ALERTA 78-2024
Tegucigalpa, Francisco Morazán (C-Libre).- El equipo periodístico del diario digital Contracorriente, posteo en su red social Instagram que «hoy el gobierno le niega información que otros gobiernos no le negaron», esto en relación a una respuesta de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) a una solicitud de información que este medio informativo giró a esta institución gubernamental, el pasado mes de mayo 2024.
Este oficina gubernamental, a través del oficio UTAIP-048-2024 con fecha 03 de junio del presente año, «requiere que el térmico de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado este requerimiento», la solicitante Jennifer Alejandra Ávila Reyes, quien es parte del equipo periodístico de Contracorriente debe enviar al correo electrónico (transparencia@sgjd.gob.hn) «Copia de Documento Nacional de Identificación, carnet del colegio de abogados y acredite el poder con el que actúa, esto debido a la información solicitada y que esta Secretaria de Estado responsablemente sólo entrega a las titulares de la misma», cita la comunicación oficial de la SGJD
«Esta situación hace de una información que antes era pública, ahora este bajo secretividad», comenta Contracorriente. Es de hace notar que los datos solicitados por Ávila en fecha 31 de mayo 2024 y que ingresó, a esta oficina del gobierno que preside doña Xiomara Castro Sarmiento, se refiere al expediente de la organización Ayudando con Amor y que tiene el número de expediente P3-30042021-269 según resolución :1002-2021. Según indagaciones, esta Organización NO Gubernamental (ONG) forma parte de una red de corrupción que actualmente investigan autoridades del Instituto de la Propiedad.
Del caso comenta, este diario digital «Solicitamos información sobre una ONG que podría estar involucrada en actos de corrupción, y nos responden con un obstáculo: tenemos que ser abogadas colegiadas, brindar nuestro documento de identidad y determinar «el poder» con el que actuamos», dice la publicación digital que trascendió en plataformas digitales del país. «Gracias a la Ley de Transparencia hemos podido acceder a expedientes en donde descubrimos cosas misteriosas; pero parece que ahora ya no se podrá utilizar este recurso», enfatiza, este diario digital en una pieza audiovisual que se produjo conteniendo datos del caso.
En la primera quincena de enero del 2024, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) registró una alerta sobre el caso de la negación de información a los medios digitales: Contracorriente y ConexiHON. En tal publicación se menciona que ambos medios informativos «han visto afectadas sus labores informativas y de investigación, producto de la ausencia temporal desde el pasado 19 de diciembre de 2023, del Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP), y de servicios a la ciudadanía como el Portal Único de Transparencia y del Sistema de Información Electrónica de Honduras (SIEHLO), sitio web por el cual se peticionan las solicitudes de información a las instituciones obligadas del Gobierno hondureño»,
Para conocer más detalles:https://clibrehonduras.com/2024/01/15/dificultades-en-acceso-a-la-informacion-publica-en-honduras/
A la fecha de la generación de esta alerta, el equipo de Contracorriente ya presentó el respectivo recurso de revisión que indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. C-Libre recuerda a los funcionarios públicos que, esta normativa nacional considera que «cuanto mayor sea el conocimiento de los ciudadanos sobre la acción pública, mayor será su participación en la toma de decisiones y su confianza en la
función gubernamental», además agrega «Que el pueblo hondureño tiene el derecho de acceso a la información, así como a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública y, que además, el Estado ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción en la que se reconocen expresamente estos derechos; asi mismo el derecho de acceso a la información pública es garantía de transparencia para que los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos, a cada paso del proceso y en cualquier momento, y, además, constituye un medio eficaz contra la corrupción.
