública respecto de los asesinatos y toda violencia física contra periodistas, omitiendo cualquier declaración que pueda elevar el riesgo para los periodistas; y a adoptar programas de entrenamiento y capacitación, así como formular e implementar guías de conducta o directrices, para los funcionarios públicos y en especial de las fuerzas policíacas o de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, incluidos aquellos relacionados específicamente con cuestiones de género”. (CIDH, Informe sobre Honduras, 2014).

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