ALERTA 01-2024
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (ADECABAH), y del Comité de Protección al Consumidor (CODECO), son instancias para la defensa del consumidor en Honduras y sobre quienes pesa una amenaza pública de cancelarles la personería jurídica. Tal advertencia se dio luego que estas organizaciones denunciaran un posible aumento al precio de la tortilla y a los útiles escolares en el país.
Al respecto, José Enrique Santos titular de la Dirección de Protección al Consumidor, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) sentenció que “Si siguen así, yo mismo le voy a cancelar la personería jurídica de esa persona que está molestando al pueblo hondureño…porque esta es una tarea que me encomendó mi presidenta y yo le voy a cumplir por refundar este país”, como respuesta a las declaraciones de Adalid Irías y Gloria Pérez, en representación de ADECABAHA Y CODECO, respectivamente.
Irías, luego de conocer las declaraciones del director de Protección al Consumidor, aclaró que tiene pruebas de cada aumento que se da en los precios, considerando que lo que pretende el servidor púbico, es amenazarlos cercenando la libertad de expresión y asociación con la que constitucionalmente cuentan todos los hondureños.
“Creo que esta es una bravuconada, un intento de querernos amedrentar y de bajarnos el perfil para que callemos la voz”, puntualizó el representante de la ADECABAH, y señaló que “No somos neófitos, somos la organización que sistematiza precios y tenemos ocho años y el prestigio que hemos tenido no lo va a botar cualquier perico de los palotes”.
Para Adalid Irías Martínez, si desde el Gobierno, inician acciones en su contra y de Gloria Pérez, interpondrán un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de no ser escuchados, acudirían a instancias internacionales para defender el derecho que tienen como asociaciones.
El abogado Roger Ordoñez, coordinador del área legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), es del criterio que “Dicha acción es una clara violación de Derechos Humanos, al amenazar con cerrar una Organización No Gubernamental (ONG), que tiene como finalidad sondear los precios de los productos de la canasta básica, decir que se está creando una especulación y usura, porque se anuncia que por el aumento de la harina subirán las tortillas dos lempiras, dicha denuncia por parte de la organización es totalmente cierta, porque el mismo gobierno acepta el incremento y desautoriza el aumento de la tortilla”.
“En un Estado democrático, el derecho a buscar información y compartir información es un derecho humano reconocido por los tratados y convenciones internacionales, no es amenazando y coartando el derecho a la libertad de expresión que se fortalece el Estado de Derecho, al contrario; esas amenazas vertidas por un funcionario mandan un mal mensaje de intolerancia, el deseo de generar la autocensura. Llamamos al respeto y a la tolerancia”, agregó Ordoñez.
Un sociólogo consultado por el equipo técnico del Comité por la Libre Expresión y quien pidió reservar su nombre por motivos de seguridad, cuestionó la postura del funcionario de la Dirección de Protección al Consumidor, y dio a conocer que, en lugar de amenazar a las organizaciones de defensoras del precio de la canasta básica nacional, deberían de atender sus funciones, investigar si la denuncia es verdadera y buscar una solución en beneficio de los hogares hondureños.
Cabe resaltar que el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras, Adalid Irías, a inicios del año 2023, fue llamado por parte del Estado de Honduras, para que revelara sus fuentes de información, y de no hacerlo, procederían con un proceso administrativo en contra de la asociación que él representa, por la supuesta especulación en los precios.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), recuerda que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, considera que “en principio, todas las formas de discurso están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, independientemente de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que cuenten”.
