ALERTA 55-2024
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – Los concejales representantes de la sociedad civil ante el Sistema Nacional de Protección enfrentan desde hace más de quince días una campaña de desprestigio, que afecta la confianza del trabajo que se realiza junto a periodistas, comunicadores, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.
Las acusaciones han variado a lo largo de los últimos días, en una primera publicación realizada en un medio radial el 15 de marzo de 2024 se sostuvo que el Mecanismo Nacional de Protección otorgó cuatro vehículos blindados para beneficiar a los concejales representantes de la sociedad civil, Betty del Carmen Vásquez Rivera, del Movimiento Ambientalista de Santabarbarense (MAS), al occidente de Honduras; Germán Chirinos, del Movimiento Ambientalista social del Sur por la Vida (Massvida), de Choluteca y de la capital, Amada Ponce Ordóñez, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y Javier Acevedo, del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH). para su uso personal, a un costo diario para el Estado hondureño, de 84 mil lempiras.
Al día siguiente, 20 de marzo un medio televisivo publicó la nota en la que se señala a los concejales de sociedad civil como “señores funcionarios”, el mismo día se aseveró además que faltaban a su rol al decir que; “no se desarrollaban sesiones del Concejo de Protección” por lo que el “riesgo no proviene de su labor”.
Dichas declaraciones fueron vertidas tanto por el coordinador de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), Jorge Fernando Jiménez, quien funge además como funcionario público electo diputado del Parlamento Centroamericano; y la periodista Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), exconcejal de sociedad civil en el mismo espacio de Protección durante cuatro años. Hasta el momento, no han presentado ninguna prueba de la presunta arbitrariedad de parte de los cuatro defensores de derechos humanos y el territorio.
El Consejo Nacional de Protección realizó el viernes 22 de marzo de 2024, una conferencia de prensa desestimando las falsas narrativas. El abogado, Rodolfo Zamora, titular de la Dirección General del Sistema Nacional de Protección (SNP), aclaró que “no han solicitado nunca y no cuentan con esta medida de protección por el Mecanismo Nacional de Protección, del uso de vehículos blindados” y exhortó a los medios de comunicación “a a no divulgar falsa información que crea mayor desconfianza, de parte de las personas beneficiarias que se encuentran en vulnerabilidad y riesgo”.
La campaña inició luego de que, en la 57ava sesión del Concejo de Protección, celebrada en septiembre de 2023 los representantes de sociedad civil plantearan una actualización de las medidas de protección para casos dictados desde hace más de 12 años y cuyas necesidades deben ser revisadas por el Mecanismo de Protección para Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, frente a la precariedad que existe en la aplicación de medidas de protección en los territorios y la concentración del 85 por ciento del presupuesto en seis medidas de protección.
La campaña lejos de contenerse continúa, sin pruebas de veracidad, ahora también en diversas redes sociales y la publicación de otro comunicado con frases como “Ni judas se atrevió a tanto”, “Dan Pena ajena”, “Ver como el Aparato Estatal ha sido secuestrado (…)”, “dietas privilegiadas para marcar la diferencia”, el “CONSORCIO CIVIL GUBERNAMENTAL”, [SIC] aunque algunas de las publicaciones fueron posteriormente borradas las mismas lograron llegar a diferentes espacios.
El 3 y 4 de abril, diferentes medios de comunicación y periodistas fueron sorprendidos al recibir mensajes en sus chats de la supuesta decisión de organizaciones de sociedad civil de querellar a las personas que vertieron las falsas denuncias. Los periodistas, se desplazaron además a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dónde se presentaría la presunta demanda por la afectación de su honor.
“Le informo que mañana presentan una querella contra Jorge Jiménez de Joprodeh y mi persona (presuntamente, Dina Meza), será liderada por Berta Oliva, la coalición contra la impunidad, el consejo de Protección donde está CLIBRE, CIPRODEH, MASS VIDA, Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS y los integrantes en el consejo por el gobierno” [SIC], detallaba el mensaje en cuestión.
Consultado por la veracidad de la información que contenía dicho mensaje, el abogado Saúl Bueso, miembro del área legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), dejó saber a los medios de comunicación, que en ningún momento desde esa organización defensora y promotora de derechos como el de la Libertad de Expresión y libertad de prensa, se ha considerado interponer una acción legal en contra de Jiménez y Meza, aún cuando la información que hayan proporcionado y que fue publicada en diferentes rotativos, es falsa y sin pruebas de la veracidad de la denuncia ante las autoridades correspondientes en los despachos gubernamentales de Derechos Humanos.
Por su parte, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), en comunicación con C-Libre, consideró que las declaraciones del representante de JOPRODEH son un “Acto de mala fe, es una situación que se basa en la mentira, se usa la mentira de manera intencionada para causar daño a los concejales de la sociedad civil”.
Acevedo, es del criterio que, en esta campaña de deshonor emprendida contra los concejales de la sociedad civil ante el Mecanismo Nacional de Protección, tiene un trasfondo que al momento no entiende cuál es, no obstante; subraya que es “Seguirle el juego a no se quienes, para hacer quedar mal, no sólo a los concejales; yo creo que el ataque también es contra el Mecanismo Nacional de Protección”.
“Es un asunto que resta credibilidad al trabajo que se podrá hacer desde la sociedad civil y particularmente del sector de sociedad civil para la protección de los y las defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia que están en que están en peligro ante amenazas y agresiones por parte de otros actores”, sostiene el entrevistado.
En el caso de Germán Chirinos, concejal propietario de la sociedad civil ante el Consejo de Protección, externó a C-Libre que, en efecto, él es sujeto de medidas de protección, a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que el pasado 17 de agosto del 2023, el Comité Técnico del MNP, le aprobó 12 medidas, pero ninguna de ellas era un vehículo blindado. Hasta ahora la única cumplida es la policial, una medida la tengo ya desde hace un buen tiempo”.
En el marco de esta campaña de desprestigio contra los concejales de la sociedad civil, -agregó Chirinos- que también se presentan una serie de amenazas contra su persona, para el caso; en los últimos días, a través de mensajes por la redes sociales y al contacto telefónico personal, recibió un mensaje diciéndole que “Calladito te ves más bonito y esto viene luego de haber participado en un programa de radio y en el que tratamos el tema de la minería en la comunidad de El Transito y haciendo algunas denuncias por esta situación de extractivismo en la zona sur de Honduras”.
“No vamos a seguir respondiendo a una campaña mal intencionada, hemos hecho las aclaraciones pertinentes, compartimos una preocupación que es el buen uso de los recursos del Estado y la búsqueda de la eficiencia del Sistema Nacional de Protección. Frente a esto, más de setenta organizaciones de derechos humanos y periodistas nos hemos unido por primera vez desde hace ya más de seis años, para reforzar cuatro puntos que consideramos de alta relevancia: El presupuesto, la capacidad técnica, la corresponsabilidad estatal y la agilización en la implementación de medidas de protección ahí concentraremos nuestros esfuerzos”, destacó Amada Ponce, Directora Ejecutiva del C-Libre.
C-Libre también hace un llamado a las autoridades hondureñas para prestar atención ante el aumento de las campañas de desinformación que alteran el flujo de información e impactan en la confianza y credibilidad hacia periodistas y activistas de derechos humanos, generando también un ambiente hostil que deriva en otro tipo de ataques. A su vez provocan división del debate público, estigmatización y desvían la atención de un tema o conversación.
Las campañas de difamación no sólo pretenden dañar la reputación de sus víctimas, sino que a menudo también pretenden silenciarlas. Si te difaman, las organizaciones suelen dejar de trabajar al ritmo habitual para concentrarse en la defensa, pero también animan a los partidarios del difamador a seguir atacando a las víctimas abriendo el espacio a otros actores de poder para vulnerar la seguridad.
Instamos a las organizaciones de sociedad civil defensoras de Derechos Humanos, a las redes de periodistas y comunicadores sociales, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras y la comunidad internacional a mantenerse informado sobre lo ocurrido, recordando que en los últimos 12 meses varios periodistas y espacios de sociedad civil se han visto señalados calificándolas de «redes de corrupción» y tener “nexos con grupos criminales” por lo que es necesario mejorar las acciones de articulación, protección y solidaridad.
