ALERTA 62-2024
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre). – Varias Secretarias de Estado han solicitado ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), declarar en reserva una diversidad de información gubernamental, argumentado que son datos de seguridad nacional. Entre la información a la que no se tendría acceso se incluye todo lo relacionado a la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, así como del proyecto del Ferrocarril Interoceánico que será manejado por el secretario privado e hijo de la presidenta Xiomara Castro, entre otros temas de interés de país.
Hermes Moncada, comisionado del IAIP, confirmó que a la fecha han llegado a sus escritorios 13 solicitudes de reserva de información, mismas que según el servidor público, serán sometidas a valoración y en caso de cumplir todos los requisitos que manda la Ley, con base en el derecho de petición que les asiste a los representantes de las Secretarías de Estado, serán declaradas favorables o improcedentes en caso contrario de no validar sus argumentaciones para otorgar la reserva de información.
Moncada, respecto a algunas de las solicitudes de reserva de información señaló que “Hay un planteamiento de la Secretaría de Defensa por razones de temas de seguridad, nosotros hemos hecho el procedimiento, está en estudio el expediente de méritos bajo el concepto que se tiene que emitir la decisión, y con respecto al tema del ferrocarril debemos indicar a la ciudadanía que el Instituto de Acceso a la Información Pública le mandó un oficio correspondiente a la persona que ostenta este tema del ferrocarril para informarle la necesidad de abrir un portal diferenciado en relación a ese tema”.
A renglón seguido el servidor público apuntó que, entre las solicitudes de reserva de información que aún están pendientes de resolución por parte del pleno de comisionados del IAIP, se encuentran peticiones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), de la Secretaría de Salud (SESAL), de los despachos gubernamentales en materia de Defensa, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, al igual que otras oficinas estatales que buscan restringir el acceso a la información pública, obstruyendo la labor informativa de la prensa y la ciudadanía en general.
El abogado Roger Ordoñez, especialista en derechos humanos y coordinador del área legal del Comité por la Libre Expresión, consideró que “Todos los actos y documentos estatales tienen que ser de dominio público, y tienen que estar a disposición de toda la población sin ningún obstáculo, y salvo excepciones debe de existir una reserva que debe de ser fundamentada y motivada en legal y debida forma, que esas razones estén justificadas y necesarias, es decir que la regla es la publicidad”.
“Estas reservas deben de indicar si es total o parcial y no abusar de dicho derecho y es aquí donde la institución que tiene el deber de tutelar este derecho debe de resolver en tiempo y forma si dicha solicitud es procedente y bajo que argumentos legales, la misma es admitida de forma parcial o total, exponiendo aquellas razones de peso para su admisión y no llamarse al silencio administrativo que es una clara violación al derecho a la información, hacemos el llamado para que sea la regla general la que se aplique a todos los actos administrativos la publicidad de la información, sin reserva alguna y en los casos que amerita, que no se abuse de este derecho y en la medida de lo posible, que sea parcial para fomentar el gobierno de puertas abiertas”, amplió el jurista.
Por su parte, el analista político Saúl Bueso, dijo que “Las instituciones obligadas tienen el derecho de pedir reserva de información de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública (LTAIP), siempre y cuando cumplan los requisitos en el articulo 17 y 18, pero llama la atención que estamos en un Gobierno que eliminó la Ley de Secretos y está ahora poniendo en secretividad información que el pueblo necesita y quiere conocer. Esperamos que el IAIP, pondere el concepto de máxima publicidad antes de declarar con lugar dichas peticiones”.
Cabe resaltar que desde el Comité por la Libre Expresión, a inicio de abril de 2024, se publicó otra alerta por obstrucción de la labor periodística en el país, en esa ocasión dando a conocer sobre el acuerdo No.001-SG-2024, enviado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, quien pidió “Declarar en reserva la información producida, generada, o recibida relacionada con las estrategias del Estado, en todos sus aspectos, antes y durante la conducción de las negociaciones internacionales concertadas con otros Estados u Organismos Internacionales”, lo que imposibilitaría tener acceso a información pública sobre temas de interés nacional como ser la instalación de la CICIH y otros que según varios analistas políticos calculan que podría incluso abarcar los detalles del Tratado de Libre Comercio con China y la recién creada comisión para ver el tema del ferrocarril interoceánico.
Asimismo, C-Libre, registró a mediados de febrero del presente año, que el Portal Único de Transparencia se encontraba inactivo desde diciembre de 2023, debido a deficiencias en el datacenter del Instituto de Acceso a la Información Pública, no obstante; a la fecha, el equipo técnico de C-Libre, logró constatar que el mismo ya se encuentra habilitado para uso de cualquier ciudadano u organización que lo demande.
El Comité por la Libre Expresión, reitera a las autoridades correspondientes, que la libertad de información comprende en primer lugar el derecho a acceder a la información en poder de organismos públicos, lo que es propicio para las democracias participativas, el desarrollo sostenible y el buen gobierno. Ello permite el escrutinio público, la supervisión, la participación y el empoderamiento.
