Alerta 068-2023
Tocoa, Colón (C-Libre). – El comunicador social y defensor del territorio, Leonel George, denunció la detención arbitraria de la cual fue sujeto este lunes 2 de octubre.
Mediante un comunicado público en su plataforma de Facebook, Leonel narró que a inicios de esta semana morazánica circulaba junto a su familia por una de las calles del departamento de Yoro fue detenido y llevado a la jefatura de la Policía Nacional de la ciudad de El Progreso, ciudad cabecera de Yoro.
Comenta este ambientalista, beneficiario de medidas cautelares de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que la detención se dio pese a que presentó el documento respectivo de su carta de libertad definitiva que le otorgaron los juzgados al desestimar la criminalización de que fue sujeto por parte de una compañía extractivista del Río Guapinol en Honduras.
En detalle, -dice Leonel- que pesa una orden de captura contra su persona a razón de cuatro delitos de 10 que le acusa la Empresa Minera Inversiones Los Pinares /ECOTEK por su oposición a la explotación minera en la región del Bajo Aguán. Para este ambientalista, las falsas acusaciones vienen de altos criminales por su oposición a la explotación mineral ilegal, corrupta, destructiva y abusiva en la zona núcleo de área protegida y productora de agua.
Indica este protector de la Tierra y Territorio que el caso de esta empresa extractivista ya está acreditado ante las autoridades de la secretaria de Recursos Naturales y ante el Instituto Hondureño de Geologías y Minas solicitando la cancelación de este megaproyecto conocido como Los Pinares /ECOTEK, pero el gobierno aún no toma cartas el asunto, situación que aumenta los niveles de vulnerabilidad, amenazas, hostigamiento, persecución y asesinatos contra los protectores de los recursos naturales en el Río Guapinol sus alrededores.
La escasa o nula atención a la demanda de cancelación de los trabajos de esta empresa, sostiene Leonel, sólo favorece a los intereses de la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek de Lenir Pérez quien supuestamente bajo métodos corruptos y perversos se metió a la zona núcleo del Parque Nacional de Botaderos Carlos Escalera Mejía y mientras en Honduras ejerce con impunidad, en Estados Unidos es investigado.
Respecto a su detención en la ciudad Yoro, trasciende que Leonel y su familia fueron liberados, según las autoridades policiales hay un error en el número del expediente que aparece en la Carta de Libertad que siempre lleva consigo este ambientalista.
En este mismo contexto de la situación del Bajo Aguán, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresó este lunes su preocupación por el desalojo previsto de centenares de campesinos que exigen tierras en el sector del Bajo Aguán, departamento de Colón, en el Caribe del país.
Las personas a ser desalojadas pertenecen a la Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EACI), una reconocida organización «firmante del acuerdo con el Gobierno el 22 de febrero de 2022, orientado al abordaje de las causas estructurales del conflicto en esa región», indicó la OACNUDH en un comunicado.
En el lugar permanecen aproximadamente 300 familias, incluidos niños, niñas, mujeres y personas ancianas que pertenecen a la EACI, afirmó la Oficina de las Naciones Unidas en Tegucigalpa.
La OACNUDH también ha conocido de la EACI que, en su proceso de reivindicación del derecho a la tierra en cuestión, ha interpuesto dos demandas civiles ante el Juzgado de Letras de Tocoa (Colón), entre febrero de 2011 y agosto de 2012, que a más de una década están pendientes de fallos judiciales.
La EACI, además, tiene un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «por la sistemática violación a los derechos humanos de sus integrantes».
«En ese sentido, la OACNUDH condena la situación de violencia e inseguridad y la falta de acceso a la tierra de las personas que pertenecen a las empresas campesinas del Bajo Aguán», enfatizó el ente de las Naciones Unidas.
Desde la oficina central en la ciudad de Tegucigalpa, el Comité por la Libre Expresión se une a la OACNUDH y hace un llamado al Estado de Honduras para que, conforme a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, garantice la vida e integridad de toda la población que en cumplimiento de sus deberes ciudadanos protegen y defienden los bienes nacionales.
Tal como señala el artículo 65 de la Constitución de la República de Honduras el “derecho a la vida es inviolable”, así mismo el Artículo 68 señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
